Justicia y reparación: Las deudas pendientes de la democracia

Este 11 de septiembre se anuncia con un sabor más amargo que los anteriores, ya que evoca a un pasado entrelazado a un presente herido y sangrante de este Chile con mala memoria, sordo y ensimismado. La caída de los metarrelatos como consecuencias de los años de dictadura, nos ha traído la victoria del individualismo y la verdad relativizada en pequeñas y dispersas banderas de luchas, las que, ya sin estrategias ni búsquedas de unión, dan batallas que nos alejan de los grandes problemas sociales que nos afectan como sociedad en su conjunto.

A 45 años del Golpe de Estado cívico-militar, es posible observar que la anhelada reparación emprendida con el retorno a la democracia todavía está pendiente y, peor aún, los mecanismos de reparación establecidos por el Estado de Chile han sido insuficientes. La visión de personas calificadas por la comisión Valech que han ocupado los llamados “beneficios de reparación”, los definen como un derecho y, si bien el Estado los reconoce también de esta forma, en su implementación fueron categorizados como un beneficio social más. Así, no se reconoce la particularidad a la cual responden las medidas de reparación en el ámbito de los derechos humanos, lo cual redunda en una re-victimización y en un aumento de la rabia contra las medidas adoptadas.

Un aspecto aún más grave es que a 28 años del retorno de la democracia a nuestro país, es posible seguir hablando de impunidad. Según una reciente investigación desarrollada con personas que sufrieron prisión política y tortura y que fueron calificados por la comisión Valech[i], existe una estrecha relación entre la reparación y la condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Frente a esto, ¿qué podemos decir al respecto, hoy, a 45 años del Golpe? El martes 31 de julio de este año, la segunda sala de la Corte Suprema, concedió la libertad condicional a cinco militares en retiro condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Al día siguiente se concede la libertad a dos condenados más, hecho que ha generado reacciones encontradas en la opinión pública y ha reabierto las heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos, que hasta el día de hoy buscan sin descanso a sus familiares.

En este agitado contexto destacan tres hitos asociados a derechos humanos: se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 45 años desde el Golpe de Estado y 30 años del triunfo del NO, que marcó el inicio del camino para el retorno a la democracia en Chile. Sin embargo, aún es visible la falta de voluntad política para tratar estás temáticas de verdad, justicia y reparación. Aún no se concretiza la justicia ni se castiga a la totalidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad como forma de garantizar un “Nunca Más”.  Para poder transformar esta realidad se necesita que algunos sectores políticos dejen de justificar el exterminio, restándole valor a la vida y la dignidad humana. Se precisa que los medios de comunicación releven y visibilicen, como parte de su quehacer ético que, en Chile, aún no se ha avanzado como se debe en verdad, justicia y reparación, sino más bien se ha relativizado el terrorismo de Estado, y que los pocos avances existentes en materia de reparación, como lo son el Informe Rettig y el Informe Valech, visibilizan a las víctimas, pero no a sus victimarios, revelando una justicia y una verdad a medias. El sacerdote Pierre Dubois, que fue un gran defensor de los derechos humanos, señaló con elocuencia “Que la justicia que no se ejerce a tiempo ya es injusta”.

En la investigación referida anteriormente, los entrevistados manifiestan que los mecanismos de reparación que le fueron entregados, en lugar de reparar su daño, ayudan a cimentar su frustración. Se observa un futuro truncado, ya que las realidades que vivían muchas de estas personas antes del Golpe, eran completamente diferentes, difícilmente recuperable a través de los “beneficios” de reparación otorgados por el Estado de Chile. Así lo afirma –a modo de ejemplo– uno de los entrevistados:

“Esta reparación…No, no, no… cómo voy a comparar, yo que era un funcionario de la Universidad Técnica del Estado a vivir hoy día con 70 años con esa mierda de plata (…) ¿me reparan el odio? ¿La frustración? ¿El sentimiento negativo?… y tengo que hacer hechicería, brujería o lo que sea para sacarme todos esos monstruos de la cabeza”…

