La transnacional noruega Marine Harvest entregó el 14 de septiembre al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) un informe de 200 páginas detallando una supuesta recaptura del 27,2 % de los 900.000 salmones escapados el 5 de julio pasado en su centro de cultivo Punta Redonda, Isla Huar, región de Los Lagos, Chile.

Debido a la presión pública y las evidentes inconsistencias e ilegalidades contenidas en su declaración, Marine Harvest intenta acomodar su estadística inicial, reconociendo que sólo habría capturado un 5% de estos voraces peces carnívoros, mientras el 22,2% restante, lo habrían efectuado “espontáneamente” los pescadores artesanales locales.

Con ello se confirma la veracidad de la denuncia, efectuada por el Centro Ecocéanos, que la transnacional salmonera no había cumplido con el artículo 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que la obligaba a recapturar el 10% del número de peces escapados. (1)

Los ciudadanos, consumidores nacionales e internacionales, las comunidades costeras y los pueblos originarios se encuentran frente al mayor fraude corporativo de la historia de la salmonicultura industrial en Chile. Este montaje corporativo no sólo ha implicado la violación de la LGPA, así como la modificación arbitraria de los plazos legales para la recuperación de los peces fugados de parte del Estado, el pago de boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados, y la abierta corrupción de grupos de pescadores artesanales.

Todo ello con el objetivo de montar y encubrir un fraudulento procedimiento de captura inexistente de miles de salmones Atlántico (Salmo salar), especie carnívora introducida desde el Hemisferio Norte, que hoy depreda la biodiversidad marina nativa de la región de Los Lagos.

Esta abusiva situación evidencia la sostenida aplicación de dobles estándares por parte de ésta transnacional noruega en Chile, al intentar convertir al Estado del país sudamericano, en un sumiso empleado que avale su ilegal entrega de estadísticas falsas, lo que genera un peligroso precedente institucional.

El far west salmonero de Marine Harvest en el sur de Chile

A partir del 5 de julio pasado, Marine Harvest llamó públicamente a los pescadores artesanales de la región de Los Lagos a capturar los 900.000 salmones escapados de su centro de cultivo en Isla Huar, proponiéndoles un pago inicial de 4 mil pesos chilenos (aproximadamente 6 dólares), el que posteriormente aumentó a 7 mil pesos por ejemplar recuperado. Con ello, la salmonera transnacional incentivaba la violación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la que prohíbe explícitamente la captura de salmones escapados en aguas chilenas.

Con este abusivo comportamiento, Marine Harvest deja en evidencia la existencia de un verdadero “far west salmonero” en el sur de Chile, donde los regulados del sistema pesquero y acuicultor imponen la ley y los protocolos de operación al Estado, utilizando mecanismos de acreditación de capturas informales y engañosos sin la certificación oficial. Constitucionalmente, sólo Sernapesca tiene la potestad de llevar los registros estadísticos de desembarque pesquero en Chile, siendo un ministro de fe para asegurar datos de capturas fidedignos, teniendo hasta 3 años para rechazar aquellas declaraciones falsas.

Resultó llamativo que a una semana de cumplirse el irregular plazo de 70 días para la recuperación de peces, extendido discrecionalmente por Sernapesca, Marine Harvest estableciera un acuerdo express, bajo la forma de  “convenio”, con 70 pescadores artesanales locales, para que éstos declararan -previo pago de $ 400 mil pesos chilenos (aproximadamente 600 dólares)- el haber capturado “espontáneamente” una cifra estandarizada de salmones escapados. Curiosamente, en éste convenio que violaba la LGPA, los pescadores firmantes se comprometían a no realizar ninguna acción legal posterior contra la transnacional salmonera noruega.

Marine Harvest en su primer comunicado de prensa señaló con desenfado que “dado que se trataba de una emergencia y todas las partes tenían la intención de colaborar en el éxito de la recaptura, se informó a la autoridad y públicamente que se establecería un pago por especie capturada (…) Esto se realizó de manera pública, con conocimiento de la autoridad y fue ampliamente difundido por los medios de comunicación locales y nacionales”.

