Este viernes un paréntesis se ha abierto en el enfrentamiento entre Gaza e Israel que, desde el pasado 30 de marzo cuando se convocaron las movilizaciones palestinas para exigir el retorno de los refugiados, desató una nueva ola de violencia, la más grave desde los ataques armadas de hace cuatro años.

Los enfrentamientos terminaron con la muerte de uno de los milicianos palestinas y una mujer embarazada y su hija de 18 meses. Eso porque la aviación de combate israelí provocó, desde la noche de miércoles, más de 150 ataques y bombardeos sobre el enclave costero. Por su parte, los palestinos dispararon unos 180 cohetes sobre suelo israelí, de los cuales 30 fueron interceptados y los demás cayeron en campo abierto con un resultado de 30 heridos, según informó Hamás, el partido islamista que gobierna en la Franja.

El cese de hostilidades, que entró en vigor la pasada medianoche tras los esfuerzos de mediación de Egipto y de la ONU, fue ratificado por fuentes de Hamás, pero no por el gobierno israelí, que se habría limitado a aceptar “mantener la calma”.

La tregua viene negociándose desde las últimas semanas, pero se duda de la disposición real de paralizar los ataques mutuos y llegar a un alto el fuego permanente.

Parte de las dificultades para llegar a acuerdos tiene que ver con la división política del bloque palestino: mientras en Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Al Fatah del presidente Mahmud Abbas, en Gaza lo hace Hamás, que no tiene la aprobación de Abbás para negociar por su cuenta. De hecho, el presidente palestino pidió el apoyo internacional para que Israel ponga fin a sus ataques aéreos.

Según cifras del Ministerio de Salud gazatí, desde fines de marzo, más de 160 palestinos han muerto por disparos de los soldados israelíes en protestas y enfrentamientos en Gaza. Los palestinos exigen el fin del bloqueo a la Franja de Gaza y el derecho a regresar a lo que fue su tierra o la de sus padres o abuelos y que hoy forma parte del territorio de Israel.