Diversas organizaciones de migrantes y promigrantes interpusieron un recurso de protección mediante el cual la comunidad que reside en el inmueble de Cienfuegos 235 esperan detener y revertir la decisión de la Municipalidad de Santiago que decretó para el próximo 11 de julio el desalojo de la casona.

El recurso busca que la Corte de Apelaciones de Santiago declare que el actuar de la Municipalidad ha sido ilegal y arbitrario y que amenaza una serie de garantías fundamentales consagradas por la Constitución Política de la República, entre ellas, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, el derecho a la propiedad y la igualdad ante la ley.

A esto se suman los “magros resultados asistencia municipal hacia las personas en estos momentos críticos” que sólo se concretaron con la instalación de una fuente de agua no potable colocada al exterior, según declara un residente del lugar.

Cabe señalar que, a la fecha, el municipio ha dictado la resolución N°104/2018 del del 23 de mayo 2018, que decide proceder en la reparación total del inmueble en conformidad a la Ley 17.288 de bienes nacionales adoptando medidas precautorias para garantizar la seguridad de los ocupantes (medidas que aún no han sido ejecutadas hasta el día de hoy); y el Decreto N°04531 del  29 de mayo, que declara la inhabitabilidad con desalojo de los moradores del inmueble. Este decreto fue conocido por algunos de los residentes de la casa el 6 de junio cuando fue pegado en la entrada y el interior del inmueble por funcionarios municipales.

Respecto a esta medida, Gastón Iturriaga, co-director del proyecto Migramigos, aseguró que “existen una serie de protocolos entregados por la ONU que orientan la actuación de los Estados en materia de desalojos forzados, los cuales no fueron seguidos por la autoridad municipal en su actuar“.

“La decisión debió haber sido adoptada con audiencia de los directamente afectados, debió haberse notificado debidamente, debió contemplar posibilidades y plazos reales de reasentamiento. Nada de eso ocurrió, por lo que esperamos que la Corte de Apelaciones pueda ordenar a la Municipalidad a que adopte un enfoque de Derechos Humanos respecto al desalojo”, concluyó.