Las 57 universidades públicas de Argentina están en huelga desde este martes y hasta el viernes para reclamar mejoras laborales en medio del complejo escenario que el país transandino enfrenta tras el ajuste fiscal que el presidente Mauricio Macri comprometió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los tres principales sindicatos de docentes universitarios y los colegios secundarios que dependen de ellos, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, dos centros considerados de excelencia académica, se sumaron al paro que los sectores más combativos llevan a cabo desde el inicio del segundo cuatrimestre académico, hace tres semanas.

La principal demanda de los profesores es una subida salarial del 30%, ajustada a la inflación prevista para este año, pero la oferta del ejecutivo, que argumenta que no hay recursos suficientes, se queda sólo hasta la mitad (15%), una cifra considerada inaceptable por los sindicatos. En enero ya se acordó un aumento del 15% dividido en tres tramos, pero desde entonces el peso ha ido perdiendo su valor, hasta la mitad, el dólar pasó de 20 a 30 pesos por unidad y el IPC se disparó. Eso pronostica que la inflación de diciembre estará por encima del 30% interanual, por lo que se levantaron nuevos reclamos.

Desde el Ministerio de Educación propusieron negociar los salarios cuando los profesores depongan el paro, pero las organizaciones de docentes reclaman “una respuesta efectiva” y denuncian que la falta de financiamiento terminará por promover el éxodo hacia las universidades privadas. Por eso la demanda salarial se mezcla esta vez con otros reclamos estructurales, como más financiamiento para investigación e infraestructrua. El reclamo cuenta con el apoyo más o menos velado de los rectores.

El rescate financiero de 50.000 millones de dólares que el FMI entregó a Macri a cambio de profundos recortes presupuestarios ya está pasando factura a las universidades públicas. Los rectores temen que en 2019 queden sin fondos para cubrir las nóminas, que suponen el 80% de todo el gasto universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se agrupan los directivos, ya advirtió al gobierno que el año que viene necesitará para sus “gastos mínimos e indispensables” un 32% más de recursos que en 2018.

La próxima semana, en la que los sindicatos convocaron una movilización para el jueves que se prevé multitudinaria, se debatirá en el Congreso el presupuesto nacional que contempla para las universidades una partida 25% mayor que la de este año, pero aún por debajo de los reclamos de los académicos.