Resulta notable las predicciones terribles acerca de la destrucción del Estado de Derecho a causa de la acusación constitucional que se ha iniciado en contra de tres ministros de la Corte Suprema.

Antes de analizar algunas de esas predicciones, me parece prudente retroceder hasta la raíz de este problema. Para ello, creo que hay tres premisas básicas en las que podríamos estar de acuerdo y a partir de las cuales podríamos seguir razonando.

La primera es que si la acusación constitucional es un mecanismo establecido en la Constitución (y en todas las que la precedieron), sujeto a un procedimiento reglado y en el que existe un juicio en el que se ha de llegar a un veredicto por parte del órgano competente para emitirlo, deberíamos mantener la serenidad. Una acusación constitucional es parte del Estado de Derecho y no una amenaza al mismo. Si son destituidos los ministros, pues serán reemplazados por otros; y si no lo son, pues la acusación constitucional será archivada. ¿Es necesario este griterío apocalíptico? Me parece que no. Si la convicción es que cada vez que se deduzca una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema ponemos en peligro el mismísimo Estado de Derecho, entonces lo lógico es suprimir el procedimiento. Claro, esto exige que usted no comparta la segunda premisa que propongo y que, más bien, considere que los ministros del máximo tribunal no deben responder por sus fallos ante nadie, que son infalibles, que son intocables y que la intangibilidad de sus decisiones es la intangibilidad misma del Estado de Derecho. Personalmente, nunca he sido partidario de semejantes idolatrías hacia ningún mamífero, menos uno humano, pero usted puede idolatrar cuanto guste.

La segunda premisa básica, muy ligada a la anterior, es que los ministros de la Corte Suprema son humanos falibles, capaces de ser injustos, naturalmente expuestos al error, a la ignorancia y al mal razonamiento. Espero que nadie se ofenda por esto. Yo también estoy expuesto a lo mismo y no me molesta en nada si alguien me lo recuerda en una columna o comentario. Solo digo que todos compartimos esta inevitable capacidad de yerro. Si esto es así, no parece en absoluto descabellado que las injusticias, errores y torpezas que puedan cometer los ministros de la Corte Suprema, al menos en los casos extremos y a través de un procedimiento riguroso y con altos quórums, sean objeto de revisión y eventual sanción. Este sometimiento al juicio de otros es un ejercicio sano que los ministros, tan acostumbrados a juzgar a los demás y a quedarse con la última palabra, deberían ejercitar con sana humildad, confiando en la sabiduría de su juez, tal como todos los chilenos debemos confiar en la sabiduría de la Corte Suprema, aunque muchas veces no nos parezca sabia.

La tercera premisa es que toda función pública, entre ellas la de ministro de la Corte Suprema, supone una responsabilidad pública exigible. La tiene todo funcionario público; la tienen diputados y senadores; la tienen ministros de Estado y jefes de servicio. Si existe esa responsabilidad para los ministros de la Corte Suprema – y hasta aquí no he escuchado a nadie plantear que no exista y que nadie pueda reclamarla haga lo que haga un ministro del máximo tribunal – entonces, forzosamente, debe haber un mecanismo constitucional para hacerla valer. Y lo tenemos, dentro de nuestro Estado de Derecho.

Si usted está de acuerdo en estas tres premisas básicas, debería estar de acuerdo con el ejercicio de esta facultad en abstracto.

Muy otra es la cuestión concreta de si está de acuerdo con los fundamentos de esta acusación constitucional. En lo personal, creo que el fallo es un desastre en muchos sentidos: confunde delitos de lesa humanidad y criminales de lesa humanidad con delitos y presos comunes para resolver el asunto, lo que ya me parece aberrante; más curioso me parece que la Corte Suprema se encuentre liberada de las limitaciones del Estatuto de Roma, a la vez que considera que ellas sí restringen nada menos que a la Corte Penal Internacional… no solo desconoce la obligatoriedad de respetar un tratado como ese, sino que revela un ego impresionante allí donde el tribunal más importante del planeta debe sujetarse a restricciones que nuestro Corte Suprema proclama inaplicable a ella en este extremo del mundo. Pero, admito que usted puede verlo distinto: le parece que los presos de esta clase tienen los mismos derechos que, digamos, un preso por un robo con intimidación; que el Estatuto de Roma es muy exagerado en eso de que un criminal de lesa humanidad deba arrepentirse y colaborar en encontrar desaparecidos; quizás comparte la tesis del diputado UDI Jorge Ulloa, para quien estas personas no cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que solo están presas por esa razón (prefiero los intrincados razonamientos de Heidegger a tratar de desentrañar esta frase).