La transnacional también afirmó que la información había sido entregada a las autoridades “con apego estricto a la verdad, con buena fe y transparencia. Se entregarán en la contabilización final del proceso de recaptura los números de ejemplares de captura directa y aquellos antecedentes que acreditan la captura indirecta que ha sido documentada fehacientemente”.

Marine Harvest para asegurar la supuesta autenticidad de sus datos -los que posteriormente corrigió- señaló haber contratado una consultora y adjuntado fiscalizaciones realizadas por la autoridad pesquera, Carabineros de Chile, junto a los testimonios de pescadores artesanales que habrían participados en esta “acción de bien público ambiental”.

La ciudadanía se pregunta: a) ¿Cómo va a actuar el Servicio de Impuestos Internos (SII) en relación a la emisión de documentos ideológicamente falsos, referidas al pago de servicios no prestados por los pescadores?,  b) ¿Cómo actuará el Ministerio de Salud en lo referido a las responsabilidades vinculadas con la captura de salmones medicados con antibióticos que fueron comercializados ilegalmente?, y c) ¿Cuál será la condición jurídica en que quedarán después de finalizar el plazo de recaptura, los casi 800.000 salmones Atlántico fugados que continúan depredando y compitiendo con la frágil y vulnerable biodiversidad marina de la región de Los Lagos?, ¿Ellos adquirirían la categoría de “res nullis” o “cosa de nadie”?

El Centro de Ecocéanos, junto a las organizaciones ciudadanas y comunidades costeras, alerta a la opinión pública sobre el intento de Marine Harvest de judicializar el conflicto e intentar utilizar a sectores de la pesca artesanal para presionar al Sernapesca para negociar políticamente una cifra de recuperación de salmones ligeramente superior al 10%.

Por ello exige al Estado chilno:

  • Rechazar el informe de Marine Harvest, y que Sernapesca aplique las máximas sanciones contempladas por la Ley General de Pesca y Acuicultura por el no cumplimiento de los artículos 118 y 136.
  • Desestimar la presión de la transnacional noruega para judicializar el tema, intentando negociar políticamente un acuerdo de “ajuste” de la cifra fraudulentamente entregada a Sernapesca.
  • Investiar las denuncias públicas sobre las graves trasgresiones a la legislación chilena de parte de Marine Harvest, presentando toda la información ante la fiscalía contra quienes resulten responsables.
  • Aplicar la Ley 2039 de responsabilidad empresarial a la transnacional noruega Marine Harvest.
  • Transparentar los convenios suscritos entre Marine Harvest y los pescadores artesanales locales, así como los registros fotográficos, audiovisuales y documentales que habrían sido entregados a Sernapesca para justificar sus falsas estadísticas de recaptura.
  • Caducar definitivamente la concesión del centro de cultivo de Punta Redonda, Isla Huar, propiedad de Marine Harvest, y la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por reiteradas violaciones a las regulaciones de acuicultura, grave daño ambiental y a la salud pública.

Dar a conocer el plan de contingencia ante el escape de salmones de Marine Harvest en el centro Punta Redonda, Isla Huar, comparándolo con los existentes en sus centros de cultivo en Noruega.

  • Establecer un plan de monitoreo y fiscalización del área de escape y de los ríos y estuarios adyacentes, de al menos tres años.
  • Crear una pesquería artesanal de salmón escapado, categorizando a estos peces como una plaga invasora que pone en riesgo a los ecosistemas acuáticos nacionales.
  • Implementar un programa de vigilancia epidemiológica de la resistencia bacteriana en las regiones productoras de salmónidos de cultivo.

(1) En el artículo 118 de la norma se indica que “se presumirá que existe daño ambiental de conformidad con la Ley Nº 19.300 si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares en un plazo de 30 días contados desde el evento, prorrogables por una vez en los mismos términos”.


Médico Veterinario. Director Ejecutivo Centro Ecocéanos