La suspensión de clases en la zona de sacrificio de bahía de Quintero, a partir de la emergencia ambiental iniciada el día 21, ha sido cuestionable desde el principio del punto de vista sanitario. No se trata sólo de perjudicar a las personas afectadas, en vez de cerrar las empresas contaminantes. Es también injustificada, porque implicaría asumir que hay algún factor de riesgo particular asociado a que los estudiantes asistan a estudiar, y que estarían más protegidos quedándose en casa. En una zona con altos niveles basales de contaminación y con un episodio de intoxicación masiva que – aunque no tengamos información fidedigna sobre su(s) agente(s) causante(s) – claramente apunta a exposición por aire, es absurdo e injustificado asumir que no ir a clases pudiera tener un efecto protector.

Aparentemente, en un primer momento, esta medida -tan política, y tan poco técnica– pudo servir para aplacar la angustia de la gente y “descomprimir el conflicto”. Sin embargo, todos sabemos lo que implica para una familia la suspensión de clases: hay que ir a trabajar, no hay con quien dejar a los niños. Aquello que en un primer momento pudo ser visto como una decisión a favor de la comunidad, se transforma con el paso de los días en la principal carga que deben asumir producto de la situación de emergencia.

Cabe detenerse aquí en esta definición de “emergencia”. Por un lado, la autoridad de salud no elaboró el necesario estudio epidemiológico, que permitiera caracterizar y definir los casos y su probable origen. Por otro, la autoridad ambiental ha manejado en absoluta reserva – por no decir que ha ocultado – los datos de contaminación de la máquina instalada a tal efecto. Si sumamos a ello que nada asegura que el cóctel de contaminantes que se han difundido a través de filtraciones de prensa no haya estado desde antes, ya que simplemente no se medía, podemos afirmar categóricamente que la decisión de que estamos en emergencia, o esta se resolvió, es fundamentalmente arbitraria. Siendo así, es evidente que un criterio a considerar por los responsables de decidir esto es su aceptabilidad social. Si en un primer momento, la medida fue tomada para contentar a la gente, actualmente, el requisito de dar por terminada la emergencia para retomar las clases, sumado a la necesidad para la población de retomarlas, pavimenta el camino para que sea la propia comunidad que termine forzada a reclamar que se dé por terminado el evento. El efecto es similar a cuando una huelga se prolonga y parafraseando la Cantata de Santa María, “el hambre los trae cabeza gacha”.

No podemos afirmar que esto sea una situación intencional, pero sí es claro el efecto que se produce. Las autoridades son responsables al menos de la mala gestión de los datos epidemiológicos y del ocultamiento de los datos de contaminación. Si no fuera por ello, la comunidad quinterana no se vería sometida a este dilema: aceptar que se dé por superada una situación que no está claramente superada o sufrir las consecuencias de la prolongación interminable de la suspensión de clases.

Aníbal Vivaceta de la Fuente
Esteban Hadjez Berríos

Profesores del Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso