A fines de enero pasado, Rosa Martínez Duarte (58) acudió a la Fiscalía Metropolitana para declarar en contra su pareja, Álex Dejaiffe Yáñez, de 59 años, por violencia psicológica reiterada. Frente a la fiscal Erika Maira, la mujer señaló haber recibido una carta en que su marido la amenazaba con suicidarse a causa de su rechazo.

En su testimonio, Rosa señaló que “yo no quería tener nada con él, ya no quería vivir más (…). Él siempre me anda molestando, no me deja tranquila, me dice que es obligación mía pasarle cosas, porque él también es dueño; también le da por hablarme súper tarde, después de que yo he trabajado todo el día y eso a mí me cansa, porque es de todos los días”.

A la vez, Martínez añadió que presentó la denuncia al creer que el hombre se mataría, recalcando que “no quería sentirme culpable después por lo que pudiera hacer”. Sin embargo, pese a los antecedentes, la fiscal Maira, quien asumió el 3 de septiembre como gerenta de la División de Víctimas de la Fiscalía Nacional, desestimó que los hechos relatados por la mujer constituyeran un maltrato habitual y desechó iniciar una investigación.

Su postura fue aceptada por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, aunque en una primera instancia, el Tribunal de Familia determinó la salida del cónyuge del domicilio y emitió una prohibición de acercamiento. De esta manera, la única forma de iniciar una causa penal ocurriría si la mujer presentaba una querella criminal, lo que nunca ocurrió.

Solo nueve meses después del episodio, Álex Dejaiffe asesinó a Rosa Martínez tras 20 años de convivencia. El sujeto la estranguló con un cable eléctrico y luego intentó quitarse la vida en el mismo lugar, pero Carabineros llegó para frustrar el suicidio. Aunque la mujer fue encontrada en la cama aún con signos vitales, finalmente no reaccionó a las maniobras de reanimación y se convirtió en una víctima de femicidio.

Un familiar de Rosa reprocha el actuar de las autoridades ante su petición de ayuda: “Le deberían haber prestado ayuda cuando la pidió. Hubo una medida cautelar que duró tres meses, pero no hubo seguimiento. Siempre que hay vulnerabilidad la justicia no actúa”, señaló.

En tanto, a través de un comunicado, la Fiscalía Nacional respaldó a Maira en su rol y añadió que “la decisión de no iniciar investigación se resolvió en virtud de los antecedentes que el Ministerio Público tuvo a disposición en ese entonces como resultado de la declaración presencial de la víctima, quien no relató hechos constitutivos de delito”. Del mismo modo, aseguraron que a la mujer se le aplicó la pauta d eriesgo de violencia intrafamiliar, el que arrojó como resultado un “bajo riesgo”, lo que provocó la decisión “de término de la causa”.

“El Ministerio Público lamenta profundamente lo sucedido esta madrugada, toda vez que para nuestra institución siempre ha sido y será de máxima prioridad la persecución de delitos en contexto de violencia intrafamiliar y la protección de sus víctimas”, cerraron.