Es un debate incómodo, espinoso y con muchos matices, en el que todavía no hay posiciones unánimes consensuadas dentro del movimiento feminista y de las organizaciones de derechos de las mujeres.  Hay opiniones generales al respecto, pero el debate requiere poner el foco en los matices y dejar al lado las posturas binarias. No siempre sirve el blanco y negro.

La detención de una pareja chilena el pasado fin de semana en Perú cuando pretendía regresar a Chile con dos recién nacidos gestados por subrogación por otra madre ha abierto el incipiente debate acerca de los vientres de alquiler. Una discusión cada vez más necesaria de dar porque cada vez existen más factores que hacen aumentar esa demanda: el atraso de la maternidad en la vida de las mujeres, los avances tecnológicos, los impedimentos para los procesos adoptivos, son algunos de ellos.

Con la maternidad subrogada o el “vientre de alquiler” una pareja o persona a título individual solicitan a una tercera el uso de su vientre para que, a través de técnicas de reproducción asistida, se convierta en depositaria del material genético de ambos y geste el embrión durante los nueve meses hasta el parto. Los solicitantes suelen ser parejas que han tenido problemas de salud para embarazarse o bien uniones formadas por dos hombres. De hecho, precisamente por eso las relaciones entre la comunidad gay y las feministas se tensionaron, sobre todo en los países donde se planteó ese debate, como España, hasta el punto que las activistas acuñaron el término “gaycapitalismo”, para rechazar que precisamente desde la diversidad sexual se avalen prácticas consideradas patriarcales y neoliberales para muchas.

La gestación por sustitución se presenta de distintas formas según cada país. Algunos regulan todo el proceso  -desde la inserción de los óvulos fecundados, hasta la inscripción del menor nacido-, otros permiten esta práctica con requisitos específicos, por ejemplo solo entre familiares y sin pago de por medio, o bien solo por motivos médicos, como en Uruguay; mientras que también existen aquellos que lo consideran como un “servicio” por lo que a través de una relación contractual, a menudo gestionada a través de agencias, las familias pagan montos que oscilan entre los 3.000 y los 60.000 dólares. Es el caso de Hungría, India o algunos estados de EE.UU. En caso del matrimonio chileno, por ejemplo, desembolsaron tres mil dólares por el procedimiento médico (unos dos millones de pesos chilenos) y luego 1.200 dólares mensuales (cerca de 795 mil pesos), a la madre gestante. En Perú la práctica no está regulada.

En Chile, el Código Civil establece que “la maternidad queda determinada legalmente por el parto, cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz constan en la partida”. Es decir, es madre quien realiza el acto de parir, por lo que si finalmente la mujer que ha gestado no quiere entregar su bebé, no tiene obligación alguna de hacerlo. Por lo mismo, si ocurriera al revés, y fueran los futuros papás los que se echaran atrás, dejarían en el total desamparo a ese bebé que viene en camino y a la mujer que prestó su útero.

En noviembre de 2017, los diputados Miguel Ángel Alvarado y Loreto Carvajal, ambos del PPD, ingresaron un proyecto de ley que pretendía regular los vientres de alquiler. La iniciativa permitía que mujeres de entre 25 y 45 años, inscritas en un registro de gestoras, pudieran disponer sus vientres de forma gratuita y altruista para parejas en busca de la paternidad y maternidad. No ha sido la única propuesta que los políticos han lanzado sobre el tema. En 2008 la bancada UDI presentó un texto para intentar penalizarlo, con sanciones de presidio mayor en su grado medio a la madre gestante, a aquellos que entreguen el material genético y a los facultativos que lo faciliten.

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¿Qué opina el feminismo?

