En las últimas décadas -seis por lo menos- se ha decidido por acción u omisión el que ciertas personas mueran o pongan en peligro su salud a causa del desarrollo industrial que provoca la contaminación medioambiental y crisis sanitaria en las localidades de Concón, Quintero, Puchuncaví, Ventanas y alrededores. Hoy enfrentamos una crisis que afecta los derechos humanos de los habitantes de estas localidades y requiere, por tanto, de pronunciamientos y decisiones inmediatas.

El día lunes 3 de septiembre el Ministro de Salud y el Subsecretario de Medio Ambiente, asistieron a la Comisión de Salud del Senado para presentar compromisos y acciones en desarrollo con el objeto de enfrentar esta crisis. Son medidas necesarias, por cierto, sin embargo, un simple cruce de datos entre el trabajo realizado en el Consejo Regional y lo presentado en el Senado, nos muestra que la mayoría de las iniciativas lleva algún tiempo desarrollándose a partir de una Mesa Intersectorial compuesta por representantes del Consejo Regional de Valparaíso, del Colegio Médico, y los SEREMIS de Salud y Medio Ambiente, y que solo requieren de actos más concretos y de una voluntad política sólida para concretarse.

Dentro de las medidas anunciadas, podemos destacar, primero, la contratación de especialistas en epidemiología. Si bien el SEREMI de Salud anunció en junio de este año a la Mesa Intersectorial que se había autorizado la contratación de un profesional en epidemiología, es imperativo que se otorguen más recursos para que el Servicio de Salud contrate profesionales que puedan realizar el cruce de datos en los centros de salud de la zona para tener información precisa respecto a la cantidad de atenciones y afecciones de salud vinculadas a la contaminación en estas comunas.

En segundo lugar, se anunció la tramitación de equipos para medición de gases y metales en las localidades afectadas. En julio pasado el Consejo Regional, a través de esta mesa intersectorial, solicitó la presentación de un proyecto para la instalación de una red de monitoreo estática con seguimiento en línea, a lo que el SEREMI de Medio Ambiente indicó que estaban a la espera de una evaluación de la actual red de monitoreo existente, que estaba realizando un equipo auditor compuesto por expertos finlandeses. Volver a decir que se está “tramitando la adquisición de los equipos”, no es suficiente.

Respecto de la infraestructura de los centros de salud, en abril pasado se realizamos una  reunión con representantes del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social, Comité de Usuarios del Hospital de Quintero, la Directora Interina del Hospital de Quintero, los SEREMIS de Salud y Medio Ambiente, y el Intendente Regional, donde se tomó como acuerdo la realización de un análisis a la estructura hospitalaria de la zona, para así aumentar la complejidad del Hospital de Quintero Adriana Cousiño, que actualmente es baja y debe atender las urgencias para ambas comunas (Quintero y Puchuncaví). Los recursos para la construcción de un nuevo CESFAM Puchuncaví ya fueron incluidos en Anteproyectos Regionales de Inversión para el año 2019, y se estima que el término de la obra será durante el segundo semestre del 2019, por lo que estos anuncios tampoco son algo nuevo. La urgencia de hoy es priorizar la compra de las ambulancias comprometidas, que ya cuentan con la aprobación técnica, y acelerar el análisis de infraestructura del Hospital de Quintero para implementar un aumento en su complejidad.

Lo anterior da cuenta de la poca certeza y claridad desde las autoridades y organismos responsables, carentes de una eficiencia para dar respuestas concretas y coordinadas a las medidas anunciadas. Aquí tenemos una falta de información que no solamente genera incertidumbre en la comunidad, sino que tampoco permite a las autoridades dar respuesta a los vecinos y vecinas del sector para medidas a corto, mediano y largo plazo.

Así, y en calidad de representantes de la comunidad, hemos solicitado antecedentes a través de oficios a los Ministerios de Salud, Educación y Medio Ambiente, que den cuenta de algunas medidas que podrían ayudar en concreto: la implementación del Programa de Educación Sanitaria Ambiental, para tener actores capacitados en identificar síntomas de intoxicación; financiamiento para la continuidad del estudios de metales pesados en la zona, plan regular y permanente de limpieza industrial y de vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos educacionales, entre otras.

Esta catástrofe sanitaria y medio ambiental no puede esperar. Como representantes de la región no vamos a ser simples observadores, sino que empujaremos la implementación inmediata de acciones; interpelar a las autoridades responsables; exigir la homologación de nuestra normativa al nivel de los estándares medioambientales que indica la normativa internacional de la OMS; trabajar por una reforma real al SEIA a favor de los ciudadanos y ciudadanas y no de los empresarios,  y todas las medidas concretas que la comunidad organizada ya ha elaborado y que no pueden seguir esperando más: el futuro de los niños y niñas de las zonas de sacrificios, es hoy. Mañana será tarde.


Tania Valenzuela es Consejera Regional Frente Amplio y Juan Ignacio Latorre es Senador por la región de Valparaíso, RD-Frente Amplio.