Por estos días, emerge con fuerza la exigibilidad de derecho por parte de los familiares de las víctimas de la dictadura cívico-militar y organismos de derechos humanos así como parte de la sociedad civil. La demanda de una justicia real, frente a la libertad otorgada por jueces chilenos a quienes han sido condenados por violaciones de derechos humanos, aludiendo razones humanitarias, es una situación que debe al menos llevar a reflexionar sobre cuál es el sentido de la justicia.

Este hecho no deja de sorprender no sólo por la situación misma, es decir, extender la impunidad y promover un cómodo olvido frente a hechos que han sido condenados por la justicia nacional e internacional. También porque esta información pasa desapercibida, en medio de los noticiarios que colman sus espacios informativos con hechos de carácter delictual. Parece ser que una de las características de las democracias neoliberales se relaciona con aquello que no genere molestias, es decir, que permita seguir la suma de los días sin mayores sobresaltos,  que mantenga la zona de confort que se fomenta con todo tipo de elementos que no permiten la reflexión  cotidiana –como señalaba hace un tiempo Humberto Giannini-.

Y es que la perversa zona de confort en la que nos encontramos, fomenta diferentes sentidos de impunidad, donde muchas veces el silencio cotidiano es cómplice de otras violencias, como la doméstica, aquella que no logra ser tipificada por quienes resguardan la ley, porque se queda en el denominado “vacío legal”. Me refiero a las violencias que experimentan día a día las personas que en cierta medida son más  vulnerables, entre ellas, mujeres, ancianas y ancianos, niños y niñas, si agregamos la variable de clase, y agudizamos la mirada podremos hacernos un panorama general de las violencias cotidianas, esas que se expresan en gritos, descalificaciones, humillaciones y amenazas, pero que no pueden ser tipificados de violencia doméstica, bien porque no ha sido “constante en el tiempo”, o “porque sólo ha sido un hecho aislado”.

Es ese tipo de impunidad al que me refiero, donde el agresor queda libre, goza incluso de la aceptación de vecinos y vecinas, indicado que “es muy respetuoso y educado”, más aún, respaldado por familiares, quienes indican “que es mejor no acercarse”, no “compartir un espacio común, para evitar problemas”, dejando entrever que las víctimas son un problema, y no el victimario, y que naturaliza las violencias. No se intenta equiparar estos problemas como si fueran similares, puesto que no lo son. De lo que se trata, es de ampliar la reflexión, puesto que si somos “cómplices pasivos” que otorga nuestro silencio frente a esas violencias cotidianas, con el argumento de “no generar problemas”; si existe una sociedad civil pasiva y alienada, donde aquello que debiera ser importante al parecer no lo es, qué más podemos esperar frente a este tipo de fallos, es decir, los indultos a criminales de lesa humanidad.

Lo grave es también que gran parte de la sociedad se queda subsumida en el piadoso silencio, ese que otorga y también quita. Porque quien calla es cómplice. De lo que se trata entonces, es de pensar sobre los distintos sentidos que tiene la impunidad, y promover una reflexión más profunda respecto de lo que significa la dignidad de derecho, que por cierto todas y todos tenemos, pero que implica a su vez respetar las condenadas de los victimarios. Una sociedad que se encoje de hombros, que mira hacia otro lado como si no pasara nada, o bien, apoya el neoliberal argumento del olvido, permite a su vez los otros sentidos que tiene la impunidad, donde el silencio y desidia es sólo el punto de partida para ser cómplices de situaciones como esta, que avergüenzan y faltan el respeto a la dignidad de las víctimas y sus familiares.