El Comité de Derechos del Niño de la ONU reveló graves vulneraciones a los derechos humanos de menores de edad en los centros del SENAME durante los últimos 40 años, en un informe presentado el día de ayer por el Ministerio de Justicia.

El duro informe señala la responsabilidad del Estado de Chile por la existencia de “graves violaciones de la convención internacional sobre los derechos del niño”. Además, señala que el Estado tiene la obligación de reparar a víctimas y modificar la Ley de Subvenciones. El texto señala que existieron “graves negligencias por parte del personal responsable del cuidado de los menores” así como casos de “abuso sexual, torturas y tratos crueles e inhumanos” en residencias del Sename.

El informe de 20 páginas, fue elaborado a partir de la visita que dos expertos de la ONU hicieron a Chile durante el pasado enero. Durante su misión, inspeccionaron cuatro residencias: dos de administración directa de Sename (Playa Ancha de Valparaíso y Galvarino de Santiago), además de dos organismos colaboradores (Aldea Cardenal Silva Henríquez, Punta de Tralca, y Pequeño Cotolengo, Santiago). y se entrevistaron con un centenar de personas entre ministros, jueces, fiscales y personal del servicio de menores.

El documento de la ONU detalla la escandalosa situación en la que viven cerca de 150.000 niños que se encuentran en centros del Sename, residencias de acogida secundarias o programas de protección. Destaca que entre 2005 y 2016, 210 menores murieron en residencias del Sename, institución creada en 1979 y que depende del Ministerio de Justicia.

Entre otras vulneraciones detectadas por los expertos, se cuenta la separación indiscriminada de los niños de sus familias, prolongar sin control los tiempos de permanencia en las residencias, infraestructura en “estado crítico” y “sobrepoblación que alcanzó hasta el 60%” en algunos de los hogares .

Además, una importante parte de los niños y adolescentes que viven en estos centros han sido víctimas de abusos y maltratos. Un 6,8% han sido víctimas de abusos sexuales en el último año, afirma el documento de la ONU.

“Existe consenso sobre la excesiva judicialización del sistema”, indica el informe de la ONU, que agrega que Chile “tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todos los niños”.

Por ello, la ONU recomendó que “se desjudicialice el sistema de protección” de menores, y que el estado impulse “un plan de acción que incluya acciones en salud, especialmente, tratamiento psicológico, educación, vivienda, justicia y, en su caso, indemnización económica”.

El informe señala que Chile tiene un plazo de seis meses para presentar una serie de medidas para corregir el sistema de servicio de menores y reparar a las víctimas.