Al presentar el otrora Informe Rettig por televisión, el ex presidente de la República Patricio Aylwin pidió “perdón”. Junto a un par de lágrimas –que claramente no tuvo cuando apoyó el golpe de Estado de 1973- intentaba realizar una liturgia para expurgar al Estado de Chile de su pasado tiránico. Sin embargo, el “perdón” aylwiniano se anudó a la fórmula que condicionó a la transición: “justicia en la medida de lo posible”. Tal fórmula podía traducirse de otro modo: “justicia en la medida de los militares” o, si se quiere, “a la medida (ya no “en” la medida) de la oligarquía militar-financiera”.

El perdón arrastra impunidad. Un perdón litúrgico que, finalmente, parecía ex culpar de facto de los militares mientras redimía performáticamente al Estado chileno. La presentación del Informe Rettig (llamado también con un nombre pastoral de “verdad y reconciliación”) fue la liturgia cuya performance ponía en funcionamiento a la nueva técnica de gobierno que, por muchos años, se conoccerá como “transición”. El efecto inmediato del singular perdón de Aylwin fue el olvido que experimentó el tema de los DD.HH. durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle que sólo encontró una reactivación sintomática cuando Pinochet –que ahora solía vestirse con terno y corbata, es decir, con la tenida que algunos parlamentarios aún exigen de sus visitas- fue detenido en Londres.

Como un síntoma que, como tal, se presenta de improviso, la detención de Pinochet mostró que la “justicia en la medida de lo posible” había sido eficaz para aplazar el tema, desplazarlo, aislarlo, pero jamás olvidarlo. El perdón de Aylwin que, en una sola performance, redimía al Estado de Chile e implícitamente ex –culpaba a los militares (pues ponía en juego la fórmula transicional de “la justicia en la medida de…”), no hacía mas que trazar el tono de lo que iba a ser la técnica de gobierno que condiciona aquella época: se lamenta, no se condena, se llora, pero no se actúa, se apela al “nunca más” sin cambiar ni la Constitución, ni la estructura genocida del Estado de Chile. En esa época se habló del “gesto”. Los diferentes actores políticos eran conminados a hacer un “gesto”. No importa si los militares no dicen la verdad en las “mesa de diálogo” implementadas con posterioridad, importaba, mas bien, que éstos hicieran un “gesto”. Para ese momento “gesto” designaba una acción vacía, un hacer que hacía como que todo lo transformaba, pero que no transformaba nada. La Concertación de Partidos por la Democracia fue la coalición que implementó la coreografía gestual y la transición, su técnica de gobierno.

La detención de Pinochet en Londres fue un momento que derrumbó, en parte, toda esa liturgia. Pero la defensa a ultranza que los propios próceres de la Concertación hicieron –contra todo derecho internacional- acerca de que el vetusto general debía ser juzgado en Chile, favoreciendo a la tesis de la derecha y demostrando al mundo que tal posibilidad nunca se pudo concretar, no sólo hizo que el General quedara impune, sino que la Ley de la República quedara abierta, suspendida, imposibilitada de juzgar al cuerpo de quien la había forjado e instituido bajo la forma de un Golpe de Estado primero, y de una Constitución después. Peor aún, será la apuesta de Lagos de reemplazar la firma de Pinochet por la suya, sustituyendo al dictador al tiempo que lo hacía propio llamando a la misma Constitución de 1980 bajo la rúbrica de “democracia”. Por eso, el perdón de Aylwin de 1990 no puede ser entendido como un simple gesto, sino como el paradigma de la transición, el dispositivo a partir del cual se articularon las condiciones para que no sólo el segundo gobierno de Bachelet no cerrara el penal de Punta Peuco –ofreciendo así la posibilidad de una poderosa señal contra la impunidad- sino que el segundo gobierno de Piñera, aquél que curiosamente se da en llamar el de la “segunda transición”, pueda dejar libre a cinco genocidas un día y a otros dos otro día. La “segunda transición” parece repetir en forma de farsa lo que la primera realizó en términos de tragedia. Y lo hace con prestancia, con estilo, con la convicción de que eso puede ser “lo mejor para Chile” para que todos nos compadezcamos de los genocidas como pequeños abuelitos que, finalmente, también tienen “familia” y sobre quienes es necesario tener piedad, compasión, “empatía” como gustan ahora decir.

Finalmente, el perdón chileno llega desde el lugar que le vio nacer hace un par de miles de años: la Iglesia Católica. Habiéndose desenvuelto como una verdadera máquina de violación, con una sistematicidad que sólo puede ser alcanzada por el corporativismo militar, la Iglesia Católica chilena no sólo violó niños, sino que encubrió los casos por años. E incluso, después que el Papa Francisco llamara a los obispos, éstos después de meses sólo pueden “pedir perdón” a las víctimas, para seguir en los puestos de poder.

Así como el perdón de Aylwin dejó intacto al poder de la oligarquía militar-financiera que gestó al golpe, ofreciendo impunidad a los militares y capital a los empresarios, el perdón de la Iglesia deja intacto a los poderes establecidos que se expresa en la siguiente fórmula: nosotros pedimos perdón a nuestro delito y nosotros mismos –aquellos que hemos propiciado una política de encubrimiento y de abuso sistemáticos- seguiremos en el poder. Curioso perdón el que se da en esta tierra y que parece ser un último suspiro del poder pastoral que juega para dejar intacto su correlativo poder de cacería.

No resulta impropio recordar que para Hannah Arendt el perdón fue concebido como aquella instancia a la que los hombres pueden acudir para restituir su  capacidad de iniciar. Pero precisamente el perdón aylwiniano que condiciona la transición y el reciente perdón de la Iglesia católica por los casos de abuso, obturan esa posibilidad, pues, lejos de restituir la capacidad de iniciar, mantiene intacto a los poderes establecidos.

Hace unos días, Manuel Guerrero apelaba a las condiciones que hicieron posible que los genocidas hayan podido volver a las calles. Tales condiciones residen en ese singular perdón que articuló al dispositivo transicional y que obliteró para siempre a la justicia. Un perdón que, efectivamente, ex -culpaba a los victimarios, a los poderosos, a la oligarquía militar-financiera de haber cometido los peores crímenes, que les absolvía en desmedro de la potencia popular que, silenciosamente, no ha  dejado de ser golpeada en la reproducción infinita del golpe de Estado que ensambla nuestra ominosa democracia. Pues, el perdón a los genocidas, condición institucional por el que hoy se da el SUPRE-MAZO o, si se quiere, el MAZO SUPREMO sobre nuestras cabezas –golpe excepcional con el que la Corte Suprema desfila con los vencedores-  es precisamente el de una sistemática destrucción de una democracia posible, una clausura de cualquier capacidad de iniciar.


Académico, Universidad de Chile