Luego de más de dos meses de movilización, la toma de la Facultad de Derecho se encuentra en un escenario complejo, las autoridades en el Consejo de Facultad han rechazado la moción política de pedir la renuncia del profesor Carlos Carmona, moción que en sus términos fue comprendida por este Consejo, como una doble sanción al profesor, no dando cuenta justamente que dicho órgano no es un órgano jurídico, sino político.

Uno de los errores en que cae históricamente esta Facultad es el creer que, por ser una Facultad de Derecho, somos un Tribunal y, por tanto, debemos mantenernos “imparciales” a las problemáticas que atañen a nuestra sociedad. Existe la creencia que cuando el Derecho resuelve ciertas problemáticas, “despolitiza”, y nuestra tarea es administrar la justicia en términos mecánicos, como si no existiesen posiciones políticas mediante las cuales podamos hacer ver que el Derecho no siempre está en lo correcto. Por otro lado, la Facultad y cualquier Órgano de la Administración del Estado, no se administra con los mismos principios que el Derecho Penal, no se puede comparar un proceso de sumario administrativo, con un proceso penal como lo hace la profesora Rocío Lorca, los principios y el objeto de protección de ambos procedimientos son diversos, baste mencionar el hecho de que la sanción administrativa en ningún caso podría conllevar una pena privativa de libertad, no se puede comparar una pena carcelaria con la imposibilidad de seguir trabajando en una institución estatal. Sin embargo, lo que nos atañe el día  de hoy justamente, no son las diferentes formas en que debe o no debe guiarse un procedimiento jurídico, sino que justamente como nos enfrentamos como comunidad política, cuando el Derecho no da respuestas.

La reciente ola feminista nos ha demostrado con creces que el Derecho es insuficiente cuando se trata de violencia de género, nuestra Universidad haciéndose cargo de esa problemática, asume un proceso de movilización feminista donde pone sobre la palestra pública, que hoy la justicia no da respuesta para las mujeres y disidencias sexuales en los espacios educativos. En mi caso particular, esto se demuestra en los diversos errores cometidos en el procedimiento, la falta de medidas cautelares, los más de diez meses que duró el proceso, la filtración de mis datos personales y la tergiversación de mi relato a la prensa, la falta de preocupación de las autoridades frente a mi situación en la comunidad universitaria, entre otras múltiples problemáticas que inclusive fueron reconocidas por el ex decano de nuestra Facultad, Davor Harasic en una entrevista realizada en Ciper. Así como también, de la inexistencia de una regulación legal adecuada hasta la fecha de mi denuncia, donde hoy el acoso sexual y laboral es visto como una mera “falta a la probidad administrativa”, y no puede ser sancionado como tal. Cabe recalcar que tampoco existía una posibilidad de apelación para quien denuncia, por tanto, cualquier disconformidad con lo establecido por la autoridad que sanciona, es silenciada.

Es por esto, que reconocemos que el Derecho fue insuficiente, que la justicia llegó tarde, y ante aquello tenemos dos salidas, pero el clivaje de cada una de ellas, dista muchísimo de lo que propone el texto de la Profesora Rocío Lorca, porque ahí donde el Derecho es insuficiente, lo que nos queda como comunidad de la Facultad de Derecho, son las decisiones políticas frente a lo que esperamos de los integrantes de dicha comunidad. En este sentido, no es legalismo lo que estamos esperando, sino al contrario, el que la Facultad reconozca su existencia como comunidad política, neutralizar la discusión en esos términos a través del recurso al Derecho, es desde ya tomar una postura, dicha postura involucra que quien sea expulsada de la comunidad educativa sea yo, la denunciante.

De este modo, si bien entendemos que las sanciones y los procedimientos formales no suponen una solución de raíz a la crisis del modelo educacional que se ha evidenciado en esta y otras movilizaciones, pues nuestro horizonte jamás se ha limitado a esto, ejemplo de ello es que tanto en la Universidad de Chile como en diversas instituciones educacionales a lo largo del país hemos sido capaces de conquistar demandas para el avance de la educación pública no sexista, la postura que el Consejo de Facultad intenta cubrir con el velo de la imparcialidad del Derecho, es profundamente política optando por apoyar a quien acosa sexual y laboralmente, por sobre la seguridad, integridad y recomposición de la comunidad educativa toda. Se prefiere que quienes sean expulsadas sean quienes se atreven a denunciar las prácticas de violencia de género. Se prefiere mantener los mismos estándares que hoy permiten que se reproduzca el machismo en la educación. Se prefiere, una vez más en la historia, negar la justicia a las feministas.


Estudiante de Derecho, Universidad de Chile