Además de estar penalizado, en México el aborto es un acto altamente perseguido y denunciado por los mismos establecimientos de salud. Así lo demuestran las cifras de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), una de las agrupaciones más activas por la defensa de los derechos reproductivos, que reveló que un total de 4.246 personas (hombres y mujeres) fueron denunciadas por interrupción de embarazos.

Según consigna El País, desde enero de 2015 hasta abril de 2018 hubo 1.666 investigaciones abiertas por aborto; 228 personas fueron sentenciadas por este motivo y 53 (19 mujeres) ingresaron en prisión definitiva.

En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco. Las sentencias condenatorias que no acaban en prisión pasan de multas a trabajos para la comunidad o “tratamientos médicos integrales”. El informe además destaca que la criminalización por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, con falta de acceso a la información y de servicios de salud reproductiva.

La cifra en promedio representa más de una acusación al día, y al respecto Ana Laura Magaloni, profesora de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la presentación del documento con el estudio completo, señaló: “El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que están cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor (…) Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas”.

Solo una de las 32 entidades que componen la República de México permite el aborto libre hasta la semana 12 de gestación, que corresponde a Ciudad de México.

En tanto, el acceso en el resto de los estados es variable y la violación es la única causa de interrupción legal en todo el país. La causal de riesgo de vida de la madre es válida en 24 estados, mientras que 16 de ellos consideran las alteraciones genéticas graves; 15 contemplan riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas.