Transnacional noruega Marine Harvest intenta acreditar fraudulenta recuperación de salmones escapados en aguas chilenas

Luego de las denuncias públicas realizadas por la Federación Regional de Pescadores Artesanales y Ramos Afines (Fepamar) de la región de Los Lagos y el Centro Ecocéanos, la empresa salmonera de capitales noruegos Marine Harvest confirmó la firma de un acuerdo express con pescadores artesanales, a cambio de un pago de 400 mil pesos chilenos (unos 600 dólares), para que declaren haber participado en las faenas de recuperación de los 900.000 salmones escapados el 5 de julio pasado desde su centro de cultivo ubicado en la Isla Huar, comuna de Calbuco, región de Los Lagos.

En este documento firmado en la notaría de Calbuco, los pescadores artesanales locales se comprometen a no realizar ninguna acción legal posterior contra la empresa Marine Harvest.

Hasta fines de agosto, Marine Harvest no había recuperado más del 6% de los ejemplares fugados, estando por debajo del 10% que le exige el artículo 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). Este artículo indica que “se presumirá que existe daño ambiental de conformidad con la Ley Nº 19.300 si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares en un plazo de 30 días contados desde el evento, prorrogables por una vez en los mismos términos”. 

Aprovechando la funcional y oportuna segunda extensión al plazo legal de recuperación otorgada por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), a través del R.E. 3184 del 05 de julio, la empresa de capital noruego anunció que el supuesto proceso de recaptura de peces “habría entrado en su última fase”, por lo cual antes del 15 de septiembre, le sería entregado el informe final a Sernapesca.

El gerente general de Marine Harvest Chile, Fernando Villarroel, indica en el comunicado oficial que la empresa “contrató una consultoría” para conocer la forma y cantidades de la recaptura que se habría realizado en forma autónoma por los pescadores artesanales. “Era imprescindible conocer la cantidad de peces que fueron capturados espontáneamente por los pescadores artesanales y documentar fehacientemente esta labor. Ello se ha logrado con registros fotográficos, audiovisuales y documentales, lo que será un antecedente importante para la contabilización final que deberá entregarse a las autoridades”, afirma Villarroel.

Lo anterior evidencia una situación insólita: que el publicitado plan de contingencia que debería contar el centro salmonero de Marine Harvest en la Isla Huar habría quedado supeditado a las capturas espontáneas y autónomas de los pescadores artesanales locales. Villarroel agrega que “como es de público conocimiento, distintos medios de comunicación informaron que una cantidad significativa(sic) de peces fugados fueron recapturados en las horas siguientes, tanto por pescadores artesanales, como por personas de las comunidades locales, por lo que estimamos de interés conocer en mayor profundidad, el detalle de esa captura”. 

En su declaración, Marine Harvest confirma públicamente que “se ha suscrito un convenio destinados a apoyar (sic) con un aporte individual a aquellos pescadores artesanales que tuvieron un rol destacado en el proceso de recaptura (…). Cada pescador recibió el mismo aporte, independiente de la cantidad de peces que hubiera recapturado”. 

Debería resultar extremadamente llamativo para la autoridad fiscalizadora del Estado (Sernapesca y Directemar) que a cada pescador la empresa noruega le hubiese pagado una cantidad de dinero, a pesar que la empresa había ofrecido públicamente $7.000 pesos por cada ejemplar capturado, incentivando la violación a la Ley General de Pesca y Acuicultura entre pescadores artesanales. 

Diez reflexiones y preguntas para el Estado chileno frente al accionar fraudulento,ilegal y corruptor de Marine Harvest en Chile

1.- Los ciudadanos, consumidores y comunidades nos encontramos enfrentados al montaje de un fraude corporativo de grandes dimensiones, maquillado como la entrega de una especie de “aguinaldo dieciochero” a los pescadores artesanales de la región de Los Lagos, con el fin de justificar ante las autoridades un supuesto procedimiento de captura de varias decenas de miles de salmones Atlántico escapados.

2.- Marine Harvest pretende que el Estado chileno se convierta en una especie de notario de los regulados del sistema pesquero (la empresa salmonera y los pescadores artesanales), que de crédito y avale legalmente un alambicado y viciado procedimiento corporativo de recuperación de ejemplares de peces carnívoros introducidos en aguas nacionales, en el cual las cifras de captura que serán entregadas serán falsas. ¿O se intenta que la sola declaración de una desconocida consultora contratada por el incumbente (Marine Harvest), sea el documento que avale ante Sernapesca y la Directemar, el supuesto cumplimiento del artículo 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura? Si es así, se estará generando un peligroso precedente institucional de incalculables consecuencias.