La terminología de esta práctica es el primer punto con el que topa el movimiento. ¿Cómo lo nombramos? Vientres de alquiler, gestación subrogada, gestación por sustitución. Son tres formas que para algunas también tienen matices específicos. Mientras que en el concepto de “alquiler” queda manifiesto la vinculación con el lucro, como si del arriendo de un servicio se tratara, con la subrogación hay quienes defienden que no tiene por qué existir una transacción económica. Según esta hipótesis, la mujer presta voluntariamente su útero por vínculos familiares, de amistad o, simplemente, por sororidad.

Sin embargo, el debate profundo recae en si el acto de delegar en otra mujer -normalmente de una clase social, país u origen étnico distintos o subordinados- la gestación de un niño es un proceso que favorece la autodeterminación del cuerpo femenino o si, por el contrario, se trata de un medio de explotación patriarcal y mercantilización del trabajo reproductivo. Entre estos dos polos emergen multiplicidad de matices y posicionamientos.

El Desconcierto contactó con varias académicas y organizaciones feministas para abrir un debate desde el movimiento de mujeres acerca de este tema. Sin embargo, ninguna quiso manifestar públicamente su opinión. Todas coincidieron en que todavía no tienen suficientes argumentos sobre el tema, ni una posición determinada. Por esto, la decisión del medio fue recoger los argumentos que giran en torno a este debate desde todos los feminismos.

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EN CONTRA

Entre las principales críticas a la maternidad subrogada está la mercantilización del cuerpo de la mujer. Algunas feministas, entre ellas las españolas “No Somos Vasijas”, cuestionan que en vez de someter la lógica productiva a la reproductiva, la dinámica es opuesta: la reproducción termina totalmente subordinada a la producción. Consideran también que anulan la autonomía reproductiva de la mujer porque niega a las gestantes el derecho a decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de decisiones sobre la crianza, cuidado y educación del niño o niña. La relación social que se establece con esta práctica conecta, para muchas, con el capitalismo, el patriarcado, el clasismo y el machismo que desde el propio movimiento se tratan de combatir. Además, rechazan la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras y sus capacidades reproductivas sean compradas, omitiendo los vínculos emocionales y afectivos que la madre gestante construye durante los nueve meses de embarazo con un niño que entrega a personas que no conoce.

Otra foco de la crítica tiene que ver con los eventuales efectos que a futuro podría implicar la regulación de esta práctica con una ley que sea tan flexible que permita, por ejemplo, que los deseos de maternidad se vuelven cada vez más cómodos: ¿Y si una no quiere pasar nueve meses de embarazo por pereza, por resguardar su imagen o por no perder el trabajo? ¿Hasta dónde podrá llegar esta práctica?

Las detractoras también comparan esta práctica con la trata de niños y citan el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño que prohíbe la venta de niños y “todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”. Creen que el “altruismo y generosidad” de unas pocas, no evita la mercantilización ni el tráfico. Para ellas, además, ambos conceptos refuerzan una definición tradicional de las mujeres, propia de las creencias religiosas, como “seres entregados y disponibles para servir a los otros” una de las máximas del patriarcado: la imposición de ser madres sí o sí.

A FAVOR

El principal argumento de las partidarias de esta práctica tiene que ver con un supuesto reconocimiento de la autonomía de la mujer, que cede de forma voluntaria y gratuita su útero. Para ellas, supone admitir la capacidad de consentimiento y toma de decisiones de las mujeres en aspectos relacionados con la reproducción, por encima del idealizado “instinto maternal”. ¿Quién puede prohibir a las mujeres gestar libremente para otras personas si así lo desean?, plantean. Encuentran paternalista tratar a la mujer como si no fuera capaz de discernir a qué situaciones quiere o no exponerse cuando actúa desde su propia autonomía.

Plantean que estar en contra de la mercantilización no implica necesariamente estar en contra de una regulación que blinde esta práctica del lucro y que la sitúe bajo un estricto marco legal para que no reste autonomía a las mujeres. Su propuesta pasa por un modelo gestionado desde lo público, altruista y garantista, comparable con otras actividades que otrora también fueron duramente cuestionadas como la fecundación in vitro o los trasplantes de órganos.