El despojo de la dictadura: Cómo Pinochet garantizó el negocio redondo de las forestales con el territorio mapuche

Era el año 1974 y la cesantía era un problema para la recién estrenada Junta Militar. Entonces apareció Fernando Léniz, empresario forestal y ministro de Economía, quien le propuso directamente a Pinochet el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y fue uno de los redactores del controversial DL701, que permitió al Estado subsidiar las faenas forestales durante años.

«Masas de trabajadores de la provincia de Arauco, ex mineros, fueron subidos a camiones militares y llevados a la cordillera de Nahuelbuta a hacer hoyos y plantar pinos para las empresas forestales. La tierra la compraron a huevo y las plantaciones no solo les salieron gratis, sino que ganaron con ellas. Esta forma criolla de ‘acumulación originaria’ condujo a la existencia de enormes fortunas que hoy se vanaglorian de exportar a todas partes del mundo», dice José Bengoa en el libro Reforma agraria y revuelta campesina.

Léniz murió en 2013 y la prensa lo homenajeó como un reconocido empresario y ex ministro de Estado. Pero poco se hablaba en ese entonces cómo él encarnó mejor que nadie el vínculo que tuvo la dictadura militar con la poderosa industria forestal. Una ligadura que tuvo como correlato el despojo del territorio mapuche, que vio en la reforma agraria de Salvador Allende los indicios de la culminación de su lucha por la recuperación territorial.

La industria forestal es de las más poderosas del país e hizo su fortuna, según explica Bengoa, prácticamente gratis: «Recibieron del Estado la tierra, las plantas, los trabajadores, en fin, recibieron gratis los actuales bosques que cubren el sur del país».

El libro ¡Xipamün Pu Ülka! («váyanse los codiciosos» en mapuzungun), lanzado el año pasado, relata la historia de cómo dos de los grupos empresariales más importantes del país (Matte y Angelini) se hicieron los dueños legales del territorio mapuche del Lavkenmapu y la Coordillera de Nahuelbuta.

En esta historia es clave Julio Ponce Lerou, quien en democracia se haría de SQM para financiar durante años a todo el espectro político. En los 70′, el yerno del dictador estaba a la cabeza de la Conaf y fue clave en el DL2247 de 1978, que permitió transferir las tierras de la reforma agraria a la Conaf, para que después sean vendidas a las empresas forestales. En total, fueron 352 mil hectáreas de la reforma que llegaron a la propiedad de Conaf por tener lo que se determinó «aptitud forestal». Fue, según una comisión investigadora de Cámara de Diputados, el 44% del total de las tierras expropiadas hasta 1973.

Un funcionario de Mininco, citado en la publicación y que trabajó para el Ministerio de Agricultura en dictadura, contó cómo «en algunos casos le cambiaban la aptitud para pasarlos como forestales y tirárselos a la Conaf, que fue el pasadizo para entregárselo a los dos grupos económicos”, en referencia a los Matte (a través de CMPC) y Angelini (Arauco).

Flor Laviqueo, dirigenta de la comunidad María Colipi, cuenta en el libro cómo en 1974 un grupo fue hasta el ministerio de Agricultura y ahí mismo fueron engañados para que la calificación de sus tierras fuera declarada como forestal. La comunidad recuperó parte del Fundo Labranza hace unos años e inmediatamente sembraron. «Hoy día todavía se siembra, porque esas tierras nunca fueron de uso forestal».

El Fundo Labranza corresponde a 808 hectáreas ubicadas en las cercanías de Quidico, comuna de Tirúa. En 1979, la Conaf de Ponce Lerou se lo vendió a la forestal Crecex -del Grupo Vial, que en los 80′ sería absorbida por los Matte y su brazo forestal, Mininco- en $3.686.849. Actualizado al IPC de la fecha, serían cerca de $155 millones, un promedio de apenas $190 mil pesos por hectárea. Una cifra irrisoria por donde se mire.

Y lo mismo pasó con tierras como El Canelo y en localidades como Paillaco, Lleu Lelu, Antiquina y Huentelolén. Todas a precios de regalo. El más notorio es el Fundo Choque, de 6.905 hectáreas, vendido a Crecex en $968 millones según el IPC actual. Apenas $140 mil pesos por hectárea.

No solo los Matte fueron los beneficiarios de esta política. El grupo Angelini pagó $200 millones de hoy por 2.200 hectáreas del fundo Tranaquepe. En 2015, la Conadi -organismo estatal creado para la compra de tierras indígenas- pagó $5.151.134.962 por 1.859 hectáreas destinadas a las comunidades Juan Lincopan, Kellgo y Kralhue. Más de 2 millones 700 mil pesos por hectárea. Un negocio redondo.

