Diputados y diputadas de la oposición han decidido recoger las denuncias de las maniobras que hacen las AFP para boicotear la entrega de pensiones de invalidez y proteger los intereses de las compañías de seguros. Los parlamentarios Gael Yeomans (IL), Tucapel Jiménez (PPD), Gastón Saavedra (PS), Raúl Soto (DC), Daniel Núñez (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS) anunciaron este miércoles el inicio de una comisión de investigación para esclarecer las irregularidades cometidas por las AFP en cuanto al límite y control que han ejercido en la entrega de las pensiones de invalidez desde 2008.

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La diputada frenteamplista Gael Yeomans, impulsora de la iniciativa, aseguró que la investigación se impulsa “frente al carácter y gravedad de las denuncias que hemos visto en la prensa de un boicot que realizan las AFP para no conceder las pensiones de invalidez de los afiliados”. Yeomans sostuvo que “tenemos que saber cuáles son las implicancias de las denuncias que se han realizado porque aquellos que se han visto perjudicados por estas prácticas de las AFP son personas que están en condiciones gravísimas de enfermedad y que ni siquiera tienen su pensión de invalidez, que es un derecho porque ellos han cotizado para poder tener las pensiones”.

La parlamentaria puso especial énfasis en la responsabilidad de los organismos públicos en este asunto: “La Superintendencia de Pensiones tiene un rol de fiscalización y sin embargo no hemos visto que se realizara nada a la fecha desde 2008, en que se denuncia que se realiza esta práctica irregular”.

La comisión investigadora se presentará oficialmente la próxima semana. Para constituirse necesitará las firmas de como mínimo 62 parlamentarios para poderse votar en la Sala su aprobación.

En las últimas semanas se hizo pública en The Clinic la denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por parte de la fundación Valídame y su presidente, Juan Carlos Pizarro, que sustenta que “al menos AFP PROVIDA S.A ha instruido, mediante prácticas permanentes, el control de siniestralidad de sus afiliados […] afectando la cobertura del seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) que no puede ser negada a los requirientes […] Tal es así que, según antecedentes adjuntos, llevan estadísticas a nivel nacional de los solicitantes de calificaciones de invalidez, por sucursal, con tabla comparativa por meses y años anteriores, imponiéndoles topes del número de solicitudes que se podrían cursar, donde los únicos beneficiados eran supuestamente otras empresas, es decir, las compañías de seguros”.

El testimonio que sustenta esta denuncia, la ex trabajadora de la AFP Provida Alejandra Vidal, ha sido entrevistada también por El Desconcierto en una conversación en la que explica de primera mano cómo opera el sistema de presiones e incentivos a los trabajadores para bajar los números.