Integrada por más de 60 agrupaciones de todo Chile, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile manifestó su pesar y repudio ante la reciente expulsión colectiva de 51 ciudadanos colombianos, despachados en un mediático proceso este jueves 16 de agosto.

Estas acciones, que calificaron como una “política de ‘limpieza’” se enmarca, según manifestaron, en una “puesta en escena del populismo punitivo con el que el gobierno ha abordado las migraciones, y que ha profundizado al punto de criminalizar sin ninguna posibilidad de perdón, con una tolerancia cero a aquellos que justamente han debido salir de sus países en los que ya son generalmente, muertos cívicamente, sin la posibilidad de construir nuevos destinos para sus vidas”.

A esto se suma la directa y flagrante criminalización de las personas por parte del gobierno, aún cuando de los 1.119.267 migrantes en Chile, el número de extranjeros privados de libertad es de 1.161, es decir el 0,1% del total.

“Las medidas que está tomando el gobierno chileno son completamente arbitrarias y carecen de cualquier perspectiva de Derechos Humanos. Incluso, van en contra del Derecho Internacional que se opone a las deportaciones masivas o colectivas. Tanto el racismo de Estado, como el populismo punitivo con el que operan, no pueden sino entenderse como acciones contrarias a los Derechos Humanos. Expulsar por cuotas es arbitrario y supone desconocer que las expulsiones solo pueden ser decididas por el poder judicial luego de un proceso individualizado y no masivo”, enfatizaron desde la organización.

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Mira acá el comunicado completo:

Pronunciamiento contra la criminalización y expulsiones

Como Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, deseamos mostrar nuestro pesar respecto a las expulsiones colectivas que se han registrado hasta el momento, en el marco de un plan regulador mayor del gobierno de Sebastián Piñera que tiene como fin lograr la expulsión de 2.000 personas a fin de año. Hasta el momento, durante la segunda semana de agosto, el gobierno hizo deliberadamente propaganda con la expulsión de 51 ciudadanos colombianos con antecedentes penales en el país de origen.

Estas políticas de “limpieza” son herederas del racismo más inhumano. La selección de seres humanos y “matar” cívicamente a las personas por haber cumplido condenas, solo se pueden entender en los gestos más crueles y lejanos a cualquier tipo de humanismo.

Hace unos meses, se celebraba el Proceso de Regularización Extraordinario. En ese contexto, las autoridades pidieron confianza, e incluso organizaciones autónomas del Estado, llamaron a confiar en el proceso. Lamentablemente, ahora se deja entrever el verdadero fin de este proceso, que no es más que la puesta en escena del populismo punitivo con el que el gobierno ha abordado las migraciones, y que ha profundizado al punto de criminalizar sin ninguna posibilidad de perdón, con una tolerancia cero a aquellos que justamente han debido salir de sus países en los que ya son generalmente, muertos cívicamente, sin la posibilidad de construir nuevos destinos para sus vidas.

Ellos –justamente- son quienes han encontrado otros destinos para sus vidas y que han demostrado en los hechos, en las cifras, que haber incurrido en algún delito no significa que lo hará nuevamente.

A marzo de 2018, según datos del DEM, hay un 1.119.267 migrantes en Chile, mientras que a Junio de 2018 el número de extranjeros privados de libertad es de 1.161, es decir el 0,1% del total de personas extranjeras residentes en Chile.

Así conocemos algunas historias de los expulsados, como Edwin Caicedo, una persona nacida en Colombia que hace 9 años vivía en Chile. Caicedo fue condenado por hurto en Colombia hace 12 años, pagó su condena en el país y luego vino a Chile con su madre, hermana, hijo y sobrinos. Él fue citado el 15 de agosto para regularizar su situación administrativa, pero antes de ello, llegaron a su casa 2 oficiales de la PDI pidiéndoles que los acompañara. Esa fue la última vez que vio a su familia. Ahora tiene prohibición absoluta de volver a ingresar al país por al menos una década. ¿Cuantas historias como las de Edwin Caicedo conoceremos para evidenciar la criminalización, discrecionalidad y arbitrariedad de esta situación?

Las medidas que está tomando el gobierno chileno son completamente arbitrarias y carecen de cualquier perspectiva de Derechos Humanos. Incluso, van en contra del Derecho Internacional que se opone a las deportaciones masivas o colectivas. Tanto el racismo de Estado, como el populismo punitivo con el que operan, no pueden sino entenderse como acciones contrarias a los Derechos Humanos. Expulsar por cuotas es arbitrario y supone desconocer que las expulsiones solo pueden ser decididas por el poder judicial luego de un proceso individualizado y no masivo.

Es por ello que hacemos un llamado a todxs quienes crean que la movilidad humana no es un privilegio, que la movilidad humana es un constante continuo en la historia de la humanidad, que migrar es un derecho tanto como no hacerlo; a todos quienes empatizan con la realidad que están viviendo las personas inmigrantes y residentes, vecinxs, amigxs, compañerxs de trabajo, que ya son parte de nuestras comunidades, de nuestras vidas, y no deben por ningún motivo ser expulsados como personas sin derechos.