Las indagaciones de pagos irregulares del Milicogate cometidos en el Ejército con la Ley Reservada del Cobre abrieron una nueva arista del entramado de fraude y corrupción. El Ministerio Público y la Justicia Militar investigan unas suspuestas facturas duplicadas de la contabilidad del Ejército que alcanzan un monto de hasta 200 millones de dólares.

Según reveló Reportajes de Radio Bío Bío este lunes, las facturas estarían asociadas a operaciones de venta de armas y otros aparatos bélicos realizadas utilizando el ente Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE). El presunto fraude consistiría en colocar a la FAMAE como intermediaria de las compras bélicas del Ejército con empresas chilenas y extranjeras, de Estados Unidos e Israel.

El caso, por el que el Ejército abrió una investigación interna a finales de junip, se empezó a destapar gracias al testimonio del suboficial en retiro Claudio González, procesado en el caso Milicogate, cuando en agosto de 2017 declaró ante la ministra de la Corte Marcial a cargo del caso, Romy Rutherfod, que “FAMAE le compraba [repuestos] a Capellán [una proveedora de repuestos automotrices vinculada al llamado Milicogate] y luego los entregaba al Ejército por un precio mayor. En ciertos casos, se encargaban reparaciones a FAMAE, pero no se realizaban”, reveló.

Tal y como estableció un informe confidencial que la Policía de Investigaciones (PDI) entregó a Romy Rutherford, sólo en FAMAE hay 44 facturas duplicadas por un total de 83 millones de dólares, emitidas entre los años 2008 y 2015. Además, figuran Eurocopter Chile con cuatro documentos duplicados por 29 millones de dólares, Elbit Systems Land and C4 Tadiran de Israel con 22 millones de dólares, Comercial Kaufmann con 20 millones de dólares y la compañía de armamento israelí Rafael Advance Defense System con 19 millones de dólares.

Las pesquisas llevaron a varios altos cargos a sentarse ante la magistrada Rutherford. Entre ellos, el cabo Juan Carlos Cruz, quien no pudo explicar el pago de facturas duplicadas y argumentó que el sistema “debió ser manipulado”. Cabe recordar que Cruz fue el líder del equipo de suboficiales que digitaron las operaciones de compra del Ejército y lo habría admitido ante la Justicia.

Además, también entrevistó al director de la maestranza, el general Rony Jara, y a tres de sus asesores. Los cuatro admitieron que el 90% de la actividad comercial de la empresa bélica se centra en sus vínculos con el Ejército, en especial a la ejecución de adquisiciones sin licitación alguna.

También el fiscal de la empresa, Oscar Jara, admitió que la maestranza ejecuta compras a empresas que son directamente recomendadas por oficiales del Ejército.

Por su parte, el coronel en retiro Clovis Montero, quien fue tesorero del Estado Mayor del Ejército, aseguró que “en el sistema Sifie se pueden ingresar facturas más de una vez”.

Tras ser preguntado por el caso, el Ejército respondió a través de un comunicado oficial que “no le corresponde pronunciarse, evitando interferir en el proceso de investigación” y agregó que “declaraciones de testigos o imputados que son parte de un proceso de investigación, que no ha finalizado, podrían eventualmente entorpecerlo y otorgar un valor erróneo o injusto a la causa”.

Los antecedentes también son evaluados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).