Ha pasado ya una semana desde que se destapó el enfrentamiento que por estos días se vive al interior de la Contraloría y que involucra a sus principales autoridades. Todo empezó cuando el contralor Jorge Bermúdez le solicitó la renuncia a la subcontralora Dorothy Pérez –por sus vínculos y la citación a declarar en la investigación por el fraude de Carabineros–, decisión a la que ella se negó al asegurar que no tenía la potestad para removerla de su cargo, y que inició una batalla que terminará, probablemente, en la Corte Suprema.

Pero más allá de la discusión sobre quién puede remover cargos que han sido establecidos como inamovibles, el conflicto interno además ha dejado en evidencia la relevancia que ha adquirido el organismo durante este segundo mandato de Sebastián Piñera –que ha optado por legislar una serie de asuntos vía decreto– y cómo eso ha acentuado la distante relación que Jorge Bermúdez tiene con el mundo político.

Bermúdez fue propuesto por el gobierno de Michelle Bachelet y ratificado en el cargo en diciembre de 2015, luego de la fallida nominación de Enrique Rajevic, y se ha caracterizado por mantener un perfil con escasos nexos con los partidos políticos –a diferencia de su antecesor, Ramiro Mendoza, quien arribó en el comando de campaña de Sebastián Piñera, y Dorothy Pérez, quien es reconocida como cercana a la ex Nueva Mayoría–, lo que ha derivado en que ni oficialismo ni oposición se encuentren totalmente conformes con su gestión y se manifiesten reparos a su conducción.

Por lo mismo, este enfrentamiento ha sido aprovechado por integrantes de ambos bandos para cuestionar tanto a la institución misma como a la autonomía de sus definiciones.

  1. El protocolo de aborto en 3 causales (9 de mayo, 2018)

Fue el primer encontrón entre la Contraloría y el gobierno. Habían pasado solo dos semanas desde el cambio de mando cuando la administración de Sebastián Piñera modificó el protocolo sobre la ley de aborto en 3 causales que dejó Michelle Bachelet, y que impedía que las clínicas que tuvieran convenios gineco-obstétricos con el Estado pudieran declarase como objetoras de conciencia.

El nuevo reglamento daba luz verde para que dichos establecimientos pudieran negarse a practicar abortos sin ningún impedimento, sin embargo, tras una solicitud de la oposición, finalmente el organismo terminó señalando que el nuevo documento no se ajustaba a derecho, y el gobierno tuvo que dar un paso atrás y redactar un tercer texto. 

La decisión no fue bien recibida y despertó una serie de críticas, especialmente desde Chile Vamos, quienes aludieron a la falta de conocimientos técnicos de Bermúdez en la materia. Por ejemplo, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) señaló: “Bermúdez fue designado contralor, pero se cree Dios, Amo, Señor y Presidente de la República”.

2. Sumario a La Moneda (febrero 2016)

La irrupción de los casos Caval y SQM sin duda desestabilizaron la popularidad del gobierno de Michelle Bachelet, y alcanzaron a dos de sus figuras más cercanas (Sebastián Dávalos y Rodrigo Peñailillo) hasta un punto que se convirtió en irreversible. En ese contexto, Contraloría inició un sumario a la unidad de administración de La Moneda y el principal perjudicado fue precisamente el administrador del palacio, Cristián Riquelme, quien terminó removido de su cargo.

Sus vínculos con el oficialismo eran varios. Ex integrante del G90 y cercano a Rodrigo Peñailillo, Riquelme había ocupado el mismo cargo durante el primer mandato de Michelle Bachelet e incluso fue director de Somae, la empresa creada para gestionar los gastos de campaña de la entonces candidata presidencial.

