El 7 de junio de 2018 falleció el cabo Óscar Galindo, de la 42 comisaría de Carabineros de La Pintana, por un disparo en la cabeza. ¿El autor? aparentemente un adolescente de 17 años, miembro de un conocido narco-clan con amplio prontuario policial.

La consecuencia más visible de este hecho ha sido el amplio debate periodístico-académico-político, cuestionado la desviación moral que sufren los jóvenes en poblaciones de bajos ingresos. En respuesta a esto, parlamentarios de la coalición Chile Vamos han propuesto un proyecto de ley que rebajaría la edad de la responsabilidad penal adolescente de 14 a 12 años para delitos de alta connotación social.

Una reciente columna publicada por Mario Catalán pone de manifiesto que la rebaja tiene por objetivo el encarcelamiento de los niños más pobres de este país y que responde a un “populismo penal” como factor que otorga importante réditos políticos en las elecciones. En el Proyecto de Investigación “Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales” (MUEI) hemos estudiado que las descoordinaciones institucionales en barrios marginales de Santiago son un factor interviniente de crucial importancia en el destino de dichos niños. La realidad que enfrentan los niños en las poblaciones marginales de Santiago dista mucho de la crónica policial, en la cual se les estigmatiza como victimarios, y no como las víctimas de una institucionalidad completamente incompetente.

La crónica roja relata con lujo de detalles la vida del adolescente que asesinó al cabo Galindo, enmarcada en la narco-cultura, la carencia de moralidad y valores, etc. Pero, ¿por qué un joven de 17 años llega a asesinar a un Carabinero? La respuesta se puede encontrar en la suma de los siguientes puntos: (1) provienen de familias muy pobres y disfuncionales que han enfrentado de forma cíclica los mismos problemas, (2) el sistema educacional no les brinda las herramientas necesarias para romper el círculo de violencia y abusos familiares en el que se encuentran, (3) los centros del Sename, a los que llegan la mayoría de estos niños, no garantizan los derechos de los niños sino que los vulneran aún más ,y (4) el narcotráfico fuerza a los niños a ser ‘soldados’, a cambio de un celular o una moto, a la que no podrían acceder de otra forma, debido a las nulas oportunidades laborales de los barrios donde viven.

Como Proyecto MUEI hemos estudiado la responsabilidad de las instituciones, no sólo por sus omisiones y descoordinaciones, sino también por las acciones directas que han desencadenado y propiciado escenarios de violencia, ya sea a través de la facilitación de armamento, como también por la falta de presencia institucional integrada a través de planes de prevención, rehabilitación y/o reinserción.

Con respecto a lo primero, diversos medios han testimoniado que las armas llegan por los vínculos directos que existen entre los narco-clanes y las diversas policías. Incluso el arma con la que fue asesinado el cabo Galindo no fue un arma “hechiza” sino una subametralladora UZI utilizada exclusivamente por Carabineros. Por tanto, si dicha arma llega a mano de niños es porque hay una institucionalidad que está interviniendo directamente. El día 27 de junio de este año se sorprendió flagrantemente a un funcionario del ejército que estaba vendiendo armamento de grueso calibre (entre ellos fusiles, granadas y municiones) a narcotraficantes del sector sur de Santiago. Sin embargo, esto parece no ser un hecho aislado en estas poblaciones. ¿Cómo se pretenden bajar las estadísticas criminales si las instituciones encargadas de hacerlo cooperan con las narco-bandas?, ¿qué se estaría ganando con intervenciones netamente reactivas?

Con respecto a lo segundo, la falta de presencia institucional integrada se siente en los territorios más vulnerables, en donde las instituciones no entran, no se localizan y no intervienen. Además, las pocas instituciones que sí se localizan y trabajan con niños en estos barrios, enfrentan constantemente la falta de recursos y de profesionales.

