El día que recibió la confirmación de su libertad no se lo creía. “Se ordena que la privada de libertad Teodora del Carmen Vázquez sea puesta en libertad inmediatamente”. Recuerda a la perfección estas palabras. Las leyó al final de la carta que su abogada le entregó uno de los primeros días de enero. La letrada llegó a la cárcel de Ilopango, donde viven unas 2.800 mujeres, aunque su capacidad sea para aproximadamente 800. Ubicada a 12 kilómetros de San Salvador, la capital, es la la única prisión exclusiva para mujeres de El Salvador y también la más hacinada del país.

Teodora Vázquez cumplía 30 años de cárcel por un supuesto delito de “homicidio agravado”, tras una traumática experiencia durante el parte de su hija, que murió al nacer. Cuando le conmutaron la pena, llevaba 10 años y siete meses entre rejas y ya se había resignado a cualquier esperanza de libertad.

–¿Sabe qué? Estas bromas no me las hagan porque no quiero seguir haciéndome ilusiones de algo que no va a pasar –le dijo Teodora a su defensora, seria y sin muestra alguna de alegría ni emoción.
–Lo que te acabo de entregar es tu salida. El juez ha confirmado la sentencia –respondió su abogada casi llorando.

Una lluvia de dudas inundó la mente de Teodora, hasta que recibió la llamada del viceministro de Seguridad del país, Raúl Antonio López. “Su conmutación ha sido favorable”, le dijo. “Vamos a terminar de arreglar el papeleo para que pueda salir”, añadió. Entonces se despejó la incertidumbre: ahí terminaba su pesadilla. En un mes recuperaba la libertad.

“¿Por qué lo mató?”

Eran las seis de la tarde del 13 de julio de 2007 cuando Teodora, que entonces trabajaba de cocinera en la cafetería de un colegio, empezó a sentirse mal. Tenía entonces 23 años, un hijo de poco más de tres y estaba embarazada de nueve meses. Asustada y sola, pidió dinero a su jefe para ir al hospital. Con 20 dólares y la bolsa preparada, empezó a llamar al 911 para pedir auxilio a la Policía Nacional Civil de El Salvador. Insistió cinco o seis veces, pero los agentes nunca llegaron. Así esperó unas dos horas, hasta que cuando fue al baño y se bajó los calzones, sintió que algo se desprendía. Se desmayó. Cuando despertó se encontró en el mismo lugar con la policía, que ella misma había llamado horas antes.

–¿De quién es este bebé?

–Mío

–¿Por qué lo mató?

–Yo no lo maté. Pedí auxilio y nadie llegó. Entonces el bebé nació acá.

“En ningún momento pensé en negar que era mi bebé, no podía hacerlo, yo la había esperado durante nueve meses. Pero no me creyeron. Me esposaron y me llevaron a un cuartucho sucio, en una estación policial”, recuerda Teodora al otro lado de la pantalla. Atiende a El Desconcierto por videoconferencia, desde la terraza de su casa. La luz del sol le da a la cara y potencia su mirada. Con el pelo recogido en una cola, en su rostro sobresalen sus ojos, pestañas -muy pronunciadas- y finas cejas. 

Los policías la tuvieron hasta la una de la madrugada en la comisaría, sin ningún médico que la revisara, con las manos esposadas a un punto alto de la pared, obligándola a estirar el cuerpo y tocando el suelo de puntillas. Hasta que alguien se dio cuenta que había que trasladarla al hospital porque había perdido mucha sangre y podía morir. “No sé qué pasó en el hospital ni qué me hicieron. Al día siguiente, cuando desperté estaba con el pie izquierdo esposado a la camilla y rodeada de periodistas fotografiando a la mujer había abortado a su hija”, cuenta. Los agentes le quitaron el teléfono en el que quedaron registradas sus llamadas de socorro, y se encargaron de alertar a la prensa, que la grabó y expuso hasta que llegó al juzgado. Allí el magistrado le comunicó que mientras se investigara el caso, ella tendría que permanecer en la cárcel. Aún no había podido digerir la pérdida de su (deseada) hija y se encontró a entre rejas, enfrentando la discriminación y violencia de las presidiarias, que se encargaron de hacerle sentir su intolerancia hacia las mujeres que consideraban “mataniños”.  

teodora grande

/ Amnistía Internacional

Condena: 30 años

Teodora es la séptima de once hermanos. Viene de una familia humilde, de padre agricultor y madre trabajadora de casa, oriundos del departamento de Ahuachapán, al oeste del país. Trabajó desde los 11 años para que sus hermanos más pequeños pudieran estudiar. Pese a todas las circunstancias económicas, su padre pagó 700 dólares a un abogado para defenderla. Tras la audiencia preliminar, el letrado exigió “ganado, propiedades o terrenos” para seguir con el caso. Ante la negativa, nunca más apareció.  

Siete meses después, en febrero de 2008, enfrentó la audiencia pública con una abogada de oficio. “La mujer no sabía ni mi nombre, ni por qué yo estaba ahí. Yo me quise defender porque vi que ella no hacía nada, pero el juez no me lo permitió”, relata. “Me condenaron a 30 años de cárcel”, afirma antes de que se haga un silencio en la conversación. Fue acusada de homicidio agravado, que es como en El Salvador se tipifica la acusación de, supuestamente, acabar con la vida de sus hijos al momento del nacimiento. La culparon de haber dado a luz a una niña, dejarla botada en el retrete. Con esta etiqueta, pasó a formar parte del grupo de “las 17”, por el número de mujeres presas que en 2014, cuando empezó la campaña para indultarlas, alegaron haber sufrido complicaciones o emergencias obstétricas y problemas médicos al dar a luz. Hoy son un total de 24, repartidas en tres penales del país, todas ellas acusadas de homicidio agravado. Bajo el delito de aborto, sólo hay una mujer condenada y se encuentra en libertad condicional.

La Constitución salvadoreña de 1999 “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Esa consideración que se traspasó al Código Penal, que la Asamblea Legislativa reformó en 1998 para eliminar las tres causales (malformación fetal, riesgo de muerte para la mujer y violación) que desde 1974 regulaban la interrupción voluntaria del embarazo. Desde entonces, se persigue a la mujer que aborte bajo cualquier supuesto con penas de entre dos y ocho años de cárcel; a quienes colaboren y a los que no lo denuncien. También se incluyó, con penas de hasta 40 años, el delito de “homicidio agravado”, que es el que se aplica a mujeres que aseguran haber sufrido emergencias obstétricas o complicaciones en el parto hasta el punto que su guagua muere al nacer. El Salvador es junto con República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam, los únicos países de América Latina donde abortar es ilegal sin excepción de ningún tipo en sus legislaciones. Chile salió de esta lista hace sólo un año, con la aprobación de la ley de tres causales. 

Cuando detienen a una mujer por problemas obstétricos con su hijo, aunque no haya pruebas suficientes, siempre la declararán culpable, acusarán a la madre sólo porque ella estaba ahí. No le darán el beneficio de la duda”, dice Teodora con tono de absoluto convencimiento. Así lo denunció su último abogado, quien denunció que la mujer no tuvo presunción de inocencia y cuestionó las contradicciones y cambios en la autopsia que se hizo a la pequeña.  Pese que en un primer estudio se determinó que la causa de la muerte fue por “asfixia perinatal”, más tarde el forense añadió que hubo indicios de “asfixia por sumersión”.

Compañeras sororas

Durante su presidio, Teodora Vázquez se implicó a fondo en las actividades de la cárcel: formó parte del equipo de cocina, se sacó el bachillerato y obtuvo 36 diplomas de capacitaciones distintas, desde manualidades hasta cocina. “Cada programa en el que participaba me ayudaba a no sentirme presa”, cuenta.

Pero ¿cómo se hace para sobrevivir a la muerte de una hija, la separación de un hijo y de la familia, y la pérdida de la libertad, todo a la vez? Teodora transmite fortaleza y valentía. Una especie de integridad inexplicable cuando uno conoce su historia. Sin embargo, ella dice que no es que sea fuerte, sino que logró sobreponerse a la situación porque siempre pensó que había alguien que la estaba esperando: su hijo. No encuentra las palabras para describir cómo fue separarse de él. Las busca mientras fija su mirada en su mano dando vueltas al anillo plateado que lleva en el dedo. 

–Hasta el día de hoy no he superado la pérdida de mi hija, pero también pensé que no podía seguir viviendo por alguien que ya no estaba. Tenía que luchar porque mi hijo me necesitaba. Por eso me levanté y me dije a mí misma: ‘Entro a la cárcel, pero la cárcel no entrará en mi’.

En junio de 2012, llegó por primera vez a la cárcel la abogada de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Fue un punto de inflexión inolvidable en su experiencia dentro de la penitenciaría: “Yo conocía a todas mis compañeras, pero no sabía por qué delitos estaban en la cárcel. Ella nos llamó a todas y nos quedamos sin saber qué decir. Le firmamos el poder para que llevara nuestro caso y entramos con ella. Todas hablamos y eso nos unió mucho”, cuenta.

