El artículo 2 de la ley 19.974 (Ley de Inteligencia) dice  que “a) Inteligencia: el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones”.

Desde el advenimiento de la democracia protegida, en la década de 1990, Chile intentó avanzar en la normalización de la institucionalidad para reconocer garantías mínimas a la naciente entelequia denominada ciudadanía.

En aquel primer periodo, el gobierno de la Concertación avanzó por una calle marcada por dos veredas: las reglas del juego que le impuso el pacto cívico militar, con un “orden” que la dictadura había impuesto con puño de hierro, por un lado, y las expectativas de un sector importante del país colocaba en el futuro de “la alegría”, por otro.

Respecto de los desafíos que se instalaron, junto con la búsqueda de justicia y castigo por los crímenes de la dictadura, la de normalizar la relación con aquellos colectivos que aún sostenían tesis y prácticas insurreccionales, que descreyeron del pacto transicional y continuaron activos, tiene un punto de inflexión en una serie de acciones de carácter político-militar, siendo la muerte del ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán, en abril de 1991, el hecho más significativo.

En ese escenario el gobierno se embarca en la creación de una iniciativa que usó algunos procedimientos de inteligencia y contrainteligencia, e impulsa el Comité de Seguridad Pública, dependiente del subsecretario del Interior, y que por no contar con un espacio de reunión definido, le fue asignada una dependencia del sector del Ministerio del Interior, y por tanto se le conocido simplemente como la “Oficina”.

El resultado de aquel esfuerzo tiene una larga lista de aciertos fundados en la delación y la traición, y desaciertos propios de una instancia que avanzó a oscuras, en un ámbito que hasta ese momento eran parcelas de poder manejadas desde las FF.AA. y las policías.

La legislación de inteligencia eran decretos, reglamentos y prácticas de décadas de funcionamiento, que daba chipe libre a las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a las policías para desarrollar operaciones encubiertas sin mayor control de la autoridad civil.

Un ejemplo de aquello fue lo que degeneró en un show mediático de un empresario conservador y que se expresó en: una radiocasete marca Kioto, una cinta radiofónica, un programa de televisión en vivo, y el dialogo telefónico privado entre el senador Piñera (precandidato presidencial) y un colaborador burlándose, en aquella conversación, de la precandidata Evelyn Mattei (cómo se repiten los personajes políticos en las últimas décadas en Chile).

Solo para los que no quieran googlear el final de la historia, los dos precandidatos fueron bajados, y una trama que involucraba a un militar activo que interceptó la conversación telefónica en un centro de telecomunicaciones del ejército en calle García Reyes en la comuna de Santiago.

De toda esta serie tercermundista quedó una comisión investigadora del Congreso que evacuó una serie de recomendaciones, que dieron, finalmente, la primera normativa generada en democracia, y que creó la flamante DIPSI (Dirección de Seguridad Pública e Información).

De ahí podemos saltar sin problemas a octubre de 2004 y la promulgación de la ley 19.974 “Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia” que sería la más completa síntesis de un sistema de inteligencia desde el advenimiento de la democracia.

Pero al momento que enunciamos tal cosa debemos reconocer las falencias con las que se debe convivir cuando se constituye un aparato de inteligencia en una sociedad que se precia de democrática.

Porque si caracterizamos al orden jurídico como reflejo a los impulsos básicos de una sociedad atávica, como la chilena, profundamente segregada, elitista y violenta, el sistema de inteligencia será una extensión de esa noción.

Algunas precisiones que lleva la ley de inteligencia vigente:

1.- En Chile existe un denominado Sistema de Inteligencia de Estado (SIE), que es una coordinación que orienta y supervigila los distintos niveles de involucramiento de los organizamos que generan contenidos: las ramas de las FF.AA. y las policías. Este sistema está bajo la supervisión del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), quien en un consejo realiza el enlace y síntesis con los estamentos operativos, y por esta vía se reporta directamente al presidente de la república;

2.- Para el Sistema existe inteligencia y contrainteligencia que busca controlar y neutralizar enemigos o amenazas externas (otros estados u organizaciones del crimen internacional) e internos (crimen organizado y terrorismo);

3.- Sobre la denominación de amenazas internas, hay que señalar que las características del crimen organizado supone establecer áreas de interés que son abordados por las policías, carabineros y Policía de Investigaciones, temas como tráfico de sustancias ilícitas, tráfico de personas, o de armamento, y otras actividades claramente delictivas.

El problema comienza cuando se quiere definir las características del enemigo o amenaza interna, y particularmente el carácter terrorista de algunas expresiones de disidencia social o política, pues esa denominación estará siempre dada por la coyuntura política, en el corto plazo, o por el proceso histórico, en el largo plazo.

De los primeros están los conflictos sociales de reivindicación sectorial, una huelga de un sindicato de la gran minería del cobre es por sí solo motivo para un informe que revele las implicancias de aquel movimiento, o lo que debió ser para el gobierno la rebelión de Chiloé de 2012, o Aysén de la misma época. De los conflictos de largo aliento está, por ejemplo, el que mantiene el Estado chileno con las comunidades que intentan recuperar territorio en el Wallmapu.

En ambos tipos hay conflictos sociales que en la mayoría de los casos requieren voluntad política para su resolución, pero la lógica de orden y control del estado, la inteligencia deberá estar en condiciones de prever escenarios usando fuentes abiertas y conocimiento de origen clandestino, que en caso interno operativamente es realizado por las policías.

La evidencia muestra que denominar una amenaza interna, un enemigo o antagonista que en su accionar produce un desorden que pudiera impactar el itinerario de un gobierno, la inteligencia con toda su carga simbólica y práctica implica reconocer las implicancias de aquel accionar como contrario a los ideales de la democracia liberal. No hay otro modo de plantearlo, más aún cuando esos mecanismos de intromisión son parte de un sistema segregador y elitista que entiende muchas amenazas sociales como amenazas a interés de los grupos de poder hegemónicos.

Son muchos los recursos y el poder que se imprime cuando se quiere conocer y neutralizar a la disidencia en cualquiera de sus formas.

Para concluir esta primera columna, debiera decir introductoria, quiero compartir un par de anécdotas que involucraron a Defensoría Popular.

El año 2008 partimos en una pequeña oficina en calle Monjita a una cuadra de parque Forestal. Era un espacio de un ambiente en el que recibíamos a moros y cristianos que sentían la urgencia de buscar asistencia legal en el marco de la protesta social. Aquella oficina nos quedó pequeña y hacia fines del 2009 nos cambiamos a espacio más cómodo. En las tareas de desmonte nos topamos con la sorpresa de un aparato electrónico, pequeño, marca “Fijitel” que estaba adosada a un mueble. Nunca logramos establecer el origen de aquel artículo de escucha. Suponemos que “ellos” tenían la necesidad de identificar, y escuchar, a quienes transitaban por aquel espacio.

La segunda situación es en el marco del voluminoso materia que dejó el juicio “Montaje Bomba” de 2011, en una de las carpetas, de los más de 30 tomos, del informe de inteligencia que se refería a una reunión social y unas conversaciones telefónicas de algunos integrantes de nuestra oficina, claro ellos veían a personas sin distinguir “imputados” y sus defensas. Eran fotografías y trascripción de diálogos, muy descontextualizados en todo caso, que evidenciaban el trabajo de campo de las policías a la hora de apuntar su esfuerzo.

Al final del día muchas formas de disidencia pueden llegar a ser susceptible de interés de la inteligencia del Estado.


ONG Defensoría Popular