De nada sirvió que un mes y medio atrás un tribunal hubiera condenado a Segundo Contreras Venegas (29) por las agresiones que cometió contra su ex pareja, Gianina Rioseco (24); tampoco que le prohibieran acercarse a ella; ni que él ignorara esa orden y, de todos modos, unos días antes se hubiera inmiscuido en la casa en que ella vivía con el hijo de ambos y le quitara su celular y llaves. Gianina fue asesinada el 15 de marzo de 2017 a manos de Segundo, quien volvió a irrumpir en el lugar y la asfixió.

Solo en 2017 fueron 43 las mujeres que murieron producto de un femicidio, de acuerdo a los registros del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que, según la ley chilena, lo entiende como “el homicidio cometido contra la mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen”. De este modo, esta definición se reduce a las relaciones sentimentales, lo que explica la diferencia con otros conteos como el de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que entiende el asesinato por razones de género de forma más amplia.

En muchos casos las víctimas habían denunciado a su agresor previamente, existían medidas cautelares vigentes e incluso había órdenes de detención contra los agresores. Las cifras a las que accedió El Desconcierto en colaboración con la Fundación En La Lupa evidencian las grietas del sistema judicial chileno, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de las mujeres, cómo estos casos pudieron ser evitados y el proceso para dar justicia a las muertes.

Ineficacia de las medidas cautelares

De las 43 mujeres asesinadas en 2017 por quienes eran o habían sido sus parejas, 15 de ellas habían presentado una denuncia previa (34,8%) y en 7 casos existían medidas cautelares de distinto tipo. Pero eso no es todo. Dos de los femicidas incluso tenían condenas anteriores por violencia intrafamiliar: uno de ellos tenía tres sentencias por la misma causa, y el otro además tenía dos órdenes de detención pendientes.

Distintas investigaciones con respecto a la violencia de género en Latinoamérica han señalado que una de las principales causas que gatilla un femicidio es el término de la relación amorosa, y por lo tanto, uno de los períodos más vulnerables para las mujeres son los meses siguientes a él. Por ejemplo, un estudio desarrollado en Perú determinó que el 76% de las mujeres víctimas de femicidio fueron acosadas por sus ex parejas en los doce meses anteriores al asesinato.

Debido a lo anterior, Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, asegura que la importancia de las cautelares radica en que “hay muchas mujeres que con esas medidas logran alejarse definitivamente de los agresores, significan una especie de sello de que la relación terminó y logran verbalizar la violencia que sufrieron, toman conciencia de que lo que ocurrió es real, y en muchas ocasiones, pueden activar sus redes de apoyo”.

Sin embargo, la posibilidad de recuperarse de la violencia sufrida se ven truncada debido a la falta de protección que enfrentan las víctimas en momentos de especial cuidado que evidencian los datos. “Hay una doble falta por parte del Estado hacia las mujeres: por un lado, están las que utilizaron las herramientas institucionales y no fueron protegidas; pero también hay un número súper grande de mujeres que no lo hizo, probablemente porque existe una sensación general de que ellas no funcionan, no sirven”, explica Del Valle.

La abogada Ivonne Sepúlveda, de la Unidad de Violencia Intrafamiliar (VIF) del Ministerio Público, explica que las medidas que puede obtener una mujer pueden ser de dos tipos: cautelares, que son las que otorga un juez (de garantía o de familia) y que implican la restricción de derechos del imputado –prohibición de acercamiento–, y autónomas, que son las que no necesitan autorización judicial, como que Carabineros realice rondas periódicas y la entrega de mecanismos como un botón de pánico.

Sin embargo, también reconoce que “no hay una obligación legal que exija hacer seguimiento, por lo mismo tampoco existe una estructura orgánica que lo permita”. “La efectividad de las cautelares depende mucho de la capacidad de Carabineros, y también de que la misma víctima vaya reportando, por ejemplo, que el sujeto se acercó”, explica.

Hasta el momento, el Estado chileno ha adherido a distintos tratados internacionales como la Convención Belém do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) y la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), en las que se ha comprometido ha modernizar su institucionalidad sobre la materia. Un ejemplo es la alianza entre el Ministerio de la Mujer, Carabineros y el Ministerio Público para la creación de un Protocolo Interinstitucional, que permite evaluar los niveles de riesgo de las denuncias y determinar qué medida cautelar –de las señaladas– se aplica en cada caso.

Pero Del Valle indica que el Estado no puede destinar solo fuerzas policiales al asunto y asegura que la clave se encuentra en la coordinación con organizaciones territoriales. “En otros casos, como por ejemplo narcotráfico, se ponen cámaras de vigilancia y se crea una serie de recursos humanos para que se cumplan estas formas de protección. Pero para estos casos, en otros países existen organizaciones sociales como juntas de vecinos y ONGs que están cerca de las mujeres que las ayudan en una serie de cosas prácticas como tener números de teléfono a mano, organizar cómo ir a dejar a los niños al colegio y qué rutas usar para ir a su trabajo”.

