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El juez Daniel Aravena excluyó a todos los querellantes del proceso abreviado y solo permitió acusar al Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, quienes están por la recalificación y la rebaja de penas. Ahora, los controladores de Penta podrán cumplir condena en libertad.
Y fue así, rápido y sin más vueltas que darle. Daniel Aravena, juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decidió excluir a todos los querellantes del caso Pente en el proceso de juicio abreviado que había solicitado la Fiscalía.
¿Que significa esto? Que el Consejo de Defensa del Estado, Ciudadano Inteligente y el Partido Socialista -todos acusadores por cohecho y soborno a Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y Pablo Wagner (ex subsecretario de Minería en primer gobierno de Piñera- no serán parte del proceso que se iniciará ahora y que implica el entierro definitivo del caso que remeció la política chilena.
Al quedar fuera se acaba para siempre la acusación por cohecho y soborno, tesis que sostuvo la Fiscalía mientras Carlos Gajardo y Pablo Norambuena lideraron la investigación. Ahora, después de la renuncia al Ministerio Público de ambos, quedó en manos de Manuel Guerra, Fiscal Metropolitano Oriente, quien descartó esa tipificación por «falta de antecedentes» y lo bajó a «apoyo económico indebido».
«Lo hemos hecho porque hemos llegado a la convicción de que no tenemos elementos que nos permitan acreditar ni sustentar seriamente una acusación en esos términos, y creemos que los hechos que el Ministerio Público puede probar son, en definitiva, aquellos que dan cuenta de un delito de enriquecimiento ilícito», dijo Guerra esta mañana, a la entrada del tribunal.
Vale recordar que los dueños de Penta -Délano y Lavín- pagaron un total de $42 millones a Wagner, dividido en depósitos de $3 millones mensuales que llegaron a la cuenta de la entonces autoridad de gobierno, ratificado todo en una serie de correo a los que tuvo acceso la Fiscalía.
Con la recalificación del delito, los tres imputados arriesgan una pena de cuatro años que podrán cumplir en libertad y una multa de $1.700 millones.
Los querellantes excluidos expresaron su molestia respecto a la decisión. Ciudadano Inteligente aseguró que la Fiscalía «renunció a juzgar», mientras que el representante del Consejo de Defensa del Estado fue más explícito: «Entonces su Señoría, la fiscalía, puede hacer lo que se le antoja», dijo el abogado ante el juez Aravena.
