Los días lunes 30 y martes 31 de julio, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, (CAT) evaluó la situación de Chile. Una delegación de autoridades viajó a Ginebra para responder a las revisiones que hará este organismo internacional a la situación de nuestro país.

¿Mecanismo Nacional contra la prevención de la tortura? ¿En serio? ¿En Chile, 40 años después, se tortura? Sí.  ¿El Estado, los gobiernos de turno y autoridades lo saben? Sí. ¿Les importa? No.

No me quiero referir a los casos conocidos (y que son tortura aunque la prensa diga lo contrario) de las comunidades indígenas, especialmente mapuches y la represión en Wallmapu incluso contra niños y niñas; la de migrantes, especialmente haitianos, colombianos, afrodescendientes; a los estudiantes secundarios y universitarios que exigen educación gratuita, de calidad y ahora no sexista; a las mujeres que exigen sus derechos y ser tratadas como personas bajo la llamada ola feminista; a las personas privadas de libertad, etc… Todos perpetrados por agentes del estado en plena democracia.

Me quiero referir a los casos que a nadie le importan, a los casos invisibilizados, aquellos que no son prioridad y que pasan (o los hacen pasar inadvertidos) porque se cree que sólo en Centroamérica suceden, o en las zonas fronterizas de Medio Oriente: las torturas a defensoras y defensores de derechos humanos.

¿Defensores de derechos humanos torturados? ¿Esos que solo defienden delincuentes, que son todos “comunistas”? ¿Esos exigen derechos? Sí. Esos y esas exigimos derechos. Yo exijo derechos.

Ya en otras columnas como también en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados he contado los abusos sexuales y tortura que sufrí junto a otras compañeras y estudiantes en Antofagasta el año 2016 por parte de Carabineros de dicha zona, al realizar una observación de detención en un cuartel policial. Todo esto siendo Jefa Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), estando plenamente identificada y cumpliendo mis funciones legales. Fuimos detenidas, golpeadas sin razón ni motivo alguno. Existiendo cámaras y pruebas al respecto, a la fecha no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque a nadie le importa.

En esas columnas, hubo comentarios (obviamente anónimos) que iban desde la burla por lo ocurrido: desde que yo sacaría créditos y/o aprovechamiento político, hasta que me lo merecía. Como no se identificaron, no me llegaron sus palabras. Pero agradeciendo que se hayan tomado el tiempo de leerlas, en atención a ese “tiempo perdido”, voy a responder a sus preguntas.

No provengo de una familia de izquierda, todo lo contrario. Fui criada en el seno de una maravillosa familia conservadora, tradicional y católica (a la cual amo por sobre todas las cosas). Viví allá, donde le dicen barrio alto. Estudié en colegio privado y en una universidad cota mil. Vivía en una condición de privilegio, como me dijeron alguna vez. Pero algo, un no sé qué, me llevó a los derechos humanos, a la defensa de éstos, especialmente de migrantes y mujeres. Y decidí cambiar mi vida y dedicarme (incluso gratuitamente) a la defensa de la dignidad humana.

Por esas mismas razones que no sé, y sin “pituto político” llegué por el sistema de Alta Dirección Pública a adjudicarme el cargo de Jefa Regional de Antofagasta del INDH. Así que a la perla del norte partimos.

Hasta que llegó aquella noche en que mi vida cambió y mi convicción de defensa por los derechos humanos fue aún más fuerte. Pero a un costo muy grande.

No solo sufrí abuso sexual, lesiones, moretones, golpes, pérdida de cabello por la cantidad de tirones que me infringió Carabineros. Estos mismos carabineros, que además no portaban identificación alguna, me insultaron: “Maraca culiá, weona de mierda, metete la credencial por la raja, ahora vas a saber lo que son los derechos humanos.”

