La abogada Ángela Vivanco se convirtió en la nueva integrante de la Corte Suprema tras la votación que se desarrolló hoy en el Senado donde fue ratificada en su cargo tras ser propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera para ocupar la vacante que dejó el ministro Patricio Valdés Aldunate.

El nombramiento de la jurista se dio por el apoyo que otorgaron los senadores de la Democracia Cristiana, el PR y el PPD (con la excepción de Adriana Muñoz y Ricardo Lagos Weber), sumados al independiente Alejandro Guillier, quienes se alinearon con el gobierno en la designación. Los votos en contra vinieron desde el PS y el militante de RD, Juan Ignacio Latorre. Para la aprobación, se necesitaban 29 votos a favor y la abogada obtuvo 30.

Vivanco es abogada de la Universidad Católica,  magíster en Ciencia Política y tiene un doctorado en Derecho, impartido por la Universidad de La Coruña, España. Su perfil académico la condujo a hacer clases en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad Católica.

Su trayectoria política está marcada por haber sido presidenta del partido Unión Centro Centro, colectividad fundada por el empresario Francisco Javier Errázuriz. En 1997 fue candidata a diputada en el distrito 22 (El Bosque, La Cisterna y San Ramón) por Renovación Nacional, donde obtuvo el 4% de los sufragios.

Su lucha contra la autonomía de las mujeres

La abogada respondió a las preguntas de la Comisión de Constitución del Senado el 21 de junio previo a la votación que la ratificaría en su cargo.

En aquella ocasión, la jurista abordó el rol de la mujer en el país y afirmó que “la creciente incorporación de ministras mujeres en la Corte Suprema me parece a mí que ha sido una experiencia valiosa, tanto por la sapientia y rigurosidad de ellas, como por lo que significa también contar con la mirada femenina dentro de la administración de justicia”, según consigna El Mercurio.

A pesar de su valoración por la inclusión de las mujeres en los puestos de poder, Vivanco se ha mostrado en contra de los derechos repoductivos de las mismas al oponerse a la distribución de la píldora del día después en el año 2000, además de ser figura protagónica en los alegatos de los sectores conservadores contra el aborto.

Vivanco ha sido protagonista en los últimos meses debido a la aprobación de la ley de aborto en tres causales. La jurista fue la representante legal de Chile Vamos en el recurso presentado al Tribunal Constitucional donde se apeló a que el feto era una “persona” donde incluso citó textos como el informe Rettig para justificar su posición.

En una entrevista que concedió a La Tercera en agosto de 2017, la carta de Piñera a la Corte Suprema señaló que “hay numerosos documentos y fallos que han interpretado que la vida se protege desde la concepción. Uno de esos documentos es el Informe Rettig. Respecto de mujeres embarazadas, dijeron que no solo las iban a considerar víctimas a ellas sino a los hijos que esperaban“.

Junto con esto, fue la representante legal del recurso de protección interpuesto el 8 de febrero por la Pontificia Universidad Católica en contra del protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto tres causales, solicitando que la institución pudiera eximirse de aplicar la ley.

Defensora de la Constitución del 80 y de las Isapres

La también columnista de El Líbero, es una ferrea defensora de la Constitución de Pinochet y de las alzas unilaterales de las Isapres.

La jurista participó en un documento divulgado por la UDI, en octubre de 2015, llamado “Chile no necesita una Nueva Constitución” donde se afirma que “Chile tiene una buena Constitución, porque reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas y garantiza más y mejores mecanismos protectores de los mismos, porque fortalece y amplía la dignidad humana, porque confía en el Estado de Derecho como marco jurídico bajo el cual se desenvuelve el sistema democrático, porque establece la necesidad de un manejo responsable y no populista de las finanzas públicas.

Su defensa a las Isapres se vio reflejada en una columna publicada en El Mercurio, donde defendió las alzas unilaterales de las aseguradoras privadas. “Se trata de alzas justificadas por la adición de cobertura dispuesta por la autoridad y respaldadas por sus análisis técnicos. Sin embargo, las acciones cautelares que las cuestionan empiezan a ser acogidas por las cortes”, argumentó.