En pocos meses han ocurrido en Chile acontecimientos que nos hacen dudar de cuan consensuado está en la clase política chilena la condena a la violación de los derechos humanos perpetrada en la dictadura de Augusto Pinochet.

La libertad condicional a criminales de lesa humanidad, la designación como Ministro de Cultura a un hombre abiertamente negacionista, la absolución de 44 represores en la Sala Penal de la Corte Suprema, la privación de medidas de reparación a víctimas de la dictadura, entre muchas otras. La pregunta es, ¿nos debieran preocupar este tipo de hechos en una democracia que –con todos sus defectos- no ha vuelto a tener amenazas de convertirse en otra cosa hace décadas? Es más, podemos afirmar que desde la detención de Pinochet en Londres en 1998, resurgieron innegablemente las medidas vinculadas a la defensa de los DDHH: hubo un aumento exponencial de juicios por violación a estos (la “ola de judicialización” post-Londres), se constituyó la Comisión para la Prisión Política y Tortura (Valech), el Ejército de Chile el 2004 –dirigido por Juan Emilio Cheyre- asumió responsabilidad de los crímenes realizados en dictadura, se dejó de aplicar la Ley de Amnistía, surgió la figura de jueces con dedicación exclusiva por casos de violación a DDHH, la UDI (el partido heredero directo de la dictadura) construye una propuesta de DDHH (“La Paz Ahora”), etc. Me atrevo a decir que después de la detención de Pinochet en Londres surgió en Chile un modelo menos privatizado de hacer justicia. El Estado asume en mayor medida el deber de persecución penal y el sistema político se siente interpelado a incorporar aprendizajes.

Sin embargo, como ocurre en la historia, la trayectoria no es lineal. En paralelo a estos avances hemos visto tanto persistencias del pinochetismo vivo en Chile como señales que nos impiden dar por sentada esa supuesta cultura de respeto a los DDHH. Lo más evidente fue en el momento de la detención de Pinochet, donde surgió transparentemente el apoyo al exdictador. Políticos nacionales viajaron a darle apoyo (gran protagonismo tuvo Joaquín Lavín en su solidaridad activa realizando incluso giras internacionales para aquello). Lo menos evidente, y que es bueno recordar por ser bastante amenazante, es el “boicot” legislativo en el Parlamento cuando los parlamentarios que desaprobaban el arresto del dictador simplemente dejaron de ir a su trabajo produciendo una detención en materia legislativa. En asuntos más recientes vemos que Cheyre- el renovador del Ejército chileno- está actualmente procesado por el asesinato de quince presos políticos en el caso “Caravana de la Muerte”. Y están los pendientes de siempre: pactos de silencio que impiden conocer aún el destino de miles de detenidos desaparecidos y la ausencia de condena al Golpe Militar en TODOS los “gestos” de condena a la violación de DDHH que se han realizado (Cheyre lo justificó, la UDI también lo justificó en la propuesta mencionada).

¿Estar en alerta es una insistencia fastidiosa que no aporta? Creo que no. En parte, esta atención es para protegernos de que los herederos del legado de la dictadura vuelvan a dar otro zarpazo. Pero por otro lado, es exigir saber cómo se sostienen los proyectos democráticos que están llevándose a cabo. En estos aún no podemos hablar en serio de cómo entendemos la relación entre ética y democracia, reinan las banalizaciones de los DDHH (una simple muestra son las declaraciones de la Ministra Cecilia Pérez después de la salida del Ministro Rojas) y se insiste en empatar responsabilidades pretendiendo con eso anular 17 años de la represión más cruel que ha existido en la historia de Chile. Es preocupante que quienes en este momento están dirigiendo el país no hayan incorporado alguna reflexión moral que no se sustente en la mera oportunidad política que ven en aparentarla. Creo que tenemos derecho a dar por sentado que ellos conocen, por ejemplo, el Informe Rettig, pero la verdad es que no se está notando. Y cualquier persona que le haya echado una mirada a este informe y no quede destruida, es peligrosa. Por eso es un respiro que personas como Daniel Platovsky, asumido como “cómplice pasivo de la dictadura”, señale que jamás podría decir algo como lo dicho por Mauricio Rojas después de conocer lo que pasó en Chile. Es así de simple.

Hay una parte de la derecha chilena “de nuevo cuño” que nos viene insistiendo hace un tiempo en decirnos algo así como “¡fueron ellos, no nosotros!”. Y no…lamentablemente a 45 años del golpe eso todavía no nos consta.


Socióloga, Académica de la Escuela de Sociología en la Universidad Católica del Maule.