No es difícil constatar que el gobierno de Chile Vamos. En estos primeros 120 días, en materia de represión y criminalización a la disidencia ha impreso un sello que se hace notar en la propaganda y exhibición para mostrar su voluntad de control.

Si bien no estamos en un contexto sustancialmente distinto a lo que se ha dado en los últimos de 10 años -y de esto pueden dar cuenta una serie de activistas u organizaciones que han sido perseguidas y criminalizadas en este periodo sin importar la orientación política del gobierno-, los procedimientos y violencia que se ejerce cotidianamente en distintos lugares nos obliga a admitir una verdad de difícil refutación: no importando el signo de la administración, los actos de fuerza que tienen por objeto contener y controlar las disidencias sociales y políticas no responden más que a políticas de Estado. Y esto quiere decir que ante un acto de protesta, el Estado responderá de modo similar, sea un gobierno de derechas o de centro, al final del día el poder punitivo y el sistema judicial se aplicará sin contemplaciones.

Creemos que hay dos niveles para señalar el modo en que esto de se aplica en el territorio de Chile.

Por un lado está la acción focalizada, la que habitualmente está contenida en una investigación formal, y que nace de una denuncia o querella, todos actos jurídicos que el sistema ha contemplado para que sirvan de viga al momento de realizar un procedimiento judicial. Como lo que queremos discutir en esta columna es que a pesar de un cambio de gobierno, eso no produce un cambio sustancial en la manera de aplicar políticas respecto de algunos temas estratégicos, vamos a usar un ejemplo de amplio y reciente conocimiento de la opinión pública.

En el juicio Luchsinger Mackay se acusó a 11 comuneros por la responsabilidad de un incendio y muerte de un matrimonio de colonos en la zona de Wallmapu, hechos de evidente violencia y dramatismo. En este caso de enero de 2013, el primer gobierno de Piñera se querelló y pidió la aplicación de la ley antiterrorista. El Ministerio Público y las policías se dieron la tarea de encontrar responsables y en ese camino se llegó a un “testigo” clave, José Peralino, que a pesar de tener un bajo desarrollo emocional o de “problemas de conciencia”, una primera declaración a policías realizada sin los protocolos que correspondía, cuestión central como prueba en ese juicio, dio como resultado la acusación de 10 comuneros, entre ellos la machi Francisca Linconao.

Ese primer juicio absolvió a todos los imputados, pero luego el 27 de diciembre de 2017 esa sentencia fue anulada por la Corte de Apelaciones de Temuco, validando la declaración viciada de Peralino.

En un segundo juicio, ya terminando el gobierno de la Nueva Mayoría, esta vez con una campaña político y comunicacional que presionó al tribunal al extremo de provocar la licencia de una de sus jueces integrantes, además de antecedentes de ocultamiento de pruebas claves de parte del Ministerio Público que pudieron ser centrales para la exculpación de los imputados.
Las audiencias de este nuevo juicio se dio en la etapa de cambio de gobierno de Michelle Bachelet al segundo mandato de Sebastián Piñera, donde el equipo del ministerio del interior saliente había tenido una nutrida agenda de gestiones que buscaban la condena de los comuneros. Es en el mes de febrero de 2018 que un destacado abogado penalista vinculado a la derecha, Luis Hermosilla, se incorpora como interviniente a nombre del gobierno saliente pero representando al gobierno entrante, y articula una serie de gestiones para terminar de asegurar la veredicto condenatorio, todo aquello coordinado con el equipo penal del gobierno.

En esta apretada descripción intentamos colocar el acento en la continuidad de la política institucional. Wallmapu es un problema estratégico para el Estado de Chile, que se resuelve con la connivencia de distintos discursos políticos, los que nominalmente están en veredas opuestas, pero que en verdad operan con las mismas redes y objetivos. Se podría decir que las últimas medidas de militarización, la declaración de “guerra” de Piñera y el equipo “Jungla”, son acaso la constante más clara de esa continuidad, de hecho el Ministerio del Interior saliente (Nueva Mayoría) ya había adelantado en varias oportunidades la necesidad de mejorar la capacidad táctica para enfrentar a las comunidades en conflicto en el Wallmpapu.

Un segundo nivel para entender las políticas punitivas de control a la disidencia la vamos a denominar como reactivo. Y se muestra de modo mucho más cotidiano. Acá hablamos de la represión pura y dura del día a día que millares de personas deben soportar cada vez que se encuentran realizando un acto de protesta social, por ejemplo una marcha, un seating o una toma.  A la hora de reprimir no hay mucha diferencia del mando político del Ministerio del Interior, va más por el lado de orden y seguridad y por lo tanto el ministro y el subsecretario del Interior deben tener las claridades para no perderse respecto de su responsabilidad.

Las denuncias sobre usos excesiva de la fuerza son una constante, y al parecer las policías operan con impunidad a no ser que los reclamos administrativos en carabineros o querellas que presenta Defensoría Popular, o algunas que logra patrocinar el INDH u otro abogado de la plaza que por compromiso personal interpone alguna acción para representar la frustración de sentir que se está en un país sin tolerancia a la disidencia.

Desde el 2008, cuando partimos el trabajo en Defensoría Popular, hemos visto la continuidad de los procedimientos policiales que no reparan en que a quienes se reprime son menores de edad, por ejemplo, o estudiantes que por distintas vías exigen un petitorio reclamado por significativos sectores de la sociedad.

Tal vez la única diferencia que se puede mostrar entre un gobierno de derecha y otro reformista, es que los primeros generalmente asumen culturalmente un discurso que se centra en el orden, y por lo tanto operar con una vocación represora producto de la propia historia que les persigue, al parecer, sin mayores complejos de sus vínculos con la dictadura cívico-militar. En cambio los últimos gobiernos reformistas, Concertación y Nueva Mayoría, marcan una distancia de cierto pudor a la hora de mostrar poder ofensivo. Nuevamente el ejemplo del tratamiento del Wallmapu es clarificador. La mayor presencia militar en la zona del conflicto del estado chileno con las comunidades de la identidad nación mapuche se ha dado justamente en los periodos de gobiernos con vocación democrático-reformistas.

No queremos, por último, no reconocer esfuerzos sinceros que han tenido algunos personeros de los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría al momento de atender la petición desesperada, aunque siempre digna, de presos políticos mapuche, sus familiares y miembros de sus comunidades que se han entrevistado con aquellos, pero que al final del día no ha sido muchas veces más que un saludos a la bandera, algo que no tiene efectos duraderos en el devenir de un petitorio que para el estado de Chile es una molestia.

O ante el reclamo de procedimientos policiales con evidentes faltas de proporcionalidad han actuado en el esclarecimiento de hechos absolutamente aberrantes, como el caso de Rodrigo Avilés que en mayo de 2015 fue agredido brutalmente por el chorro de un carro lanzagua. Todo aquello queda como refuerzo de claros y oscuros puntuales, pero de lo que nadie puede negar es que a la hora de establecer el control sobre la disidencia, hay una sola política que se aplica: La del garrote.


ONG Defensoría Popular