Tras cinco años de tramitación y resistiendo al lobby del mundo evangélico y conservador, la Ley de Identidad de Género logró ser aprobada en el Congreso. Sin embargo, las organizaciones trans no quedaron del todo satisfechas con la legislación, que dejó fuera a niños, niñas y adolescentes menores de 14 años.

En entrevista con La Tercera, la licenciada en Derecho y activista trans Constanza Valdés explica que “la ausencia del reconocimiento de su identidad en una etapa tan importante para su formación, provocará problemas de autoestima, de bullying, discriminación y todo lo que eso trae aparejado. Que se haya excluido a menores de 14 años, es no entender nada sobre la infancia trans y que este derecho tiene que ver con el reconocimiento de la identidad autopercibida”.

Del mismo modo, Franco Fuica, vicepresidente de la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), explicó que esta situación deja a los más jóvenes “en el desamparo tanto simbólico como práctico, ya que no van a poder ser personas reconocidas tanto en su identidad como en su expresión de género”.

A la vez, Fuica recordó que “las personas trans menores de 14 años existen, entonces que la ley no les garantice el acceso real a este derecho, es una falta de criterio, dado que los deja en la marginalidad, teniendo en consideración que Chile ha firmado todos los tratados, pero no está resguardando los derechos de los niños trans”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció la exclusión ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegurando que violenta la Convención de los Derechos del Niño y añadiendo que “es contraria a los fallos de nuestros propios tribunales de justicia, en un contexto donde el 35% de las personas trans intentó suicidarse antes de los 15 años”.

La iniciativa es un primer paso en el reconocimiento de la identidad de las personas trans, pero tampoco defiende sus derechos económicos, sociales y culturales. Especialmente, a la hora de analizar el acceso al trabajo de las personas trans: en Argentina existe un cupo laboral trans, que consiste en un porcentaje de personas trans contratadas que deben cumplir las instituciones públicas, considerando la fuerte discriminación que enfrentan.

“Esta ley les entregará a esas personas un derecho abstracto a la identidad de género y la materialización en su cédula pero no les garantizará acceso al trabajo”, recordó Valdés.