Uso el metro con alguna frecuencia, más de lo que quisiera a veces, lo cual implica también caminar por calles y avenidas, obligada a digerir las señales de una ciudad que devino en individualismo puro y duro como marca principal, con sus mil detalles cotidianos de una indiferencia que raya en la violencia abierta o sutil. Una de esas señales es el agolpamiento de personas de toda índole y edad que se instalan casi encima de las puertas del vagón del metro, no porque bajen en la próxima estación o la subsiguiente, no. Ocurre también en horarios en que hay espacio en los pasillos, una costumbre que no considera a quienes necesitan entran o salir del vagón, obstaculizando la pasada como si nada. Un ‘como si nada’ que se ha hecho parte del vivir cotidiano y que tantos problemas acarrea: el no hacerse cargo. (“Hacer como que nada, soñar como que nunca” es una crónica de Pedro Lemebel de la cual me acordé ahora).

Algo similar ocurre con quienes manejan autos y otros vehículos en Santiago, que pasan con luz roja, poniendo en riesgo no solo sus vidas. Se necesita que carabineros y cámaras de seguridad pongan más atención a estas prácticas y fiscalicen, para que los tribunales sancionen. “Todos quieren ser los primeros”, dijo el taxista joven que me trajo a la casa hace unos días, al conversar de cómo eran las cosas en la calle, en el metro, de cómo las vivíamos, de lo que originaba esas actitudes. “Todos quieren ser los primeros”, sabio resumen: individualismo puro y duro que se instila casi imperceptiblemente desde este capitalismo neoliberal, salvaje acá, impuesto por ‘la doctrina del shock’, vía golpe cívico-militar en 1973. “En otros lados hay más derechos”, dijo también este trabajador joven, con la película clara. Y si usted camina por la calle, tiene que ir esquivando y a ratos espetando a quienes transitan como zombis mirando el celular, alienación pura y dura. Cuando está el día despejado, sin esmog, miro la belleza de la cordillera y la vuelvo a mirar, para compensar.

Modos de vida cotidianos en los que impactan las penas menores para quienes cometen delitos de cuello y corbata, como se llama a los delitos de orden tributario y económico (colusión, desfalcos, corrupción, manejo de platas de todo el país -Soquimich, SQM- en el financiamiento irregular de la política, junto a Penta, etc). Grandes delitos que pasan colados. “Aquí no hay malas prácticas, hay delitos y a los delitos hay que perseguirlos y quienes incurren en esas conductas son delincuentes y hay que tratarlos como tales”, dijo el Fiscal Jorge Abott hace más de un año sobre esos delitos. Obras son amores, no meras razones habría que decirle.

“En Chile se encarcela la pobreza”, con estas palabras Nelly León recibió al Papa Francisco a comienzos de este año en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Eso por un lado.

Ahora, para rematar sobre nuestros ánimos, sobre la ciudad y el país entero, magistrados de la Corte Suprema concedieron ‘beneficios carcelarios’ a condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, por graves violaciones a los derechos humanos, obviando tal calificación. Se les otorgó la libertad condicional, basados en la normativa de la legislación nacional para toda clase de reos, e incluyeron en tales beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables según múltiples fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, como por ejemplo lo son los tratados suscritos y ratificados por Chile, actualmente vigentes, y lo es el jus cogens.

“Hacer como que nada, soñar como que nunca”. Hace diez años Pedro Lemebel escribió este texto sobre La Venda, el documental que realizó Gloria Camiruaga con mujeres torturadas durante la dictadura militar: “Y aunque duela decirlo, la cercanía compinche llamada compatriotas, la complicidad familiar de una esposa, hermana o madre que oculta a su hijo torturador, la complicidad cultural extasiada por el arte esos días de trapo negro, la farra incestuosa de la televisión y la prensa miliquera brindando con la borra fascista; todo eso tejió la venda de individualismo que le dio visa de ciudadano legal al monstruo torturador”.

En ese contexto, el modelo capitalista que se instalaba no hizo más que labrar en un terreno abonado de brutalidad normalizada, naturalizada, donde el terror, el asesinato y los desaparecimientos siguen siendo la sombra no resuelta ni debidamente reparada en el país, realidad que exige verdad y justicia.

Como bien dice la psicoanalista Martha Elva López Guzmán: “Testimoniar es un acto de denuncia para desprivatizar el daño y hacerlo circular socialmente. Es parte de la cura vencer los pactos de silencio, aquello de lo impensado de los aspectos indecibles de lo vivido, sus movimientos, desplazamientos y condensaciones. Parte de la cura es que el Estado reconozca el daño y asigne con su nombre lo sucedido en este caso, donde se ejerció tortura, se acometieron tratos y se impusieron penas crueles, inhumanas o degradantes. Mientras la verdad no sea nombrada en los lugares correspondientes, el desaparecimiento forzado, el asesinato y el genocidio no reconocido socialmente quedan en el cuerpo social destrozado y la trama psíquica singular de la vulneración”[1].

Hace poco escuché a dos ‘personalidades’ del mundo de los derechos humanos defender la decisión de los magistrados de la Corte Suprema: al abogado Héctor Salazar Ardiles, y a José Miguel Vivanco, director Para las Américas de Human Rights Watch. Me pregunto cómo concilian a nivel interno tal aberración. También escuché a la abogada Carmen Hertz y la claridad de sus argumentaciones consistentes, coherentes, muestran con nitidez el país dividido y esquizoide en que estamos obligados a vivir sus habitantes. Violencia sobre violencia. ¿Quién responde por esto?

[1] Informe pericial psicológico. Santiago, Chile, 2017 (texto inédito).


Feminista, Licenciada en Antropología