Pues bien, de eso se trata. De que hay un conflicto entre visiones opuestas y de que tenemos un mecanismo pacífico y constitucionalmente previsto para resolverlo. Esta es la esencia de un Estado de Derecho, que no se preserva intentando convencer de que plantear un conflicto, con buenas o malas razones, es un atentado a ese Estado de Derecho, sino acudiendo con espíritu cívico confiado a los mecanismos de resolución de conflictos que nos hemos dado. Condenar públicamente el planteamiento del conflicto es el inicio sutil del deseo de callar forzadamente al que piensa distinto. No le tengo temor a los conflictos y visiones en disputa, cuando aceptamos resolverlas a través de mecanismos pacíficos; le temo mucho más a los que pretenden que no existan conflictos o quisieran que los que se sienten ofendidos y molestos se traguen su molestia y “no amenacen el Estado de Derecho”. Es una petición perversa y autoritaria.

Las personas que vivieron la muerte de sus hijos, la tortura de sus parejas, cónyuges o padres; los que todavía no saben dónde están sus muertos; los que han sufrido horrores que cuesta narrar a manos de sujetos dotados de una crueldad y psicopatías indescriptibles; todas esas personas tienen, cuando menos, el mínimo y sagrado de derecho de considerar que el fallo de la Corte Suprema es un notable abandono de deberes y una violación gravísima a deberes del Estado chileno en materia de derechos humanos que le impone la legislación internacional. ¿Deberíamos, sobre la base de que ellos, las víctimas de los delitos más atroces de nuestra historia, ponen en peligro el Estado de Derecho, imponerles que no se lleve a cabo esta acusación constitucional por el único grupo político que ha tenido la sensibilidad de escucharlos en su dolor? En lo personal, creo que ni siquiera deberíamos pedirles que se abstengan en virtud de una supuesta “mesura” en el uso de esta herramienta. Me daría una vergüenza infinita pedirles algo así.

Pues bien, eso es lo que un grupo de 35 reconocidos penalistas les piden a los acusadores, y de paso a las personas que han sufrido las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, en una carta publicada en El Mercurio. Llaman a usar con “mesura” el instrumento de la acusación constitucional para no poner en peligro el Estado de Derecho. No los entiendo. También soy abogado y penalista, pero a diferencia de ellos celebro cada vez que visiones contrapuestas se someten a un mecanismo pacífico de resolución de conflictos, pues eso caracteriza a un Estado de Derecho.

Decirles a estas personas, que simplemente deciden someter su pretensión al mecanismo constitucional previsto, que atentan contra el Estado de Derecho es formularles un reproche que requiere cierta desfachatez, considerando que son ellos los que verdaderamente han sufrido la ausencia de un Estado de Derecho y el terrorismo de Estado.

Aquí se ha formulado una pretensión, por los canales regulares y cumpliendo los requisitos objetivos. Ahora se aplicará el debido proceso prestablecido y fallará el órgano competente. Eso es todo. Como decía Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad, para qué tanto problema?

Las grandilocuentes cartas adelantado apocalipsis institucionales por una simple acusación constitucional, más cuando se goza de especial reconocimiento profesional, es especialmente irresponsable.

Ahora, ¿les parece que nos concentremos en el debate de fondo? ¿Hay que destituir a estos ministros?

Porque toda esta previa en que se pretende prohibir, cuestionar o reprochar el derecho mismo al debate, me parece muy antidemocrático y, por lo mismo, contrario al Estado de Derecho.


Abogado de la Universidad de Chile