Un reportaje reveló que Defensa Deudores, el estudio de abogados que promete salvar de la morosidad a una serie de clientes desesperados, solo ha logrado ganar el 16% de sus causas. Además, se les acusa de un historial de casos reñidos con el Código de Ética del Colegio de Abogados, donde se involucra a su fundador, el jurista Ricardo Ibáñez.

Además, Radio Bío Bío confirmó que Defensa Deudores perdió el 73% de los casos analizados en cortes de Valparaíso, del Bío Bío y la Región Metropolitana. Hay clientes que acusan a la firma de promesas incumplidas y una querella por falsificación de instrumento privado en contra de Ibáñez. También se le cuestiona por la compra en un remate, a través de una sociedad suya, de la casa que uno de sus clientes perdió tras un juicio. Por ello, el estudio y el abogado podrían ser sancionados por los tribunales.

En 1999, el fundador del Grupo Defensa relató a LUN que su situación familiar lo llevó a este camino: “Yo era estudiante de Derecho y mi padre se quedó sin trabajo, no pudo seguir pagando sus compromisos y nos embargaron todo. Así que desde mi último año de carrera decidí dedicarme a defender a personas que estuvieran en esa misma condición”, relató.

El estudio comenzó en Viña del Mar, pero hoy sumas oficinas en Arica, Antofagasta, La Serena, Curicó, Rancagua, Talca, Concepción, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas, más dos en Santiago, donde hoy mantienen su centro de operaciones. El slogan que publicita sus servicios en diversos medios de comunicación es “Justicia al alcance de todos”.

Juana Godoy acudió a Defensa Deudores en 2016: en febrero del año siguiente le embargarían su casa por un crédito hipotecario: “Fuimos con el abogado, con mi hija, para ver qué podíamos hacer, porque en realidad nosotros no teníamos idea”, relató. Ellos le prometieron que evitarían el remate, pero luego dejó de recibir información sobre el proceso. Solo la llamaban para cobrarle la cuota para el estudio de abogados: “Eran como 60 mil, 80 mil pesos mensuales”, añadió.

La entidad actuó tardíamente y el 14 de febrero, su casa fue rematada. Un mes después Juana Godoy fue informada de la noticia por un funcionario del nuevo dueño que fue a ver el inmueble. En un total de 30 casos revisados por BioBioChile, Ibáñez perdió 22 y solo en cinco se puede considerar que ganó la causa al lograr el término de la deuda. En los tres restantes su representado pagó antes de una sentencia.

Además, en siete juicios involucrados con créditos hipotecarios, el abogado logró ganar solo uno, mientras que en tres la propiedad terminó siendo rematada y en otros tres el deudor tuvo que pagar.

Engaños y promesas incumplidas

El modelo de negocios implica una gran cantidad de clientes y algunas quejas apuntan a Defensa Deudores por presentar los mismos textos, sin mayor análisis de los casos y con ediciones específicas a nombres y fechas. De hecho, Rita Pérez, quien fue jefa de sucursal del estudio en Arica y los acusó de hostigamiento y despido injustificado, aseguró que tienen una gran presión de vender: “Ya no se habla de clientes, no es un servicio el que prestan, es casi como si fuera un seguro. Entonces, en el fondo, cuando no vendes lo que quieren que vendas no les sirves”.

En 2017, Manuel Marín presentó una querella criminal contra Ibáñez y William Gallegos Cerda, abogado del Grupo Defensa en Valparaíso, por falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falso. Había contratado sus servicios para interponer una demanda laboral contra su empleador y ellos presentaron una carta de autodespido sin pedirle su consentimiento para presentar una tutela. El hecho lo dejó sin derecho a indemnización alguna y la causa sigue abierta hasta hoy, con una diligencia pendiente para probar la falsificación de su firma.

Hay otras acusaciones: en 2017, el abogado Fernando Miranda, jefe de sucursal del Grupo Defensa en Temuco, representó a un deudor y a un tercerista al mismo tiempo y fue condenado a un año de suspensión del ejercicio de la profesión en septiembre pasado, además de una multa de dos UTM. Hay 32 índices de registro de propiedad que involucran a Ibáñez, a su esposa o a alguna de sus sociedades: en tres ocasiones, se adjudicó propiedades en remate porque un deudor la perdió en un juicio. En otra ocasión, Ibáñez se adjudicó la propiedad de una deudora que había representado, comprando la casa de Marisol Sapir en 26 millones 900 mil pesos, a través de una de sus sociedades. 

Además de una gran inversión en publicidad y de enviar cartas tras identificar a personas demandadas, Ibáñez se ha hecho conocido por su participación en programas de televisión y radio, donde intentaba ayudar a personas endeudadas. Aunque estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, egresó en 2013 de la Universidad de Ciencias de la Informática (Ucinf) y representó a deudores desde 1999 a 2013 sin título de abogado.

En contacto con el Colegio de Abogados, su presidente Arturo Alessandri aseguró que prometer resultados en estos servicios es una falta al Código de Ética. Tampoco se debería comprar una propiedad rematada a un cliente, ya que está prohibido “tomar un interés comercial en un asunto que compete al cliente”. La Corte Suprema ha fallado en dos ocasiones aplicando sanciones en su contra.

“Siento que es más poco ético embargar bienes de un deudor que no le pertenecen, siento que es más poco ético dar créditos a un estudiante estudiante universitario y terminar embargando los bienes de sus padres”, respondió Ibáñez en su defensa, agregando que “entendemos que trabajamos con un núcleo de personas crítico, que muchas veces sus pretensiones no pueden ser satisfechas, pero ocupamos herramientas que la ley establece que la gente muchas veces desconoce”.

Sobre el caso de la propiedad de Marisol Sapir, la clienta suya a la que terminó comprando su casa cuando se fue a remate, el abogado expresó que “se conversó con la clienta, de hecho aún vive ahí. Los derechos permanecen a nombre de su marido”. Aunque reconoció que es sancionable por el Código de Ética, señaló que “fue un error y se contactó a la persona con el objeto de transferirle los derechos de la propiedad”.