Antes de eso, Teodora creía que su caso era el único dentro de la prisión. Pero ese día se empezó a construir un vínculo de amistad y sororidad con sus compañeras que hizo más llevadera la carga. La compañía de sus pares fue especialmente importante cuando enfrentó la segunda audiencia, por revisión de cárcel, uno de los momentos más duros que vivió adentro.  El juicio tuvo lugar el 13 de diciembre de 2017 y terminó confirmando la sentencia. “El tribunal llegó a la conclusión de que la sentencia definitiva condenatoria en contra de la señora Teodora Vásquez debe de confirmarse”, decía el fallo. “Los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica”, dijo una magistrada.

Todas las ilusiones de Teodora se esfumaron ese día. Tuvo que regresar a la cárcel. “Sentí lo mismo que cuando me penaron la primera vez con 30 años”, recuerda.

Teodora Vazquez

Teodora en una de las audiencias / Amnistía Internacional

Conmutación

A partir de ahí, la historia de la salvadoreña da un giro de 180 grados que demuestra hasta qué punto las vidas de la gente, en especial los que disponen de menos recursos, dependen de la voluntad política de los más privilegiados. Gracias a la movilización de ONG y activistas de todo el mundo, presionados por sucesivas críticas de Naciones Unidas, el gobierno aceptó someter el caso de Teodora a una nueva revisión. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública corrigieron la sentencia y conmutaron la pena, que sólo semanas antes había sido ratificada. “Existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”, rezaba el texto. Sin duda, su salida tenía más que ver con las decisiones del poder político que con las de la justicia.

teodora vazquez

/ Amnistía Internacional

–Programaron mi salida para el 15 de febrero. Los días antes, ya no sabía si dormía o no, no podía comer… Estaba demasiado feliz porque iba a salir, pero a la vez tenía miedo porque después de diez años y siete meses de no estar en la calle, no sabía cómo me iba a tratar la gente, como una homicida o como una asesina de mi propio hijo.

Nada de lo anterior ocurrió. Teodora recuperó su libertad con 34 años -su hijo tiene 15- y fue recibida entre aplausos y celebraciones de su familia, amigos, activistas y muchos desconocidos que quisieron apoyarla y entregarle afecto por su incansable lucha dentro de la cárcel. “Quiero agradecer a mi nación por darme esta gran oportunidad y estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia”, dijo ella apenas salió. 

teodora vazquez

Teodora acompañada de sus padres el día de su liberación en febrero.

La cárcel en 180º

Un contrato de trabajo le cayó del cielo a Teodora justo antes de salir de la cárcel. La ONG Tiempos Nuevos Teatro (TNT), que desarrolla diversos programas de intervención penitenciaria y había trabajado con ella dentro del penal, le ofreció ser parte de su equipo, para trabajar tanto con mujeres privadas de libertad como con ya liberadas. Se fijaron en su iniciativa y capacidad de liderazgo, lo que para ella fue “una explosión” y “algo extraterrestre”.

El 10 de agosto volvió a Ilopongo por primera vez desde que está en libertad. En el camino, sintió miedo y quería regresar. Cuando llegó, Teodora hizo lo que siempre había hecho para entrar a la cárcel: sacarse la ropa para que la revisaran. “Empecé a quitarme los zapatos y la señora me dijo: ‘No, a los que vienen a trabajar no se les revisa’ Solo me pasaron el escáner de metales y no me tocaron más. Cambiaron el trato conmigo”, relata.

Otro momento especial fue el reencuentro con sus compañeras por primera vez.

–No sabían que se iban a encontrar conmigo en el programa. Al verlas me emocioné mucho. Gritaron, me abrazaron… Fue inolvidable ese encuentro. Se dio la oportunidad de que hablaran y me contaran qué pensaban de verme allí, pero no como interna, sino como monitora, alguien que iba a ofrecerles otras oportunidades. Quiero que vean en mí el ejemplo que ellas puedan seguir.

Teodora ha puesto todo el esfuerzo y dedicación en trabajar para sus antiguas compañeras y otras mujeres con quienes mantiene vivencias en común. Las acoge en su casa, las acompaña, les busca trabajo y les gestiona becas y capacitaciones. Esa es su proyección ahora, y quiere combinarla con los estudios de Derecho o Psicología a la universidad. 

Hoy su nuevo trabajo la mantiene en constante contacto con su antiguo mundo. Cada viernes acude a la cárcel, pero ahora habita ese espacio desde la otra vereda: llega, interviene y se va. Es libre.

Sabe que vive en un país profundamente conservador y apegado al catolicismo, pero no piensa desistir en sus reivindicaciones. Su paso por la cárcel la ha convertido en una firme defensora de los derechos de las mujeres, de todas, sin exclusión. Le robaron diez años de su vida, pero dice que está dispuesta a luchar para demostrar al país que “sí se puede” y a sí misma que es capaz de salir adelante. 

Teodora Vasquez

/ Amnistía Internacional