Durante la tarde de este viernes, el ministro en visita Mario Carroza condenó a veinte ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio calificado de doce personas desplegados durante la dictadura en el marco de la Operación Cóndor.

Entre los condenados se encuentran Manuel Iturriaga Neumann y Christoph Willike Floel, con la pena máxima de 17 años de cárcel; Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda y Miguel Riveros Valderrama con 15 años de prisión; Carlos López Tapia y Gladys Calderón Carreño con 10 años de presidio, y Eduardo Oyarce Riquelme, Héctor Valdebenito Araya y José Ojeda Obando se les decretaron 7 años de prisión.

También Gerardo Godoy García, Miguel Krassnoff Martchenko, Ciro Torré Sáez y Orlando Manzo Durán fueron condenados a una pena de 5 años y un día; y a Jerónimo Neira Méndez, Hermon Alfaro Mundaca y Juan Urbina Cáceres se les sentenció a 301 días de presidio por su responsabilidad como cómplices. Finalmente, el agente Manuel Rivas Días fue condenado a 100 días de presidio como cómplice.

La operación Cóndor fue un plan coordinado en 1975 y que implicó la coordinación entre dictaduras latinoamericanas y los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile para eliminar a los opositores.

De este modo, el fallo de Carroza señala que “los agentes de inteligencia de nuestro país, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país, con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturados y luego proceder con extrema crueldad, a eliminarlos”.

En tanto, las 12 víctimas que fueron consideradas en este dictamen fueron  Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Alexei Jaccard Siegler, Héctor Velásquez Mardones, Jacobo Stoulman Bartnik, Hernán Soto Gálvez, Matilde Pessa Mois, Ruiter Correa Arce y Ricardo Ramírez Herrera.

Por otra parte, en el aspecto civil, el ministro en visita acogió las demandas presentadas por los familiares de las víctimas y condenó al Estado de Chile a pagar indemnizaciones por concepto de daño moral de entre $20 y $90 millones y una serie de medidas de reparación solicitadas por los familiares de Jaccard Siegler.