Mientras la serie de Mega “La cacería: las niñas de Alto Hospicio”, sobre los secuestros, violaciones y femicidios que el psicópata Julio Pérez perpetró a 14 niñas de este municipio norteño, avanza capítulo tras capítulo cada noche de domingo, las madres de las adolescentes decidieron hablar sobre lo que a su juicio es una producción “de entretenimiento basada en la perversión, intriga, morbo y sexo”. Las familiares informaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sobre una denuncia que ellas mismas presentaron y que -dicen- invalidaría la financiación del proyecto audiovisual, por lo que solicitaron a la presidenta del ente, Catalina Parot, que detenga su emisión.

En un punto de prensa celebrado este jueves en Iquique, las familiares de las jóvenes criticaron que en la serie, que dice basarse en hechos reales, “poco o nada hay de basado en cosas reales”. Además, señalaron que “a nuestras niñas se las muestra como prostitutas, drogadictas y delincuentes, lo cual nos tiene devastadas” y reiteran que “sólo estigmatiza nuevamente con la prostitución, drogas y delincuencia a todo Alto Hospicio“. Las mujeres aseguraron sentirse revictimizadas y “retraumatizadas” hasta el punto de que algunas de las madres han querido suicidarse. “El CNTV, con esta serie, solo incentiva y justifica la violencia hacia la mujer y los femicidios“, sostuvieron.

Las familiares criticaron “la falta de ética, profesionalismo y sentido de la humanidad, en circunstancias que [el CNTV] debe velar por contenidos que mejoren a nuestra sociedad” y lamentaron que desde el Estado se “agreda y discrimine” a ellas, como madres, a sus hijas y a todas las mujeres de Alto Hospicio y Tarapacá.

El CNTV y su conflicto de interés con el caso

Las Madres de Alto Hospicio contaron que el pasado 25 de julio presentaron una denuncia ante el CNTV en la que informaban a su presidenta de las condiciones “ilegítimas” en las que se aprobaron los 600 millones de pesos que se entregaron en 2016 al director de la serie, Juan Ignacio Sabatini.

Las denunciantes alegaron que una de las miembros del CNTV, Marigen Hornkohl Venegas, quien habría participado en la aprobación del financiamiento para a serie, fue objeto de una querella en noviembre de 2001, por los “delitos de omisión de denuncia y desacato a la orden del tribunal”, por el caso del psicópata del Alto Hospicio. La denuncia fue motivada por su actuar en el caso específico de la desaparición y muerte de Graciela Monserrat Saravia Tapia, una de las niñas víctimas del psicópata, hija de Débora Tapia Estelle.

La joven fue encontrada muerta en las cercanías de la Caleta Chanavayita en septiembre 1998, solo poco tiempo después de haber ingresado a un hogar del Sename. Ante la indiferencia de autoridades regionales y del Sename, los familiares recurrieron a Marigen Hornkohl, quien en la época se desempeñaba como jefe de gabinete de la entonces ministra de Justicia Soledad Alvear. Le informaron de lo ocurrido con Graciela y le solicitaron, a través de dos cartas -enviadas en febrero y mayo de 1999- que se abrieran sumarios investigativos. A través de un contacto telefónico, Hornkohl se comprometió con las madres a iniciar los sumarios, “pero nunca hizo nada”, recordaron hoy las mujeres, que no obtuvieron registro de estos sumarios ni en la dirección regional del Sename de Tarapacá ni en la de Arica. Además, pocas semanas después de la muerte de Graciela, el entonces director regional del Sename de la I Región, Valentín Volta, fue trasladado y “de un día para otro desapareció de Iquique”, expusieron las denunciantes.

“Frente a estas eventuales omisiones de denuncias, cambios inexplicables de autoridades o perdidas de documentos”, las Madres de Alto Hospicio presentaron una querella, en noviembre de 2001, en contra de la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, su subsecretario, Juan Antonio Gómez, y su jefa de gabinete, la mencionada Marigen Hornkohl. Pero su recorrido no fue el esperado. Según explicaron las mamás, el grupo de abogados que supuestamente se hizo cargo la querella “dejaron la causa abandonada”, en su opinión, “por conveniencias o miedo a enfrentarse a personajes influyentes y poderosos”. Por eso, el Tribunal terminó sobreseyendo la causa temporalmente. Y así quedó. Sin embargo, lograron que Hornkohl tuviera que declarar por el caso, pese a que entregó una versión “confusa, ambigua y con faltas a la verdad”. Pese al relato, las mujeres rescatan que la autoridad aceptó haber tomado conocimiento de los hechos, y que reconoció que “por exceso de trabajo no respondió a las denuncias”.

Todos estos antecedentes llegaron el pasado 25 de julio al CNTV, sobre la mesa de Catalina Parot, quien hasta ahora tampoco se ha pronunciado. Por eso las madres anunciaron que informarán de las “irregularidades” del CNTV al Congreso y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Ezzati y Miguel Piñera

En sus reflexiones finales, las familiares quisieron comparar su caso otros que si se hubieran producido en contextos más vulnerables, habrían sido tratados de forma distinta. Así, en primer lugar se refirieron a la imputación del cardenal Ezzati por delito de encubrimiento de delitos de abuso de menores. “¿Qué hay de distinto con lo ocurrido con Marigen Hornkohl Venegas?”, se preguntaron todas ellas.

En segundo lugar, mencionaron la relación que Miguel Piñera, hermano del presidente Sebastián Piñera, mantuvo con Carla Ochoa, una niña que al momento de ese vínculo tenía 15 años, casi 30 menos que Piñera. “Para una sociedad discriminadora como la nuestra, esta relación de dos personas adineradas y vinculadas a la clase política pareciera ser normal. Sin embargo, si ambos fueran vecinos de Alto Hospicio la visión sería totalmente distinta”, espetan. “¿Financiaría el CNTV una serie que relate esta historia de amor?”, lanzaron de forma retórica.

Lee el comunicado de las Madres de Alto Hospicio aquí:

comunicado alto hospicio

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