/ Agencia Uno

Casi la mitad de los femicidas se suicida

Fue la hija de 14 años de Amparo Lagos (32) y y Raúl Mallea (39) quien, al entrar en el dormitorio principal de su casa, se encontró con los cadáveres de sus dos padres. Él ya no vivía en el lugar hacía varios meses, pero según contaron los vecinos luego, había amenazado a su ex pareja en varias ocasiones, hasta que el 29 de marzo la apuñaló en el cuello hasta dejarla sin vida, y luego se suicidó ahorcándose con una sábana.

Así como tras la muerte de Amparo, un dato que destaca con respecto a los femicidios que ocurrieron en 2017 es que en 19 casos (43,2% del total) el agresor posteriormente se quitó la vida. 

Desde la psicología el suicidio es todavía un asunto de complejidad, aún en discusión, y distintos especialistas aclaran que cada caso es particular y responde a las características y condiciones de cada individuo. Sin embargo, algunas aproximaciones indican que existen factores que pueden influir, como la relación de domino que se establece entre el agresor y la víctima y cómo ella es un reflejo de la estructura psíquica del primero.

En el artículo “El feminicidio/suicidio: Una forma extrema de violencia de género”, el psicólogo Javier Antúnez plantea en primer lugar, con respecto a los femicidios, que “la relación de la pareja está basada en el dominio del varón sobre la mujer y ciertos actos violentos son los que mantienen a la pareja unida. El riesgo de un feminicidio/suicidio aumentaría de haber una ruptura o una amenaza o aviso de tal. Es el desequilibrio en la relación de poder establecida en la pareja lo que precipita al varón a realizar estos actos como forma de recuperar el dominio”. 

De ese modo, explica que “casi todos los agresores matan a la mujer después de que ella haya decidido abandonarles. Es la pérdida de control lo que precipita el asesinato, y también el suicidio posterior. En violencias sistemáticas, el agresor machista ha construido su universo vital prácticamente alrededor de la dominación traumática de una mujer. Cuando es prolongado, el sometimiento de otro ser humano acaba convirtiéndose en el centro de la vida del agresor, es el referente que le otorga significado primordial a su existencia. Cuando desaparece ese centro, la vida pierde sentido para el torturador”. 

La psicóloga y psicoanalista Paula Sáez concuerda con el planteamiento y, si bien se aleja de las generalizaciones, vincula el fenómeno con el patriarcado: “En términos psicológicos podríamos decir que todo el narcisismo del hombre –entendido como el amor propio–, cuando se constituye en torno a la dominación de una persona que le da el poder, le da la existencia, en el fondo sostiene la inseguridad masculina, y desaparece el objeto que le da la seguridad masculina, también desaparece ella efectivamente. Entonces ahí el gesto suicida tiene que ver con eso, la desaparición del otro también es mi propia desaparición”.

En material judicial, Ivonne Sepúlveda explica que, pese a que el agresor se suicide, en cada una de estas muertes se inicia una causa por el delito de femicidio: “Lo que va a ocurrir ahí es que la causa termine en un sobreseimiento definitivo, precisamente porque el sujeto se quitó la vida, y por lo tanto, no hay otra forma legal de terminarla. No hay condena porque solo se condena a una persona viva. Eso sí, siempre hay una investigación, porque pueden haber más aristas”.

Pero más allá de los procesos en tribunales, las principales críticas de distintas organizaciones feministas apuntan a que, pese a que el agresor se suicida, existe una responsabilidad de parte del Estado cada vez que ocurren hechos de este tipo, por lo que se debieran implementar medidas preventivas como reparatorias para los familiares, especialmente para los hijos, que en gran parte de los casos de este tipo son institucionalizados.

Demora en el proceso judicial

José Antonio Paredes, Segundo Eugenio Contreras y Michaelle Nicolás Lillo son los nombres de los únicos tres hombres con las respectivas condenas por femicidio del 2017 (superiores a los 12 años de cárcel) que se están cumpliendo actualmente. Por otro lado, descontando los casos en que el femicida se suicidó, existen 23 procesos que aún se encuentran en distintas fases de desarrollo, ya sea con su investigación aún en curso o en espera del inicio del juicio oral.

De ellas, 6 causas aparecen en el sitio del Poder Judicial bajo la calificación de “suspendidas”, lo que se explica porque en muchas ocasiones, los sujetos argumentan que cometieron el delito en estado de “enajenación mental”, por lo que es necesario suspender la causa hasta determinar si es que se encuentran o no con una patología mental.

En más de la mitad de los casos ya ha pasado más de un año desde el suceso, lo que es criticado por Silvana del Valle. “Todas las herramientas internacionales nos indican que la revictimización, no solamente de la víctima principal sino que de los hijos, los familiares, es la consecuencia de los procesos largos. Estas personas se ven afectadas directamente porque no logran encontrar justicia, y por lo mismo, la reparación no llega”.

“En ese sentido, esos instrumentos internacionales nos indican que deberíamos tener procesos más rápidos y directos, y sin embargo, no lo estamos cumpliendo. Y además, en los seguimientos de las aplicaciones de las convenciones, siempre el Estado de Chile tiene recomendaciones en ese sentido de que se están haciendo las cosas demasiado lento y deberían apurarse”.

/ Agencia Uno