Un particular y poco habitual despliegue en las redes sociales de las distintas intendencias del país fue el que se realizó durante la tarde del martes, luego de que en el Congreso fracasara la tramitación del reajuste salarial mínimo.

Las cuentas de Twitter de cada una de las intendencias del país adhirió al hasthag #NoAlBloqueo y etiquetó a los parlamentarios de la región correspondiente –de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio– para cuestionarlos y culparlos por su votación en el proyecto, del que el gobierno y la oposición se responsabilizan  por el revés.

Algunos de los mensajes aún se mantienen en las redes sociales, pero muchos de ellos fueron borrados a las horas de haber sido emitidos.

A los minutos, distintas figuras de la oposición como Alejandro Guillier y Yasna Provoste (DC) acusaron al gobierno de utilizar recursos públicos para “difundir información tergiversada e inexacta” y utilizar las cuentas institucionales “para atacar parlamentarios”.

En ese contexto, salió a la luz un dictamen que Contraloría emitió a fines del año pasado, que se refiere a los mensajes en las cuentas de Twitter oficiales de los organismos públicos y que prohíbe que se difundan declaraciones que tengan por objeto favorecer o perjudicar candidaturas, tendencias o partidos políticos.

Lo anterior luego de que un grupo de parlamentarios de Chile Vamos –Gonzalo Fuenzalida, Paulina Núñez, Juan Antonio Coloma, María José Hoffman, Claudia Nogueira, Nicolás Monckeberg y Felipe Ward– presentaran un requerimiento “en contra de las declaraciones que efectuaron Mahmud Aleuy y Nicolás Eyzaguirre, que a la época ejercían los cargos de Ministro del Interior (s) y Ministro Secretario General de la Presidencia, respectivamente, en contra de quien en ese entonces poseía la calidad de ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, y que fueron reproducidas por la cuentas de Twitter oficiales de dichas carteras de Estado”.

En el dictamen, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, se señala que “los servidores y autoridades de gobierno están impedidos de realizar cualquier actividad de carácter político utilizando bienes públicos, entre las cuales cabe considerar no solo la participación en eventos, reuniones o proclamaciones de ese carácter, sino que además -y en armonía con lo resuelto en el oficio N° 54.207, de 2011, de este origen- las opiniones o declaraciones de contenido político o que aludan o afecten a determinadas tendencias políticas”.

Además, el texto agrega que “procede que las autoridades se abstengan de emitir o reproducir, a través de medios oficiales de los organismos del Estado, declaraciones con las características antes puntualizadas, a fin de prevenir situaciones como las analizadas”.

Debido a lo anterior, el diputado de la región de Magallanes, Karim Bianchi, presentó una nueva solicitud de pronunciamiento a Contraloría con respecto a la intendencia de esa región, y su titular María Teresa Castañón, con respecto a quienes “utilizan medios fiscales con fines políticos, tal como ha señalado la jurisprudencia anterior del ente fiscalizador”.