Cada septiembre se reabre en nuestro país el debate sobre el significado, legado y responsabilidades del golpe de Estado y la dictadura cívico militar en Chile. Este año, ese debate estuvo atravesado por la apuesta derechista de relativizar la gravedad de los crímenes de la dictadura, apelando al contexto como justificación de lo ocurrido; a su vez, sectores de derecha fascista han arremetido en defensa del legado Pinochet. Por nuestra parte, quienes somos parte de la tradición democrática y la defensa de los derechos humanos, respondemos que no hay contexto que justifique violaciones a derechos humanos y que solo la defensa de la memoria es garantía de nunca más vivir terror de Estado. Sin embargo, al cumplirse 45 años del golpe militar, en nuestro país aún no existe un debate público que nos permita, como comunidad política, deliberar sobre qué significa para nosotros ese nunca más, cuáles son sus alcances, qué tipo de memoria hemos construido y cómo esta se vincula con las luchas presentes y la construcción de futuro.

En este texto quisiéramos abordar estas preguntas, a fin de replantearnos nuestra relación con el pasado y asumir el desafío de construir una memoria que luche por la verdad y justicia, y que a su vez se articule de forma viva con las luchas del presente.

Al revisitar nuestra memoria de la dictadura, aparecen inevitablemente los “cuídate”, “no te metas en cuestiones”, “la política no sirve de nada” como advertencia de peligro en la boca de padres y abuelas; si además miramos hacia nuestra sociedad, veremos que a pesar de los consensos del pacto transicional, las formas como nos relacionamos con la experiencia de la dictadura son diferentes y conflictivas entre sí, pues mientras esta noche algunos celebrarán la gesta heroica del ejército que salvó a Chile, otros nos reuniremos en distintos puntos de memoria para conmemorar a las víctimas de la dictadura; sin embargo, para el grueso de la población esta será una noche de excepción, los colegios, universidades y trabajos terminarán más temprano su jornada, en algunas poblaciones las micros dejarán de pasar y la mayoría esperará con velas a que la jornada termine pronto.

En suma, aunque pretendamos normalidad, no la hay. Durante mucho tiempo hemos preferido esconder una herida que sabemos abierta, y al mirarla una vez al año, se moviliza en nosotros el dolor y la rabia, reaparece el trauma y el horror de lo indecible que nos inmoviliza. Es el duelo suspendido producto de la ausencia de justicia y verdad, es el legado vivo de la dictadura que nos recuerda su omnipresencia en nuestra vida cotidiana y se hace presente en la impotencia que genera la injusticia, la impunidad y la desigualdad.

La memoria que hemos construido no escapa de esta realidad. Nuestra forma de recordar a las víctimas de la dictadura -sean detenidos desaparecidos, ejecutadas políticas o ex presos políticos- es una forma condicionada a su despolitización, es decir, son víctimas cuyas luchas caen al olvido; recordamos el horror, pero omitimos al pueblo organizado que defendió un proyecto de sociedad distinto; decimos nunca más al terror de Estado, pero ese nunca más se traduce también en nunca más poner en riesgo la unidad nacional y la democracia con proyectos extremistas. Así, nos enseñan que la política debe moverse siempre dentro de los márgenes establecidos por el Estado subsidiario, la democracia restringida, la corrupción institucionalizada y la cultura autoritaria del Chile de Pinochet.

Este tipo de memorias son necesarias para evitar que nuevamente se enarbole en Chile un proyecto de transformación social con vocación de mayorías y posibilidad de triunfar. Y cuando se vislumbra el peligro de que esa memoria victimizante de paso a una memoria viva y en lucha, aparece el aleccionamiento. Un ejemplo paradigmático de aquello es la impugnación de la UDI contra la diputada Carmen Hertz, a quien pretendían impedirle ser parte de la acusación constitucional contra jueces de la corte suprema que dieron libertad condicional a criminales de lesa humanidad, argumentando que la diputada en tanto víctima de la dictadura, tendría “conflictos de interés” en la materia, lo cual resulta esclarecedor del lugar que los pactos transicionales le otorgan a la memoria y a las víctimas de violaciones de derechos humanos: las víctimas deben actuar siempre como víctimas, deben carecer de iniciativa y deben abstraerse de toda acción política que les saque de esa posición.

Lo que intenta la derecha es aleccionar a la diputada y a todo el sector que ella representa.  Se trata de negarnos una y otra vez la posibilidad de retomar nuestra agencia política en la lucha social y la convicción de que un proyecto de sociedad alternativo al capitalismo es legítimo, y de esta forma borrar el legado de lucha social y el proyecto político que las víctimas defendieron con su vida, lo cual nos lleva a la pregunta por nuestro rol en la disputa de la memoria colectiva de nuestro país respecto de la dictadura militar y su legado, y el rescate de la historia común que une a las y los luchadores sociales de ayer y hoy.

No necesitamos una memoria estática y temerosa, que una vez al año realice un ritual de la muerte, necesitamos una memoria vigorosa, orgullosa de la lucha que dieron nuestras compañeras y compañeros, que reivindique su proyecto y se lance de nuevo a la posibilidad de construir socialismo democrático. Necesitamos reconocer en las víctimas de la dictadura a las y los compañeros que hicieron camino antes que nosotros, y de quienes somos continuadores. Urge luchar contra el olvido de nuestra propia historia, la historia de una izquierda que en conjunto con el pueblo organizado, democratizaron Chile durante todo el siglo XX a contrapelo de los intereses de la oligarquía, el empresariado y la política elitaria, enfrentando represión y persecución desde los inicios de la República. Necesitamos que los libros de texto y currículum escolares, la historiografía y el debate público reconozcan a la Unidad Popular no como un continuo del caos de la dictadura, sino como lo que fue: el clímax de la democratización y la participación protagónica del pueblo en la deliberación de su propio destino.

Hoy tenemos la obligación de convocar a la ciudadanía a ser parte de este debate y sacar del tabú a nuestro pasado reciente, pues no obtendremos justicia ni fin a la impunidad, si no es la sociedad quien lo exige con movilización social, y esta tarea no es solo de familiares y víctimas, sino también de los movimientos sociales que impugnan al Estado subsidiario, de las mujeres rebeldes y feministas que denuncian los límites de la institucionalidad patriarcal, de los actores políticos que buscan democratizar la política secuestrada por el dinero, de las y los luchadores de tiempos de dictadura y las nuevas generaciones.

Obtener verdad y justicia, y poner fin al legado político, social y económico de Pinochet, es nuestra mayor conmemoración a quienes no son solo víctimas, sino ante todo, son nuestros compañeros y compañeras en el sueño de un Chile justo y digno