Tras las declaraciones realizadas por la intendenta Karla Rubilar tras el Superclásico del fútbol chileno, sobre la necesidad de sancionar al Estadio Monumental por los desórdenes ocurridos durante el partido, una serie de amenazas llegaron a su cuenta de Instagram: “No te metas con la GB (Garra Blanca). Te irá mal. Recuerda que antes de ser intendenta eres una sola persona, y nosotros? Cinco mil, 10 mil, que te tenemos puro odio”, decía uno de ellos.

Ese y otros mensajes fueron denunciados por Rubilar al OS9, lo que provocó una investigación de la policía en redes sociales. Desde la institución aseguraron que cuentan con un grupo especializado para detectar las amenazas que circulan en la red.

En específico, el equipo está compuesto por cuatro ingenieros, encargados de realizar “ciberpatrullajes” en las distintas redes sociales, con el objetivo de encontrar conductas delictuales en Internet, según consigna La Tercera.

La teniente Javiera García, vocera del OS9, señaló que el equipo en cuestión “mantiene monitoreos o patrullajes virtuales revisando muchas redes sociales. Cuando hay algún comentario que indica directamente la intención de agredir gravemente a una persona, como, por ejemplo, un te voy a matar, se enciende la alerta que la configura como una amenaza a considerar y a investigar junto al Ministerio Público”.

Luego, la víctima de las amenazas es contactada y se lleva a cabo el rastreo, aunque precisó que “es mucho más fácil y más rápido cuando existe la denuncia, porque ahí se entregan antecedentes por mensajería interna u otros de contenido más explícito”.

Durante esta semana también estuvo en el centro del debate las supuestas amenazas de un estudiante de Derecho contra la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. Fue el equipo del OS9 el encargado de identificarlo y determinar su ubicación para citarlo a declarar ante la fiscalía.

“Cuando son perfiles de muchos seguidores, por ejemplo de autoridades, se establece una vigilancia permanente, porque tienen más visitas y se mantienen en alerta mensajes que pudieran tener una connotación más delictual”, agregó García.

Según el Código Penal, el delito de amenaza se considera cuando alguien realiza una advertencia a otro “con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho”. Las penas van desde 541 días a tres años y un día de presidio.

Sin embargo, los especialistas aseguran que el delito de amenazas tiene ciertos requisitos para ser considerado real. Por ejemplo, la manifestación en un grado concreto del fin de intimidar al otro y también cierto grado de credibilidad respecto a su advertencia.