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La psicóloga social participó en junio pasado de la jornada de capacitación sobre el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU que someterá a Chile, por tercera vez, a un análisis de su cumplimiento en la materia. Desde la comuna de Puchuncaví, Almarza asegura que una zona de sacrificio implica en la realidad «la violación de muchos derechos fundamentales de las personas».
La psicóloga social María Teresa Almarza llegó hace más de una década a vivir en la localidad de Campiche, en la comuna de Puchuncaví. Hasta entonces ignoraba la compleja situación medioambiental que se estaba tejiendo en la zona, pero apenas la advirtió comenzó a organizarse.
Hoy es parte de la organización de Mujeres de Zona de Sacrificio Puchuncaví-Quintero en Resistencia y en entrevista con El Desconcierto entrega detalles del panorama que están viviendo: «En este momento, las emanaciones más fuertes solo han llegado a Quintero. La situación más crítica allá en términos de gente más afectada que necesita ser atendida, pero la situación de Puchuncaví ha sido siempre muy precaria en términos de contaminación», detalla.
Almarza cuenta que sus compañeras están afligidas por las repercusiones que esto pueda significar en los niños, lo que ha llevado a algunas a llevarlos a Valparaíso. Sin embargo, la dirigenta asegura que dentro de todo lo malo que está ocurriendo, la población ha comenzado a despertar.
«Hay bastante inquietud, se han formado asambleas ciudadanas, varias marchas. Tuvimos este sábado una tremenda marcha de carácter nacional. La convocamos nosotras y partimos desde La Greda, que es conocida por la contaminación de la escuela. En Ventanas están las 4 termoeléctricas a carbón, es un cordón que va por la carretera», señala.
Hace unos meses solamente, Almarza describe que Quintero y Puchuncaví eran una zona casi desmovilizada, donde la contaminación parecía parte del paisaje. En la retina tenían la derrota sufrida tras la instalación de la termoeléctrica Campiche, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. «Habíamos ganado el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego en la Suprema, pero el ministro del Interior de Bachelet (Edmundo Pérez Yoma) hizo una búsqueda de solución a medida hasta que encontró una y le cambió el uso del suelo», recordó.
Más tarde, a partir de cables filtrados por WikiLeaks, Ciper reveló el lobby que existió entre los ministros de Bachelet y Aes Gener para la instalación de la central Campiche. «Para nosotros era pelear contra una muralla de acero inoxidable porque la gente no nos apoyaba. Una vez en Ventanas fui invitando a una marcha negocio por negocio y un señor me dijo: ‘Usted, ¿qué anda buscando? Ya la voy a ver pronto en una 4×4 porque así son ustedes’. Yo veía mucha obediencia, la gente con miedo y otros realmente convencida por la ideología del progreso».
Por estos días, se respira organización y debate en las comunas afectadas por la contaminación: «Hay todo un daño moral y cultural. Esto que pasó en Quintero y este remezón ha sido como un terremoto social para nosotros y una ventana que se abre de esperanza. La gente está super inquieta, quienes nunca se movían ahora se está moviendo».
María Teresa Almarza cree que la expresión «zona de sacrificio» implica en la práctica «la violación de muchos derechos fundamentales de las personas. Es una especie de dictadura del siglo XXI donde los amos son las empresas y con una complicidad y apoyo total de parte de las autoridades, en los distintos niveles», denuncia.
En junio pasado, las mujeres organizadas de Quintero y Puchuncaví participaron de las jornadas de trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), un espacio para que la sociedad civil presente sus consideraciones, recomendaciones y análisis acerca del cumplimiento de los países en materia de derechos humanos.
La iniciativa es desarrollada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) y la Fundación Friedrich Ebert (FES Chile), en colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en varias ciudades de Chile. En la oportunidad, Almarza y sus compañeras sumaron insumos y herramientas para analizar la realidad de la zona y presentar sus demandas como insumo alternativo al Informe Oficial que presentan los Estados.
«Empezamos a ver los derechos más importantes: el derecho a la vida, a la salud, el derecho consagrado a vivir en un ambiente libre de contaminación… Oye, si hasta la Constitución de Pinochet lo establece», ironiza la dirigenta.
Sin embargo, uno de los hallazgos más llamativos apunta a los derechos civiles y políticos que no están siendo respetados en el territorio: «Llegué a la conclusión de que en este atropello de la termoeléctrica de Campiche que nos impusieron, eso fue un atropello a la participación ciudadana, al derecho de decidir, de defenderse. Ahí hubo un aplastamiento de la voluntad colectiva muy grande. Para decidir si se instala una termoeléctrica eso lo zanja el Consejo de Ministros, quienes dependen de la voluntad del presidente», cuestionó.
Del mismo modo, aseguró que los espacios de participación que ofrece la institucionalidad a la hora de revisar estos proyectos «son tremendamente limitados, en el tiempo y en la forma». Por ejemplo, en el caso de los Consejos de Recuperación Territorial (CRAS), que a Almarza le parecen «pseudo espacios de participación. Porque se tocan los temas, se discuten, toda una cosa muy protocolar, pero las decisiones que se toman no son vinculantes. Puedes estar cinco años ahí colaborando, dando de tu tiempo y esfuerzo y no sirve para nada».
La dirigenta asegura que no quieren entregar más detalles sobre sus conclusiones hasta que Chile enfrente el examen, el próximo enero de 2019, donde será sometido a la revisión exhaustiva de los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, adelanta que «tiene que ver con los derechos que están siendo violentados acá. Ya es noticia nacional y esperemos que esto se sepa fuera de Chile», enfatiza.
María Teresa duda de las responsabilidades que el Gobierno ha apuntado casi exclusivamente hacia ENAP: «Yo creo que ahora nos quieren engrupir con que ENAP tiene todo la culpa porque es una empresa estatal y depende del Ejecutivo, pero acá es un secreto a voces que Oxiquim sería una de las empresas que manejan ese tipo de químicos, no sé si otras más. Creo que aquí se está tapando a las empresas trasnacionales y no sé cuál es la intención. No pueden permitir que esto continúe porque la gente se va a empezar a morir».
Por último, la integrante del colectivo de Mujeres de Zona de Sacrificio Puchuncaví-Quintero, señala que confía en la presión que puedan lograr hacia el gobierno en esta materia a través del EPU y la movilización social: «Por primera vez en muchos años me siento un poco más optimista, pero también es cierto que los capitales que están en juego son tremendos. Es como David y Goliat. Tengo la sensación de que este proceso de despertar no para», cierra.