Entre otras cosas, fue cuestionado por su responsabilidad como jefe administrativo en el formateo del computador de Sebastián Dávalos cuando era director sociocultural de La Moneda y por habérselo ocultado al ministro Marcelo Díaz. También por haberse reunido con Juan Díaz, uno de los formalizados en el caso Caval, pero especialmente por las omisiones que realizó en su declaración de patrimonio y los negocios que empresas fundadas por él suscribieron con el Estado entre 2013 y 2015.

3. Distante de la oposición (mayo–julio 2018)

Desde la llegada del gobierno de Sebastián Piñera, la oposición ha solicitado una serie de pronunciamientos por parte de Contraloría sobre hechos relacionados con el Ejecutivo, sin embargo, sus resoluciones no siempre los han dejado contentos.

Un ejemplo es la denuncia que en julio pasado presentaron los diputados socialistas Manuel Monsalve y Leonardo Soto en contra del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por haber realizado un viaje a Boston para participar del día del ex alumno de la universidad de Harvard y que fue financiado con recursos públicos que luego serían repuestos. Pese a los reclamos, en esa ocasión, Contraloría determinó que no se podía calificar la actividad como de carácter personal, por lo que no se advirtió falta de probidad.

Previo a eso, en mayo, también desfavorable para los mismos parlamentarios terminó la solicitud que presentaron contra el nombramiento de Juan Benavides como nuevo presidente del directorio de Codelco por “no poseer antecedentes comerciales intachables”. Esto debido a la multa que recibió de la SVS en su rol de era director de Fasa en 2010, en medio del caso de colusión de las farmacias. Contraloría desestimó el requerimiento, aseguró que la sanción no suponía inhabilidad y tomó razón del nombramiento.

4. Freno al uso excesivo a la imagen de Cathy Barriga (junio, 2018)

Una de las figuras más mediáticas del oficialismo, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, también fue alcanzada por uno de los dictámenes del organismo en junio pasado, cuando determinó que el municipio debe abstenerse de incorporar la imagen de la líder comunal en los canales de difusión de actividades municipales como gigantografías, afiches y lienzos.

Lo anterior luego de que se denunciara un uso excesivo de la imagen de la alcaldesa”, debido a que aparece representada –en forma de caricaturas– en distintos anuncios sobre eventos como talleres, exposiciones y celebraciones.

El organismo indicó que son las municipalidades las que prestan los servicios que se anuncian en cumplimiento de sus funciones “y no las autoridades en forma independiente, como pudiera entenderse de una excesiva explotación de su imagen”.

5. Falencias en la farmacia popular de Recoleta (mayo, 2018)

Un duro informe sobre la farmacia popular de Recoleta, implementada por el alcalde Daniel Jadue (PC) develó falencias en su gestión. En específico, se analizaron las cuentas del año 2016 y se consignó que había diferencias en el presupuesto, rebajas de inventario no justificadas y recursos utilizados para pagar deudas municipales.

El texto además advirtió diferencias en los recursos destinados desde el municipio: según el escrito, ellos ascendieron a $318,7 millones, pero el monto difiere del señalado por la directora del Departamento de Salud, María Eugenia Chadwick, que corresponde a $133,4 millones, y con lo aprobado por el concejo municipal ($220,2 millones).

Contraloría además señaló que el 64% del total ($204,4 millones) fue solicitado para el pago de deudas con laboratorios, sin embargo, según el ente fiscalizador, estos “fueron utilizados para el pago de compromisos anteriores que tenía el Departamento de Salud Municipal”.

Bonus

Además de los casos mencionados, también existe un largo listado de procesos de fiscalización y auditoría que ha realizado Contraloría y que han terminado con informes que han afectado, e incluso revelado fraudes, por parte de autoridades de distinto color político.

Dentro de ese extenso listado se encuentran los casos de las Fuerzas Armadas, pensiones en Carabineros, SENAME, Gendarmería, CONAF, Caso Codelco, Millonaria e histórica Deuda Hospitalaria, Manipulación de Lista de Esperas, Cau Cau, Puente Chacao, entre otros.