Perdí trabajo, quedé cesante. Perdí amigos, amigas, respeto, dignidad, mi casa, pareja. Me enferme física y emocionalmente. Nadie llegó a ofrecerme ese famoso “cargo político” que tanto me enrostraban. Ninguna autoridad regional llamó o se hizo presente. Tuve que someterme a exámenes del Servicio Médico Legal para que me acreditaran como víctima de tortura en democracia. ¡¡¡¡Sí en democracia!!!! A mis 30 años tenía un rótulo, una ruptura, acompañada de un dolor tan grande como mi incomprensión y desorientación de lo que estaba viviendo.

Golpeé todas las puertas, desde la Presidencia, Ministerio del Interior, Subsecretaria de Derechos Humanos, INDH, Carabineros de Chile, Cámara de Diputados, Senado, etc. Seguí la vía judicial ante el Ministerio Público. Pero nadie quiso escuchar, porque a nadie le importa.

Curiosamente el general de la época, quien dio la orden de mi detención y la de mi compañera, fue dado de baja cuatro meses después por abuso sexual a sus propias funcionarias. Quien practicó mi detención fue detenido y arrestado por incumplimiento de deberes militares y puesto a disposición de la Fiscalía Militar, mientras se encontraba trabajando para la alcaldesa de la zona (en ejercicio de sus funciones cuando ocurrieron estos hechos), pero por asuntos internos de la institución. Pero claro, ninguna vinculación a nuestro caso. Una especie de justicia “divina” o “karma”, si se puede llamar así.

Pero volvamos al inicio de esta columna. Chile será observado respecto a la implementación del Mecanismo Nacional contra la Prevención de la Tortura y la situación actual en el país. Lo más probable es que la delegación chilena ni siquiera conozca este caso. ¿Por qué? Porque no les importa, no es relevante, como todos los casos de tortura perpetrados desde el retorno a la democracia.

Chile tiene compromisos internacionales respecto a salvaguardas específicas de defensores de derechos humanos, de mujeres y violencia de género (CEDAW, Belém do Pará), al derecho al debido proceso, a la protección de las víctimas (Pacto San José de Costa Rica), a la dignidad humana (Declaración Universal de Derechos Humanos). Todos estos infringidos día a día por agentes del Estado, configurándose la tortura y los tratos crueles e inhumanos.

Pero lo más probable es que salgamos muy bien como país en la CAT, pues claro, no darán a conocer a los adolescentes con perdigones en sus cuerpos mientras están en toma, ni a las mujeres indígenas que dan a luz engrilladas, tampoco a las mujeres haitianas que mueren en extrañas circunstancias previa detención de policías. Todos observamos, todos somos cómplices de esto, y guardamos silencio… ¿Por temor? No. Simplemente porque a nadie le importa.

Pero yo decidí que SÍ ME IMPORTA, no sólo la justicia -en mi caso- por el cual seguiré adelante, sino que también me importan las mujeres violentadas y asesinadas por sus parejas, las que mueren por abortos clandestinos, las familias migrantes que duermen en la calle porque los desalojan por arrendatarios abusadores, los niños niñas y adolescentes que no tiene acceso a estudios, las familias chilenas que no pueden acceder a una vivienda digna, nuestros pueblos originarios reprimidos, nuestros niños y niñas abandonados en manos del Estado (Sename), que personas del mismo sexo puedan tener los mismos derechos que todos las personas en Chile (matrimonio, adopción), el centralismo y como las regiones pierden sus riquezas naturales, explotados por grupos económicos.

Yo decidí, a pesar del dolor (no superado) no callar, ir con la frente en alto por mi y por todas y todos. Y ¿saben lo que ocurrió? Que había muchos, miles a los que, sí nos importa defender nuestra democracia. Ya no estaba sola, somos miles, millones de defensores y defensoras de derechos humanos.

Puede que, en el CAT, en Ginebra, a nadie le importe este relato, pero en Chile, en nuestra larga y angosta faja de tierra ahora llena de multiculturalidad, muchos gritaremos SÍ NOS IMPORTA.


Abogada, Universidad de Los Andes. Estudiante Doctorado en Derecho Universidad de Valparaíso. Magíster en Derecho y Litigación Pública, Especialista en Migraciones y Derechos Humanos.