Pero ¿qué desencadenó a nivel político-institucional el asesinato del cabo? El crimen se transformó en la excusa perfecta para llevar a cabo operativos policiales masivos: 4 rondas preventivas a nivel nacional y 2 rondas específicas en la comuna de La Pintana. Todo esto, aprovechando que la opinión pública estaba conmovida por el reciente hecho. El resultado fue de 200 detenciones por órdenes de delito pendiente o flagrante. A nivel nacional se realizaron más de 3.084 detenciones por flagrancia y 1.801 órdenes de aprehensión previas, dejando un total de 4.885 detenidos. Según información entregada por la Municipalidad de La Pintana se estima que 10.800 policías recorrieron el país y 2.500 estuvieron en la comuna de La Pintana, entre el viernes 15 y el domingo 17 de junio. Pero lo más relevante corresponde al proyecto de Ley que rebajaría la edad de responsabilidad penal desde los 14 a los 12 años para que respondan frente a delitos de alta connotación social. Al respecto, el ministro Andrés Chadwick planteó: “Basta de contemplaciones, basta de buscar otro tipo de explicaciones. Llevamos distintos asaltos y homicidios muy graves cometidos por menores. Por eso el Presidente de la República anunció una reforma a la legislación penal adolescente. No podemos permitir como país que jóvenes de entre 14 y 17 años cometan estos delitos (…) Tenemos que reformar la Ley Penal Adolescente, porque basta de consideraciones” .

Sin embargo, el encarcelar a jóvenes masivamente ante estos hechos trae una serie de consecuencias: (1) abandono de las redes de apoyo, como familiares y amigos, (2) deserción escolar, producto del estigma entre los pares que genera el ser un ex-convicto, (3) derivación a la custodia en centros que no tienen recursos ni capacidades técnicas, lo que implica muy bajas posibilidades de rehabilitación, y (4) nulas posibilidades de encontrar un empleo en una etapa clave del ciclo vital, marginando aún más al individuo del sistema, lo que indudablemente podría llevar a su reincidencia.

Por otra parte, el último documento realizado por las fiscalías judiciales (2017) reveló, entre otras cosas, las graves falencia del actual sistema carcelario chileno. Tasas alarmantes de hacinamiento tal como señala el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2014); horarios de encierro extendidos que impiden la realización de actividades; castigos en celdas de aislamiento en condiciones deficientes, y la ausencia de cursos de capacitación. Es clave, por tanto, que las sanciones establecidas por el sistema penal, se haga cargo de las consecuencias de sus condenas, y que se hagan resguardando los derechos fundamentales de aquellos que se encuentran privados de libertad. El Estado, y sus instituciones fallan notablemente, cuando hablamos de las causas que se ubican detrás de la violencia. Pero lo hacen, con la misma intensidad, cuando intentan hacerse cargo de sus consecuencias sin apuntar a las primeras.

En vista de lo anterior, como Proyecto MUEI creemos que la rebaja en la edad de la responsabilidad penal juvenil es una medida cortoplacista, que no soluciona el problema de fondo y que viene a reafirmar el castigo hacia los más pobres. Entonces, las soluciones debiesen apuntar a: (1) romper el círculo de violencia y de carencias que tienen los niños que pertenecen a familias disfuncionales, entregando una educación que provea herramientas efectivas, y (2) en el caso que estas no sean suficientes, contar con centros de acogida donde los niños puedan recibir los tratamientos psicológicos, médicos y/o psiquiátricos que requieren. Se debe recordar que hoy el Estado invierte de forma mensual, más en un preso ($600.000) que en un niño que reside en algún centro del SENAME ($300.000). Si se garantizaran estos puntos, probablemente los niños de los barrios marginales no verían al narcotráfico como la única opción viable para subsistir y probablemente se evitarían situaciones como el asesinato del cabo Galindo.


Gricel Labbé C. es Geógrafa por la Universidad de Chile y Magister en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Chile. Asistente de Investigación Proyecto MUEI, Javier Ruiz Tagle es Profesor Asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. PhD en planificación y políticas urbanas por la Universidad de Illinois en Chicago y Martín Álvarez es Sociólogo, Magister en Desarrollo Urbano, Asistente de Investigación de Proyecto MUEI.