“Hasta 1979 e incluso 1980, las paginas de El Mercurio llamaban a remates públicos de enormes predios, casi todos de aptitud forestal. La crisis económica generalizada de esos años permitía que solamente un puñado de instituciones, por lo general bancarias, pudiese acceder a esos remates y comprar a ‘huevo’ esos campos. Al mismo tiempo se vendían las fábricas de celulosas que había construido el Estado, los aserradores, en fin, se privatizó el sector forestal de manera completa. En esos años se realizaron estudios que demostraban que la compra del predio forestal, las plantas de pino que donaba la Conaf, los subsidios de mano de obra y el famoso decreto 701 que subsidiaba las plantaciones, hacía que esos bosques fueran gratis, totalmente pagados por el Estado», dice Bengoa en su libro.

José Cayuhan participó en la elaboración de Xipamün, que intenta explicar el proceso de las comunidades lavkenche por la recuperación de sus tierras. Conversaron por los papay y chachay de sus comunidades y corroboraron la información con los documentos notariales. Se encontraron, por ejemplo, que en una sola notaría y en un solo día, más de 100 firmas mapuche traspasaban sus tierras recuperadas en la reforma a las forestales.

El libro también cuenta cómo parceleros engañaron a muchos mapuche -que la mayoría no sabía escribir- para después vender tierras a las forestales en millonarias cifras. Un Román Cea, que según los antiguos de las comunidades era guardabosques y «palo blanco» de Arauco, compró una parcela en 30 mil pesos y la vendió a sus jefes en más de 2 millones.

«Muchos de los conflictos que existen hoy día son el resultado de esto que hizo la dictadura de volver a quitarles las tierras. Los gobiernos de la Concertación sacaron una ley y un organismo que puede comprar tierras, pero no expropiar. Este problema no se va a solucionar mientras el gobierno de turno no le ponga coto a las compañías forestales», aseguró Jacques Chonchol, ex ministro de Agricultura de Allende, a The Clinic en 2016.

– Hoy las comunidades están en una ola de recuperación y los carabineros son guardianes de las forestales, esa es la gran consecuencia de lo que hizo la dictadura hoy día. Ya no solo se cubren los gastos, se resguardan los intereses- comenta José Cayuhan.

Según información de Carabineros del año 2016, se presta protección permanente a 15 faenas forestales en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, 9 de las cuales pertenecen a Forestal Mininco. Un ejemplo es el extenso Fundo Choque, que extiende 10 mil hectáreas de plantaciones de pino alrededor del lago Lleu Lleu. Una parte fue «recuperada» por la CAM y las comunidades locales.

Apuntando con el dedo

El historiador Fernando Pairican explica que el movimiento mapuche de los 70′ logró interpelar al gobierno socialista de Allende y «mapuchizar» la reforma agraria, transformándola en una lucha anticolonial por la recuperación de las tierras que habían sido arrebatadas en la ocupación de un siglo atrás. El mejor ejemplo es el llamado «Cautinazo», la gran movilización de 1971 que llevó a miles de mapuche a ocupar fundos agrícolas en las cercanías de Temuco. El impacto fue tanto para el gobierno, que Allende determinó trasladar el ministerio de Agricultura a la capital de la novena región.

Entonces, el indio, el esclavo, pasó a ser el dueño de la tierra. Algo que el patrón no perdonaría, pues tocaba la fibra que más le dolía: sus propiedades. «Con la contra reforma agraria, los patrones de fundos apuntaban con el dedo a los dirigentes que habían recuperado sus tierras», dice Pairican.

El informe “Trabajo de investigación de ejecutados y desparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche” del historiador Hernan Curiñir Lincoqueo, el sociólogo Pablo Silva Carrasco y el trabajador social Conrado Zumelzu Zumelzu, establece la cifra de 171 víctimas mapuche de la dictadura, 36 más que la comisión Rettig. “El asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de tierra”, dice en sus conclusiones.

En dicho trabajo se da cuenta también de cómo muchas víctimas de la dictadura nunca pudieron acreditar que fueron torturados ante las distintas comisiones de verdad y justicia, pues no fueron detenidos en cuarteles, sino en los propios fundos de los patrones, convertidos en verdaderos campos de concentración para la tortura y desaparición. Los mapuche, dice el informe, eran torturados frente a sus familias y comunidades.

Pairican explica que el impacto socio cultural de la dictadura llegó a ser incluso más profundo para el mapuche que para el resto del país, porque con la detención o el asesinato del lonko, se desarma todo el tejido social comunitario, se desestructuran los cimientos del mundo mapuche.