Desde la implementación de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en septiembre de 2017 hasta mayo 2018, se han registrado 258 mujeres que se han acogido a esta normativa. Del total, se han practicado 230 interrupciones, 116 corresponden a riesgo de vida de la mujer, 73 por inviabilidad fetal y 41 por violación. Del total de mujeres cuyos casos constituyeron una causal, un 94% decidió interrumpir su embarazo por riesgo de vida, un 80% por inviabilidad fetal y un 95% por violación. “Es importante señalar que la mayoría de las mujeres cuyos casos han constituido una de las causales, han decidido interrumpir su embarazo”, señala Claudia Dides, Directora Ejecutiva de Corporación Miles.

De los 258 casos de mujeres que se acogieron a esta normativa, 28 mujeres continuaron con su embarazo.  “Las cifras de la implementación de la ley desmitifican la idea de que las mujeres iban a correr en masa a abortar. Lo importante es que las mujeres puedan decidir si quieren interrumpir su embarazo o no de manera digna, segura y a tiempo, de eso se trata esta ley y así lo demuestran las cifras”, agrega Claudia Dides.

Los datos solicitados por Miles dan cuenta de una necesidad real de las mujeres de acceder a este tipo de interrupciones.  Entre Febrero y Mayo del 2018 se registraron 198 interrupciones, de las cuales 12 son menores de edad, 169 son mayores y 17 sin información.

Constanza Fernández, coordinadora del área de investigaciones de Miles, manifestó su preocupación por las cifras relacionadas a la causal de violación, “Es preocupante que de las 12 interrupciones del embarazo a menores, 10 sean por la causal de violación. De este total, 6 son menores de 14 años, lo cual reafirma la necesidad urgente de contar con políticas públicas y elementos eficaces para proteger a las mujeres, jóvenes y niñas de la violencia sexual”.

Datos de gendarmería evidencian que en Chile se sigue criminalizando el aborto. Entre 2007 y 2017 ha habido 166 condenas por delito de aborto, de estos 108 son condenas a mujeres. En promedio el 86% de las mujeres condenadas por este delito lo hizo en una situación de aborto consentido, y el 11% fue sin consentimiento.

“El tiempo promedio de tramitación de las causas de delito de aborto es de 18 meses. Esto nos demuestra que en Chile se sigue violando los derechos humanos de las mujeres obligándolas a pasar por procesos vejatorios como en El Salvador y Nicaragua. Como el caso de una mujer y su madre, quienes actualmente enfrentan un juicio por una pena de hasta 540 días de cárcel, por realizar un aborto clandestino el 2014 en Punta Arenas”, sostuvo Claudia Dides.

Las mujeres que deciden abortar siguen inmersas en un contexto de criminalización y estigma social. Si bien está avanzando en la implementación de la ley IVE, Chile sigue estando al debe en garantizar la protección de mujeres que deciden realizar abortos con consentimiento y no se encuentran en ninguna de las tres causales.