Nadie volvió a preocuparse por Margarita Ancacoy

Para Hugo Montesino A.

La madrugada del lunes 18 de junio del presente año, en las inmediaciones del barrio República, en Santiago Centro, cinco individuos asesinaron a golpes de puño y a palos a Margarita Ancacoy, auxiliar de aseo de la Universidad de Chile. Cuatro de los cinco individuos, de nacionalidad ecuatoriana, fueron arrestados, y dos de ellos, Diego Tabango y Olguer Otavalo, fueron posteriormente torturados en el penal Santiago I, con la complicidad del gendarme a cargo de su vigilancia. Las torturas fueron causadas por cuatro individuos, entre ellos uno de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad dominicana. La motivación del crimen confeso de Margarita Ancacoy fue el robo, mientras que las torturas a las que fueron sometidos dos de los inculpados, responden a un principio de reparación basado en el castigo y en la venganza.

Durante los días que siguieron a esta serie de hechos, varios personajes mediáticos declararon, en sus cuentas de Twitter o directamente ante las cámaras de televisión, su posición favorable a la tortura recibida por los ecuatorianos, quienes habiendo cometido un crimen deleznable parecían merecer el castigo recibido en el penal. De esta forma, el nombre de Margarita Ancacoy fue elevado desde la categoría de víctima a la de una mártir que debía ser vengada, tarea a la que sin reparos se habrían prestado no solo los ejecutores prácticos del acto de tortura, sino los gendarmes a cargo del penal y los mismos personajes mediáticos que avalaban el castigo sin reparar en la continuidad entre ambas formas de violencia.

Una vez más, el dispositivo jurídico y securitario impregnado en el sentido común de los mediadores discursivos se mostraba como justificación de la tortura, haciendo que, paradójicamente, el mismo Presidente de la República y su Ministro de Justicia salieran al paso, condenando “ahora” los actos de excepcionalidad, después de haber guardado riguroso silencio frente a la tortura como política de estado y como práctica regular no solo durante la dictadura, sino en el contexto de la guerra “anti-terrorista” llevada a cabo contra el pueblo Mapuche.

Nadie volvió a preocuparse por Margarita Ancacoy, por su precariedad laboral, por los sacrificios a los que debía someterse para cumplir con su jornada de trabajo. Y muy pronto el caso comenzó a conocerse como el crimen de los ecuatorianos, desatando otro debate mediático sobre la inmigración y sus excesos, para un país que vive la fantasía de haber realizado una transición exitosa y haber alcanzado niveles envidiables de desarrollo económico y social.

Paralelamente, los informativos de televisión, más de algún programa de farándula, y las pláticas vulgares de los programas matutinos, junto a la prensa escrita y a la diseminación mediática tanto del video que registra el crimen de la señora Margarita, como aquel que registra los actos de tortura a los que fueron sometidos los ecuatorianos, terminaron por convertir esta serie desafortunada de sucesos en un evento mediático en el que se daban cita un cierto principio de crueldad, característico de la legislación punitiva occidental (aquella que encuentra en la pena de muerte y en la justificación de la tortura sus expresiones más comunes y lamentables), y una lógica representacional que hace del cuerpo un campo de ejercicio de la ley y de su violencia, convirtiendo a la misma justicia en un procedimiento espectacular.

En efecto, la conversión mediática de esta serie de hechos, las justificaciones de la tortura basadas en la crueldad del crimen originario, la condición de extranjeros de los perpetradores, y la participación irreflexiva de personas con cierta visibilidad mediática, no hacían sino poner en escena la relación de co-dependencia entre crueldad y espectáculo en la lógica punitiva del derecho occidental. El caso se convirtió entonces no solo en un ejemplo de violencia excesiva, sino también en un teatro de la crueldad donde todos parecían tener sus papeles bien asignados.

En un pertinente análisis de las prácticas de tortura en Abu Ghraib, Stephen Eisenman (El efecto Abu Ghraib: una historia visual de la violencia, 2014), no solo interroga las razones que llevaron tanto a soldados, civiles y mercenarios norteamericanos a denigrar y torturar a presos iraquíes -publicando una docena de fotos que constituyen la punta del iceberg respecto del material posteriormente recolectado que documentaba dichas prácticas-, sino que interpreta la disposición de los cuerpos fotografiados según una larga tradición occidental en la que la misma tortura y denigración de los vencidos se constituye en el ritual de una práctica sacrificial que debe ser registrada visualmente, para sellar la victoria y confirmar el dominio sobre los enemigos. Buscando la similitud entre los cuerpos iraquíes fotografiados y las representaciones pictóricas de los santos sacrificados en la tradición cristiana, por ejemplo, Eisenman postula la relación entre violencia y visualidad como constitutiva de la lógica espectacular del castigo. La ley se hace ver y se hace sentir sin reparos.