Hay elementos centrales en que pensar al momento de hablar de reparación, ya que las transiciones políticas desde las dictaduras, como las que tuvo prácticamente toda Latinoamérica en los ’70 y ‘80, a regímenes democráticos, suelen iniciarse con países fracturados social y políticamente. La justicia transicional es compleja y debe hacer frente a múltiples debates y tensiones respecto a temas como verdad, justicia y reparación. Esto está cargado de un pasado terrible que sigue estando presente para muchas personas. Elizabeth Lira, reciente Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, con una larga trayectoria dedicada a la investigación en temas de trauma y reparación en derechos humanos, da cuenta de algunos hallazgos obtenidos a través de la práctica clínica. Entre ellos, ha mostrado que las experiencias de amenaza vital, como la tortura, alteran el funcionamiento de la memoria; esto opera de dos formas: la primera es un olvido masivo, haciéndose inaccesible a la conciencia. La segunda es justamente lo contrario, una amplificación de la memoria, haciendo literalmente inolvidable lo vivido, cada uno de los detalles y significaciones del suceso traumático. Esto impide superar la experiencia represiva e invade la vida de la persona con imágenes y recuerdos angustiosos e intolerables, que no dan tregua ni en el sueño ni en la vigilia. Esto queda de manifiesto en las palabras del entrevistado antes citadas “sacarse esos monstruos de la cabeza”. Por otra parte, el olvido masivo se constituye como la respuesta al trauma que hemos tenido como sociedad chilena, dispuesta a olvidar y mantener censuradas las heridas que nos ha dejado la dictadura y sus atrocidades en todas las esferas de la vida social.

Contrario a ello, a ese olvido masivo, este año es necesario un llamado a la reflexión crítica, a ser parte y carne de los problemas sociales que nos competen a todos y todas. El viernes 31 de agosto se realizó la marcha número 100 de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos exigiendo al Estado de Chile Verdad, Justicia y no Impunidad. Esto no es para nada un tema del pasado porque nos habla de cómo cimentamos la democracia en el presente y de cómo la protegemos hacia el futuro, pues no necesitamos un museo de la democracia, sino que necesitamos que esta se respete, valore y concrete, también por medio de la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. No obstante, como señala Norbert Lechner en “Las sombras del mañana”, vivimos en una sociedad que tiene problemas con la memoria, problemas para unir el pasado, el presente y el futuro. Tenemos miedo al otro, defendemos solo los que nos toca en lo personal, nos hemos olvidado de lo colectivo, pues se trata de dimensiones que fueron trastocadas por la dictadura y que, sin duda, son consecuencias de la represión, la censura y los horrores vividos que se manifiestan de manera transgeneracional. Bajo esta premisa surgen algunas interrogantes que no podemos desoír: ¿Qué democracia queremos? ¿Cómo la buscamos y protegemos?  ¿Qué significa el otro para mí y cómo concretizo este compromiso en lo individual y lo colectivo?

El Estado de Chile tiene deudas pendientes e ineludibles respecto al mejoramiento de los mecanismos de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a la instalación nuevamente de estas temáticas en los escenarios políticos de poder, tales como el Parlamento y el Poder Judicial. Se evidencia también la necesidad de evaluar los procesos de reparación y llevar un seguimiento adecuado que permita dar cuenta de los avances. Pero también la ciudadanía de a pie, la sociedad en su conjunto, tenemos desafíos pendientes: contribuir a la promoción, protección y difusión de los derechos humanos, en tanto seres políticos sin miedo a colocar sobre nuestros hombros todo el peso de lo que significa hacer uso de nuestra libertad para involucrarnos como ciudadanos en la tarea de hacer de Chile un país más solidario, sobre bases sólidas de verdad, justicia y reparación.