La polémica decisión de la Sala Penal de la Corte Surprema de liberar a siete ex agentes de la dictadura condenados por diversos delitos, bajo la modalidad de libertad condicional, provocó una inédita acusación constitucional en contra tres de los magistrados del máximo tribunal del país.

La acción, dirigida en contra de Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, causa polémica en el mundo del derecho respecto a si corresponde o no realizarla. Uno de los puntos polémicos es que Dolmetsch, si bien siempre ha tenido una postura favorable a la libertad condicional de genocidas, también tuvo un rol clave en la condena de varios de los reos que hoy están en Punta Peuco.

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La polémica aumenta ahora con una carta suscrita por una serie de abogados y académicos, todos ligados al mundo de los derechos humanos, en el que cuestionan a los diputados que dirigieron la acción contra los jueces.

“Quienes suscribimos entendemos que, en este caso particular, más allá de cualquier discusión sobre la legitimidad del ejercicio de esta facultad constitucional por parte de los parlamentarios, no podemos desatender la trayectoria de los Ministros acusados, y queremos dar fe de su contribución, desde su alta función, a materializar a través de sus sentencias la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en distintos ámbitos de la vida de nuestra sociedad”, dice la misiva.

A continuación, se pone el punto precisamente en la labor de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que a lo largo de los años no han tramitado ningún proyecto que eleve los estándares mínimos para otorgar libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad.

Entre los firmantes se encuentran conocidos litigantes en causas de Derechos Humanos, como Nelson Caucoto, Héctor Salazar y Roberto Celedón, además de otros abogados vinculados a la DD.HH. como Sebastián Saavedra, Karina Riquelme y académicos como María Emilia Tijoux y Cath Collins.