Nueva Zelanda dará 10 días de licencia remunerada a mujeres víctimas de violencia machista

El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó este miércoles un proyecto de ley que estipula que cualquier persona que esté en una situación de violencia machista tendrá derecho a una licencia de 10 días pagados, con el objetivo que las personas en esta situación puedan obtener la ayuda que necesiten sin poner en riesgo su puesto de trabajo.

La medida, impulsada por la diputada ecologista Jan Logie, quien trabajó varios años en un centro de mujeres, pretende ser una herramienta para «acabar con la violencia» y un impulso para que el miedo a perder el empleo o a sufrir represalias ni impida que las mujeres denuncien a sus agresores. Además, se busca ofrecer un refugio económico para que las víctimas de violencia de género -tanto ellas como a sus hijos e hijas- puedan encontrar un hogar seguro y protegerse, iniciar los trámites judiciales y, en definitiva, empezar una nueva vida lejos de su agresor.

El texto contó con el apoyo de 63 de los 120 representantes y será, al final del proceso legislativo, el segundo texto con esta finalidad que se pone en marcha, luego del paso adelante que dio Filipinas en 2004, y de otros casos implementados por varias provincias de Canadá.

Sin embargo, el camino para su aprobación no ha sido fácil, y ha costado más de siete años de trabajo a Logie. El Partido Nacional, con más escaños y el mayor dentro de la oposición, se opuso al proyecto argumentando que supondría un costo excesivo para las pequeñas y medianas empresas y que puede representar una barrera para las mujeres ya que las empresas se negarán a contratar a los perfiles sospechosos de sufrir violencia. Pero los expertos y especialistas en estos casos siempre aseguraron que las mujeres que se sienten protegidas son más productivas.

Tras la votación Logie aseguró que el país empieza una «nueva era». Y reiteró: «Tenemos un problema y no podremos solucionarlo si continuamos centrando nuestros recursos y esfuerzos en lo que ocurre luego de la llamada de la policía».

El texto, que entrará en vigor en abril del próximo año, sostiene que las mujeres no tendrán que presentar ninguna prueba sobre sus circunstancias personales a la dirección de la empresa que la acredite como víctima, y que podrán solicitar condiciones más flexibles para reforzar su seguridad en caso de que teman por su integridad física.

Para evitar discriminaciones, la ley indicará cuáles serán las pautas que las empresas tendrán que seguir para que las mujeres no sean señaladas ni menospreciadas en sus lugares de trabajo.

Nueva Zelanda es uno de los países con las tasas más altas por violencia machista en los países occidentales, con un caso cada 4 minutos.