Un conflicto legal entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los 33 mineros de San José es el que actualmente se desarrolla en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que el primer organismo interpusiera un recurso para dejar sin efecto el fallo que obliga al Estado a entregar una nueva indemnización de $2.480 millones a 31 de los 33 hombres atrapados el 5 de agosto de 2010.

“No puede pasarse por alto que si bien la experiencia traumática vivida por los actores  probablemente quedará en su memoria para siempre, también en esa misma memoria estarán todos los viajes por el mundo que realizaron y a los que fueron invitados por autoridades e instituciones de la más variada índole, al igual que oportunidad que tuvieron de conocer a diversas personalidades del mundo del cine, la música, la política internacional y el deporte”,  señala uno de los argumentos del escrito consignado por La Tercera.

El texto señala que la sentencia, emitida por el 9º Juzgado Civil de Santiago el pasado 24 de agosto, está errada debido que no cumple con el propósito de tener un rol “ejemplificador”. “El mensaje para las empresas es muy claro: inviertan en seguridad de sus trabajadores, pero sin exagerar, al fin y al cabo el Estado (todos los chilenos) responderá de cualquier daño que irrogue a sus empleados la actividad riesgosa que les reporta utilidades. Siempre podrá argumentarse que la fiscalización debió ser más rigurosa. O sea, los incentivos y disuasivos colocados en el lugar equivocado”, agrega.

Además, el CDE argumenta que el Estado ha gastado una importante suma de dinero por estos mineros, mucho más de lo que se entrega al resto de los trabajadores del país, debido a que ya reciben una pensión cercana a los $400 mil, monto que es superior a lo que gana el 50% de los trabajadores en el país.

“Si se efectúa la proyección del total que el Estado pagará en pensiones a favor de los demandantes se llega a una cifra que superará los $5.500.000.000, libre de impuestos y recargos”, detalla el texto, lo que equivale a $ 386.340 mensuales para cada minero, además señala que “no cabe duda que la situación de privilegio es innegable, en especial considerando la realidad nacional, donde más del 50% de los trabajadores gana menos de $ 380.000″.

Otros de los beneficios que recibieron “los mineros” incluye los $34.919.705 aportados por chilenos anónimos a la cuenta del Banco Santander, los $165.000.000 donados por el empresario Leonardo Farkas, o las 33 motocicletas Kawasaki Ninja 250 regaladas por dicha empresa.

Además, el organismo también que la determinación no especifica quién debe pagar a las víctimas, si el mismo CDE o el Servicio Nacional de Geología y Minería. Finalmente, indican que “ninguno de ellos quedó incapacitado para desarrollar actividades lucrativas”.