Una de las noticias que pasó inadvertida, en medio de las polémicas que envolvieron al gobierno por los bingos y huevos en distintas canastas, fue la determinación que tomó la Dirección del Trabajo (DT) el pasado 28 de julio, a través de un dictamen en el que valida los actos de los grupos negociadores en los procesos de negociación colectiva de una empresa.

Con la determinación, la institución encabezada hoy por Mauricio Peñaloza dio un giro en 180º grados con respecto a lo que había manifestado solo un año antes –previo al cambio de gobierno– cuando, bajo la dirección de Christian Melis, el organismo señaló que no posee las competencias para tomar una decisión de ese tipo.

Sin embargo, la decisión ha despertado críticas, cuestionamientos y manifestaciones en contra tanto de parlamentarios como de una serie de agrupaciones, entre ellos, la diputada Gael Yeomans (Izquierda Libertaria), quien este lunes llegó hasta Contraloría –acompañada por la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez– para pedir un pronunciamiento al respecto.

“El dictamen lo que hace es mermar el principio de primacía sindical, que es el que sostienen distintos convenios de la OIT, y por eso nos parece preocupante lo que hace la DT de arrogarse una competencia que no tiene. Nosotros creemos que esta materia es legislativa, debido a que existe un vacío en la norma que dejó la Reforma Laboral de Bachelet”, explicó.

¿Qué implica el reconocimiento?

La reforma laboral de Michelle Bachelet reconoce tanto a sindicatos como grupos negociadores, sin embargo, en 2016, el Tribunal Constitucional estableció que ambos poseen el mismo estatus jurídico, y por tanto, declaró como inconstitucional la titularidad sindical en procesos de negociación colectiva que proponía el proyecto.

La administración Bachelet no insistió en indicaciones que se hicieran cargo de ese vacío legal, y a partir de él, en lo concreto, la circular promulgada asegura que la negociación colectiva es un derecho garantizado por la Constitución “a todos los trabajadores, independiente de su condición sindical”.

En conversación con El Desconcierto, el abogado experto en Derecho Laboral, José Luis Ugarte, se manifestó crítico a la decisión y explicó que, en lo práctico, “esto implica que se valida una forma de negociación que no está prevista en la ley. Se le instala al sindicato un competidor –que son los grupos negociadores–, y por lo tanto, se debilita su acción en los lugares en que operan. Ese es el nivel de gravedad”.

“El trasfondo ideológico es apuntalar una forma de organización que le compita al sindicato, hay una clara ideología anti sindical en el dictamen, que es vergonzosamente político, es furiosamente ideológico, porque busca mantener intacto este enclave que se inventó en la dictadura de Pinochet en materia laboral”, agregó.

Ugarte además asegura que el dictamen además se trata de un “acto inconstitucional” por parte del Director del Trabajo, debido a que “él no tiene competencias para legislar, las competencias que tiene son para interpretar la ley existente”, y concuerda en que el lugar donde se debe zanjar este asunto es el Congreso ya que los asuntos en cuestión son materias de ley.

“No se puede entender esto como un desgraciado acto del gobierno de derecha, sino a la luz del contexto de una reforma completamente disparatada del gobierno de Bachelet que dio oportunidad a que se produzcan estas cosas, esto no es un acto completamente desligado. Es parte del engendro que generó la reforma de Bachelet que ha generado múltiples problemas interpretativos dada su baja calidad técnica. Bachelet incluso mantuvo a los grupos negociadores dentro de la Reforma.

Precarización del trabajo

El experto laboral asegura que la circular continúa en la misma línea que el polémico Estatuto Laboral Juvenil, en el que, para él, el gobierno de Sebastián Piñera “va revelando las verdaderas intenciones, que no son proteger ni cautelar el espacio del trabajo sino generar mano de obra más barata, sin derechos, y con menos capacidad de resistir y combatir las condiciones de trabajo precarias”.

Gael Yeomans concuerda con dicha postura y, además, agrega que esta iniciativa salió a la luz “en un contexto en que hay despidos masivos por parte de las empresas, como el caso de Iansa y muchos otros que hemos conocido en las últimas semanas, y vemos a un gobierno que no da respuestas ante esos despidos, se mantiene al margen, y además, avanza en el sentido contrario”.