Aquella lógica espectacular, que ya había sido destacada por Michel Foucault en su análisis del sistema penal occidental (Vigilar y castigar, 1975), ha sido recientemente interrogada por el filósofo franco-argelino Jacques Derrida, en uno de sus últimos seminarios antes de su lamentable deceso (Séminaire La peine de mort, vol. I , 1999-2000). En éste, Derrida muestra sugerentemente la correspondencia entre la pena capital y un cierto principio de crueldad constitutivo del derecho occidental, apuntando hacia un origen teológico-político que se encontraría anclado en la tradición del sacrificio y de su espectacularización, cuestión indefectiblemente relacionada con los usos de la crucifixión, de la hoguera y del cadalso.

La continuación de dicha sacrificialidad en el derecho contemporáneo se manifestaría entonces no solo en la subsistencia de la pena capital, ejemplo central del análisis derridiano (que afortunadamente en Chile no existe y que en Estados Unidos funciona como una prueba irrefutable de la condición auto-inmunitaria de su democracia), sino también en el conjunto de la retórica punitiva del derecho moderno, en la medida en que, como tal, éste estaría organizado según una cierta proporcionalidad entre el crimen y el castigo. Esa proporcionalidad puede ser perfectamente pensada como una teoría del balance y del equilibrio, cuestión que convierte al castigo en una reparación que restituiría un estado anterior al crimen.

La tortura, a su vez, lejos de contradecir el dispositivo jurídico, lo encarna en el cuerpo del culpable, haciendo del espectáculo de su sometimiento un ritual de confesión que confirma siempre el imperio de la ley, como en el relato En la colonia penitenciaria de Kafka, donde una máquina hábilmente manejada por un verdugo, escribe en la espalda del culpable su sentencia, haciendo del juicio y del castigo parte de un mismo proceso.

El problema fundamental con esta concepción retributiva es que no logra escapar a la lógica equivalencial contemporánea, la que no solo homologa crimen y castigo, sino que los indiferencia según una concepción de la proporcionalidad que es tan antigua como el Código de Hammurabi y la Ley del Talión. En otras palabras, dicha lógica equivalencial es el principio que articula la concepción metafísica del derecho con la teoría burguesa del valor, cuestión que, por oro lado, Jean-Luc Nancy ha pensado como principio general de equivalencia, es decir, como principio final de la metafísica en el contexto de la universalización del modo de producción capitalista (Vérité de la democratie, 2008).

Dicho de manera más sencilla, el asesinato de la señora Margarita y la posterior tortura de los presuntos asesinos, habría devenido un espectáculo mediático donde, más allá de la o las víctimas, lo que está en juego es la misma reproducción del principio sacrificial de la ley que obliga a aquellos que participan de su teatralidad a someterse a su demanda de equilibrios. Ese sería el pliegue en que la equivalencia entre crimen y castigo, y la equivalencia propia de la valoración capitalista se muestran en su origen común, pues ambas son posibles por la misma organización sacrificial de la existencia, como demanda sobre el cuerpo para hacerlo gobernable y productivo.

El entusiasmo con el que se celebró la tortura infligida sobre los ecuatorianos surge de una concepción tergiversada de la justicia, concepción que hace de ésta el precario resultado de la acción de los hombres; acción, por otro lado, que mientras esté motivada por la lógica equivalencial de la reparación y de la proporcionalidad, no podrá escapar a la perversa repetición de su pulsión de crueldad.

Pero esa pulsión de crueldad no se satisface en la aplicación del castigo, sino que además demanda su espectacularización mediática y morbosa, a partir de producir un plus de goce en la auto-confirmación de la ley como monopolio de la violencia. De tal forma, los presos que ejecutaron los actos de tortura contra los confesos criminales, como también los irreflexivos personajes mediáticos que se apuraron en festejar el “castigo” de los criminales son cómplices, más allá de sus diversos grados de participación, en la perpetuación del principio de equivalencia de la ley y su organización sacrificial. Sin saberlo, todos estos agentes están tramados por un mismo mecanismo, aquel que bajo el nombre de derecho, convierte a la vida en vida gobernable y vida sacrificable (Homo Sacer diría Giorgio Agamben). Es decir, vida sacrificable siempre en función de la perpetuación de la ley y su monopolio de la violencia.

En tal caso, una crítica de la violencia adecuada a nuestro tiempo ya no puede contentarse con develar las intricadas claves de lectura de algún texto monumentalizado por la tradición, mientras que, por otro lado, necesita pensar las intrínsecas relaciones entre violencia y capital más allá de la mera co-incidencia empírica y la respectiva abundancia de etnografías fascinadas con su descripción. Dicha crítica debe partir de la plena vigencia del principio general de equivalencia, pues desde ahí se hace evidente que la vida, sacrificable y desechable, solo es una función del derecho. Como en los relatos de Kafka, donde siempre se ha cometido un crimen sin poder determinar a tiempo quien es el culpable, así también con la propagación del castigo y de las culpas en la escena teatral en la que, la lamentable muerte de la señora Margarita ha sido desplazada por el ritual de una ley que se aplica sin importar las credenciales de sus verdugos.