3.- ¿Qué hará Sernapesca y la Directemar frente al llamado de Marine Harvest para que la flota pesquera artesanal saliera a capturar salmones escapados? Esto, a cambio de un pago inicial de $4.000, el que posteriormente debió aumentar a $ 7.000 pesos por ejemplar recuperado. Como es de conocimiento público que la Ley General de Pesca y Acuicultura señala la ilegalidad de la pesca de salmones libres/escapados en aguas chilenas, normativa que irónicamente fue ratificada por la propia Corte Suprema, a instancia de la patronal Salmón Chile.

4.- ¿Cómo es posible que un regulado del sistema pesquero y acuicultor intente engañosamente imponerle al Estado chileno un mecanismo de acreditación de capturas informal, sin certificación oficial, y a posteriori de los hechos que se informan? Si ello ocurre, demostraría frente a la opinión pública y los consumidores nacionales e internacionales que en la región de Los Lagos existe un verdadero “far west”, donde la industriasalmonera transnacional impone la ley y los protocolos de operación. También demostraría el limitado rol de los organismos fiscalizadores competentes.

5.- Si a juicio Marine Harvest, su aporte en dinero a los pescadores artesanales constituye un reconocimiento a su participación en la “recaptura” (aspecto que fue pagado en su momento y es de público conocimiento y difundido por los propios pescadores artesanales), ¿Por qué, previo a este nuevo pago, se les compromete además a no realizar ninguna acción legal posterior contra la empresa salmonera benefactora?

6.- No hay que olvidar que constitucionalmente solo Sernapesca tiene la potestad de fiscalizar los registros estadísticos de desembarque pesquero en Chile. Legalmente, Sernapesca es un ministro de fe, que asegura y confirma los datos de captura y desembarques pesqueros fidedignos, y tiene hasta 3 años para recusar declaraciones no fidedignas.

7.- En consecuencia ¿Cuál es el protocolo de fiscalización de este servicio público para acreditar que las “recapturas” supuestamente realizadas por los pescadores artesanales son fidedignas como demanda la Ley General de Pesca y Acuicultura?

8.- ¿Cómo va a actuar el Servicio de Impuestos Internos (SII) en relación a las boletas ideológicamente falsas emitidas en relación al pago de 70 pescadores artesanales por servicios no prestados?,O tendríamos el caso que la transacción comercial se realizaría en el contexto de acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ¿tomando la forma de una “donación” o “bonificación” por buen comportamiento ciudadano?

9.- ¿Cómo va a actuar el Servicio de Salud, si los pescadores señalan que los salmones “recapturados” fueron destinados al consumo humano directo o a la venta al público en general?

10.- Vencido el 15 de septiembre del 2018 el plazo de captura, ¿Cuál será la condición jurídica en que quedarán los casi 800.000 salmones Atlántico fugados que continuarán depredando y compitiendo con la frágil y vulnerable biodiversidad marina de la región de Los Lagos? ¿Se debería suponer que adquirirían la categoría de “res nullis” o “cosa de nadie?

El Centro de Ecocéanos junto a las organizaciones ciudadanas y comunidades costeras, exigen al Sernapesca, a la Directemar y a los Ministerios de Salud y Medio Ambiente:

-Rechazar la entrega del informe final de contingencia que realizará la transnacional salmonera noruega, Marine Harvest afirmando de manera falsa haber capturado el 10% de sus salmones escapados.

-Investigar las denuncias públicas de graves transgresiones a la legislación chilena de parte de Marine Harvest, aplicando la ley 2039 de Responsabilidad Empresarial, estableciéndose las denuncias respectivas contra quienes puedan resultar responsables ante la Fiscalía, cómo se lo exige la ley ante un eventual delito.

-Caducar definitivamente la concesión del centro de cultivo de Punta Redonda (Código 102833), Isla Huar, Comuna de Calbuco, región de Los lagos, propiedad de Marine Harvest por reiteradas violaciones a las regulaciones de acuícultura y grave daño ambiental y a la salud pública, y revocar la resolución de calificación ambiental (RCA).

-Aplicar la multa máxima que contempla la LGPA por no cumplimiento del artículo 118.

-Conocer el plan de contingencia ante el escape de salmones de Marine Harvest en el centro Punta Redonda, Isla Huar, comparándolo con los planes de contingencia de sus centros de cultivo en Noruega.

-Establecer un plan de monitoreo y fiscalización del área de escape y de los ríos y estuarios adyacentes, de al menos tres años.

-Crear una pesquería artesanal de salmón escapado, categorizando a estos peces como una plaga invasora que pone en riesgo a los ecosistemas acuáticos.

-Implementar un programa de vigilancia epidemiológica de la resistencia bacteriana en las regiones productoras de salmónidos de cultivo.