Durante las últimas semanas se ha generado una fuerte discusión sobre si la izquierda es o no consecuente en su defensa de los DD.HH., en particular a partir de lo que sucede en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, en una discusión donde la derecha ha buscado empatarlos con la de la dictadura civil-militar de la que sus partidos aún hoy han sido incapaces de desmarcarse. En un esfuerzo por blanquearse acusando a la izquierda de “doble discurso”.

El último capítulo de esta discusión –casi diálogo de sordos- se dio al interior del Frente Amplio, con la renuncia “con elástico” de Vlado Mirosevic, a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, recibiendo el rápido apoyo de RD y de los parlamentarios del MA, en una sospechosa movida que rápidamente buscó establecer “quien puede formar parte del FA, y quien no”.

Pero para poder llegar a una discusión seria y no basada en caricaturas como la actual, es importante aclarar algunas cosas. Primero, la izquierda a nivel mundial ha realizado un profundo proceso de autocrítica sobre el estalinismo –a partir del Informe Secreto presentado por Nikita Jrushchov en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética hasta la actualidad, con numerosas reflexiones y debates sobre la democracia y el contenido del concepto “dictadura del proletariado”- y al día de hoy ninguna organización defiende el foquismo guerrillero que en los 60 llevó a una parte del sector a buscar derribar por las armas gobiernos medianamente democráticos para hacer la revolución.

Segundo, y respecto a nuestro país, lo cierto es que la izquierda chilena jamás ha violado los DD.HH., a diferencia de las clases dominantes, que se acostumbraron a utilizar a las FF.AA. y al Estado como su guardia privada para proteger sus privilegios de clase. Al contrario, la izquierda y sus partidos han sido permanentemente víctimas de un Estado controlado por partidos políticos de derecha que son expresión política de capas sociales específicas, que ha defendido sus intereses de clase mediante la represión.

Sobre esa base podemos analizar de manera crítica casos como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero teniendo claro que ninguna de esas situaciones es comparable en nivel y derechos afectados, a lo que sucedió en Chile entre 1973 y 1990, y que buena parte de la derecha local continúa justificando –tal como sus correligionaros hacen en Argentina y Brasil respecto a sus propias dictaduras-. Más aún, ninguna de aquellas realidades es comparable a lo que actualmente sucede en Colombia, como pasaremos a revisar en la segunda parte de esta columna.

En Cuba no cabe duda que las libertades políticas se encuentran restringidas de acuerdo a los estándares de la democracia liberal (que ni siquiera en EE.UU. se respetaron durante la Guerra Fría), en particular la libertad de expresión y el multipartidismo a la hora de participar en el sistema político cubano. Si bien éste último se basa en la votación libre y secreta de la población en los municipios donde los candidatos al Parlamento son definidos por la comunidad y no por el Partido Comunista, el sistema es tutelado por éste, que cumple el rol de “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

Sin embargo, en el país se aseguran como en ningún otro lugar los DD.HH. de segunda generación como el derecho al trabajo y a la libre elección de empleo, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a la seguridad social, a la salud, educación y a participar en la vida cultural, por mencionar algunos.

En Cuba, a diferencia de las dictaduras militares de derecha –y de países aliados de “Occidente” como Turquía o Arabia Saudí- la tortura no es política de Estado en el trato de presos, no hay detenidos desaparecidos ni tampoco hay campos de concentración. Por supuesto no es una democracia de tipo “occidental” –las que en los hechos sólo existen en ciertos países de este hemisferio, con numerosas barreras violentas a la participación del mundo popular en el mismo sistema-, pero tampoco es un régimen de terror y exterminio selectivo de los “enemigos internos” como los desplegados en nuestro continente entre los 70 y 80.

¿Es posible pensar el sistema cubano de democracia participativa con pluralidad de partidos? Yo creo que si ¿es posible implementarlo? no lo sé, y no sólo por lo que pueda decir el PC cubano, sino que también por el carácter de la oposición, que históricamente ha buscado derribar al sistema por las armas con el apoyo entusiasta de Estados Unidos, que hasta el día de hoy busca dañar al conjunto del pueblo cubano a través de un bloqueo y sanciones a su economía. Sin un acuerdo en el que esa oposición –al parecer minoritaria- acepte las reglas del juego del sistema político cubano –tal como la izquierda aceptó las reglas del juego democrático liberal en el resto de Latinoamérica a pesar de su sistemática violación por parte de la derecha-, es imposible pensar en superar la restricción de esos derechos.

El caso venezolano es diferente, porque si bien se restringen puntualmente derechos políticos a algunos grupos –en particular a los relacionados con intentonas golpistas-, el Estado se ha hecho cargo de las oportunidades en que han fallecido personas por disparos de las fuerzas de seguridad en protestas, habiendo policías y miembros del aparato de inteligencia (el SEBIN) detenidos y juzgados por su responsabilidad, mientras que la impunidad protege a los activistas opositores que han asesinado a partidarios del gobierno, policías y soldados.

Sin lugar a dudas hay una profunda crisis política y económica en Venezuela pero existe pluralismo partidario, ni la tortura ni la desaparición son prácticas de Estado como si lo fueron en las dictaduras civil-militares, y ha sido la oposición la que ha buscado, mediante golpes de Estado (2002), asonadas (estrategia de “La Salida” planteada abiertamente por el partido de Leopoldo López como la búsqueda de sacar por la fuerza al gobierno) y boicots a las elecciones, desestabilizar la democracia.

