Gracias a Ciperchile, CNN Chile y radio Bio  Bío se supo en primera instancia cómo Sebastián Piñera, utilizando información privilegiada, compró acciones de la línea aérea Lan, operación bursátil que le generó una cuantiosa utilidad, motivo por el cual una vez detectada la trampa fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros  (SVS), oficina pública técnica que ahora se llama Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Como el hombre es sumamente sagaz, sabiendo que su conversación telefónica con sus adláteres en donde los instruía para comprar, se grababa en un medio electrónico, pagó sin chistar la multa cursada por el órgano fiscalizador, suma que correspondía a unos cuantos millones de pesos.

El golpe noticioso lo dio  el periodista Sergio Jara y lo más sabroso fue la entrevista que le hizo CNN Chile a Francisco Armanet, ex corredor de valores y ex jefe de Banchile, empresa filial del Banco de Chiles, que se dedica a este lucrativo tipo de negocios. Después de haber visto el programa en ese canal de televisión nos queda claro que este personaje tiene las puertas cerradas, por lo menos en Chile, para dedicarse profesionalmente a su especialidad, ello porque si bien dijo una verdad conocida por todos, conforme a las insanas prácticas corporativas en este tipo de empresas, se le castiga por entregar valiosos antecedentes que incriminan al jefe.

Armanet dijo lo que todos los relacionados con los mercados saben muy bien, en  orden a que el malicioso recurso de la información privilegiada es un delito penado por la ley porque corroe la fe pública y la correcta competencia en el sistema de libre mercado, lo que este columnista majaderamente está denunciando desde hace mucho tiempo en el sector de la construcción inmobiliaria.

Quienes cuidan los intereses de Piñera, partiendo por su obsecuente ministra Cecilia Pérez, argumentan que lo denunciado por el nervioso Armanet, estaba prescrito y que, por ello, ya nadie debe seguir aludiendo ese antiguo incidente pues en el país hay temas más importantes. En todo caso no estamos muy seguros que la norteamericana Securities and Exchange Commission (SEC) esté dispuesta a seguir el camino formulado por dicha ministra, ya que el delito de marras todavía no ha prescrito en los EEUU.

En otro orden de materias, el domingo 2 de septiembre del mes en curso, el diario El Mercurio publicó un editorial titulado “Ajuste impostergable a la ley de Contraloría” en donde expresa con un lenguaje pausado y serio su malestar por la labor que desempeña ese órgano fiscalizador. A ese medio de expresión le incomoda que la Contraloría intervenga en materias como concesiones, tarificaciones, inteligencia, urbanismo y otras, terminando así su insulsa perorata : “Ello está agregando grandes sacrificios a la certeza jurídica, al coexistir la CGR con los órganos administrativos sectoriales competentes en esta materias, deviniendo en una suerte de inadecuado suprarregulador de la política pública”. (sic)    

 Debido a que muchos de sus desprevenidos lectores dan crédito a las monsergas propaladas por tal medio, le enviamos a la sección cartas una rectificación diciéndole que, según su página web la Contraloría es el órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la Constitución Política de la República, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es esencialmente una entidad que controla la legalidad de los actos de la Administración del Estado y resguarda el correcto uso de los fondos públicos, con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.

Agregando que la labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, con sujeción a los procedimientos que la ley contempla y utilizando los recursos públicos eficiente y eficazmente. Terminamos nuestra corrección, diciéndole al medio que, sin temor a equivocarnos sostenemos que si la Contraloría no ejerciera su potestad fiscalizadora, la lacra de la corrupción sería infinita.

Naturalmente la nota aclaratoria no fue publicada, pues el negocio de El Mercurio es distorsionar elegantemente los hechos con un aparente montaje periodístico para que los decisorios políticos adopten sus particulares puntos de vista. Cuando expresa su frasecita para el bronce “grandes sacrificios a la certeza jurídica”, lo que intenta es que, vía ajustes a la ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, se le quiten a ésta las atribuciones de fiscalizar los actos administrativos, tales como decretos, resoluciones, permisos, etc. a sabiendas que los servicios públicos en Chile son de alto riesgo, sobre todo las municipalidades.

En resumen, si la norteamericana SEC no toma cartas en el asunto, Piñera una vez más se salvará, pues nunca se conocerá el CD que tiene bajo 7 llaves el experto financiero Armanet  y hemos dejado de manifiesto que, con su editorial, El Mercurio lo que deseaba era establecer la desquiciada política de los hechos ilegales consumados.


Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad