Derecho a la ciudad: Donde el Estado falta y el mercado expulsa

Noticia ha causado la iniciativa del municipio de las Condes, de ceder terrenos fiscales a Serviu para la construcción de viviendas sociales en plena rotonda Atenas. Las viviendas sociales del alcalde Lavín representan un modelo de política pública basado en la interpretación de demandas ciudadanas y las traduce en iniciativas simples que aportan en la solución del problema por parte de los municipios, al menos para sus comunas respectivas. En este aspecto, Las Condes se hace cargo de la provisión de viviendas de calidad para un sector de sus vecinos que no lo han logrado mediante otras iniciativas del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Esta iniciativa, por cierto, se inscribe en otras impulsadas por distintas municipalidades que han identificado demandas a las cuales ni el Estado ni el mercado han respondido.

Y si bien la polémica respecto a esta noticia ha girado en torno a las protestas de los vecinos del sector, asustados por devaluaciones que no son tales, y agitados frente a la posibilidad de convivir con sectores sociales tradicionalmente expulsados a la periferia anterior, lo cierto es que esta iniciativa deja en evidencia una situación crítica en el aparato público neoliberal: la ausencia del Estado Central en la construcción de un sistema de seguridad social, materializado en este caso, en la ausencia de una política habitacional robusta, que se haga cargo de las necesidades básicas de la ciudadanía. Esta ausencia, que tiene su correlato en la presencia masiva del mercado en la provisión de vivienda, es tal que son los municipios, a través de alcaldes innovadores como el PC Jadue, o el UDI Lavín, o el frenteamplista Sharp, quienes están intentando paliar las injusticias que produce el neoliberalismo con políticas públicas efectivas que han tenido relativo éxito.

Sin embargo, que lo anterior sean medidas paliativas, nos conduce necesariamente a la pregunta: ¿Es hacia allá que tiene que avanzar la política de viviendas en Chile? ¿Municipios empoderados que, ante la ausencia del Estado Central, tomen el toro por las astas?

Aún cuando se quisiera, lo cierto es que esta tentativa es insostenible. Son muy pocos los municipios que pueden soportar los niveles de estrés financiero y organizacional de la construcción de 9 edificios y 280 departamentos, por lo que su replicación es imposible en municipios con menos presupuestos y habilidades. También, la creación de estas iniciativas produce una deformación en las funciones municipales, pues la provisión de viviendas no son prácticas extendidas por municipios en ninguna parte del mundo ni corresponden a sus deberes constitucionales. Se supone que el Estado central es quien debe hacerse cargo según la constitución.

Es positiva la irrupción de este modelo de iniciativas municipales, pero ninguna política municipal creativa logrará paliar las injusticias que produce un sistema de seguridad social neoliberal, que despoja a su pueblo de derechos y se los entrega al mercado, al punto de que hoy el déficit habitacional según la cámara de la construcción es de 507 mil viviendas para 1,5 millones de personas.

En este caso, el desafío es crear una política de vivienda de largo plazo que provenga desde el Estado central, y que sea capaz de articular estas pequeñas iniciativas de otros aparatos públicos, es decir, un trabajo colaborativo entre Estado Central y gobierno local, guiado por una política pública de vivienda cuyo foco sea la integración social y la vivienda digna, y que al mismo tiempo incorpore a los vecinos y vecinas desplazados, que cree una nueva política de uso y avalúo de suelos y desplace al mercado como eje central para avanzar hacia un Chile que garantice derechos fundamentales para todas y todos, es una urgencia.

Efectivamente la política de segregación expresada en la expulsión de los pobres, la absoluta hegemonía del negocio inmobiliario, la ausencia del Estado y una política de uso de suelos totalmente mercantil, son hoy problemas de orden estructural que deben ser enfrentados con un proyecto de cambio con perspectiva de totalidad. El asistencialismo de la transición solo agudizó el problema de la vivienda administrando las demandas ciudadanas como un problema individual cuya respuesta está en el mercado, apoyado por el estado subsidiario. Ese asistencialismo hoy hace aguas; garantizar el derecho a la vivienda y la ciudad es una tarea de Estado. Ningún municipio por si mismo podrá revertir la obra de la dictadura y 30 años de consolidación transicional del negocio inmobiliario y la segregación socioespacial. Necesitamos proyectos políticos de cambio social que respondan política y técnicamente con eficacia y responsabilidad. Urge un Chile donde la vivienda digna sea un derecho de todas y todos, y no una osadía de tal o cual edil.