Finalmente, en Nicaragua la situación es diametralmente opuesta a los casos anteriores. No cabe duda de que el Estado ha desplegado fuerzas paramilitares –y en menor medida de policía- para reprimir movilizaciones opositoras, incluyendo la ejecución extrajudicial de personas, la violación y la tortura de prisioneros, y esa situación no es bajo ningún concepto justificable. ¿Eso significa que se debe respaldar a la oposición? Por ningún motivo, porque ellos también han organizado y desplegado grupos armados que han asesinado policías y civiles sandinistas, quemando vivas a personas que no comparten sus posiciones.

Lo que se inició como una protesta en torno a la reforma previsional fue aprovechado por una oligarquía rentista y parasitaria –la misma que sustentó a la Contra en una guerra que buscó, con el apoyo de Estados Unidos, agotar a la revolución y evitar que pudiera invertir sus escasos recursos en mejorar la situación económica del país y en particular de los más pobres- para intentar recuperar las parcelas de poder que se había visto obligada a entregar a su hasta entonces firme aliado Ortega.

Aquellos que guardan su dinero en Miami (y lo reconocen abiertamente en su día a día, recluidos en suntuosos condominios a las afueras de Managua) utilizan a grupos armados formados muchas veces por niños para intentar derribar a un gobierno defendido por otros grupos armados que protegen a la familia Ortega y sus allegados, quienes aprovecharon el control del Estado para enriquecerse, en un enfrentamiento que representa el quiebre del pacto social entre la dirección sandinista y la oligarquía que buscó evitar repetir en los 2000, la guerra de los 80.

Pero también podemos contrapreguntar a la derecha -y a liberales como Vlado-, sobre su falta de condena a los hechos que día a día ocurren en México, Honduras o Colombia.

En el primer país desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por los presidentes Calderón y Peña Nieto, se acumulaban 234 mil muertos para noviembre de 2017 –una cifra sólo superada por las muertes ocurridas en el mismo período en la guerra civil en Siria-, con múltiples matanzas realizadas por fuerzas de seguridad y que no han sido aclaradas, como la ocurrida en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa.

En Honduras centenares de personas han perdido la vida desde el Golpe de Estado de 2009, cuando el ejército y parte del Congreso depusieron por la fuerza al presidente Manuel Zelaya por buscar consultar en urnas la posible realización de una Asamblea Constituyente. Entre los asesinados se incluyen casos emblemáticos como el de Berta Cáceres, o quienes fallecieron el año pasado en la represión violenta de protestas ante el fraude electoral realizado por el gobierno en medio del silencio de quienes reclaman por Cuba o Venezuela.

Pero el caso más brutal es el de Colombia, donde desde hace décadas el Estado, en connivencia con la oligarquía terrateniente local –de la que el ex presidente Álvaro Uribe es su principal representante—se ha acostumbrado a utilizar al ejército y a paramilitares para asesinar, torturar y desaparecer dirigentes sociales y políticos opositores. En los 80 y 90, en el marco de un proceso de desmovilización de grupos guerrilleros, el Estado y sus aliados –paramilitares y narcotraficantes- asesinó al menos 3,500 militantes del partido Unión Patriótica, incluyendo dos candidatos presidenciales, senadores y diputados, concejales y miembros de base, en un caso sin igual en la región de un exterminio sistemático de un partido político en un contexto “democrático”.

La situación continúa siendo similar en la actualidad, cuando sólo entre el 1 de enero de 2016 y el 25 de agosto de 2018 350 dirigentes sociales y de izquierda han sido asesinados en total impunidad, mientras que 80 guerrilleros desmovilizados de las FARC han perdido la vida, en una estrategia de exterminio donde el Estado colombiano tiene un rol fundamental al incumplir los acuerdos de paz.

En la dictadura civil militar no se limitaron los derechos políticos en contextos de crisis económica o se levantaron dinámicas de representación popular bajo lógicas diferentes a la liberal, como en Venezuela o Cuba. El régimen militar implementó una política sistemática mediante la cual asesinó militantes sociales y de izquierda, torturó con electricidad en los genitales a hombres, mujeres e incluso al menos 307 jóvenes y niños, violó e hizo desaparecer a mujeres incluyendo embarazadas, exilió a miles de personas, y ejecutó a otras tantas más.

Nuestra respuesta ante la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua es de acompañar una salida al bloqueo que estrangula su economía –en el primer caso-, y la disposición a ser factores de garantía para una salida política y no armada al conflicto para las otras. No seremos nosotros quienes respaldemos una intervención de potencias externas en países en crisis como han solicitado “democráticos” opositores –una práctica que EE.UU. realizó numerosas veces en Centroamérica- y que tanto daño ha provocado en otros países, ni alimentaremos guerras civiles que tanto sufrimiento provocan en los más pobres.

Si bien Gabriel Boric tiene razón en que es indispensable mantener viva la reflexión sobre esta materia, y al contrario de quienes agitan la caricatura de una izquierda que no defiende los DD.HH. cuando están involucrados gobiernos que les son cercanos como una excusa para quebrar al FA, como planteó públicamente el diputado Mirosevic en La Segunda, debemos ser críticos con las experiencias de izquierda en la región, pero firmes ante quienes equiparan una crisis social, con el exterminio sistemático de opositores.