El reciente anuncio presidencial en torno al denominado “Plan Impulso Araucanía” ha puesto nuevamente en la agenda pública a los pueblos indígenas, generando diferentes reflexiones sobre el alcance de estas propuestas. ¿Significarán un cambio real, profundo, en la relación del Estado chileno con estos pueblos?

Desde el retorno a la democracia, son varios los gobiernos que han buscado generar diferentes instancias por establecer nuevos parámetros en esta relación, sin embargo, los avances no han sido sustantivos. Más bien, se han generado expectativas que terminan por no ser cumplidas. Esto incide en que, ante nuevos anuncios, sea el escepticismo el que prime a la espera de acciones concretas más que promesas.

En este sentido, las propuestas contenidas en este Plan apuntan en dos dimensiones: desde aquellas que tendrán un impacto específico en la región de La Araucanía (con énfasis en el incentivo a la inversión pública y privada), hasta aquellas que tienen un alcance nacional (y que responden a propuestas de carácter político y de reconocimiento de derechos). Ambas dimensiones plantean importantes desafíos.

Desde el ámbito regional, un primer desafío para el gobierno será no perder de vista el objetivo último de esta focalización en la región de la Araucanía, que no puede ser entendido sólo como la instalación de recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población indígena que habita en la zona. Más bien, se debe definir cómo, a partir de estos esfuerzos, se producen efectos virtuosos hacia otros territorios y otros pueblos indígenas con necesidades similares. La pobreza indígena es transversal, y no puede considerar sólo la magnitud del pueblo mapuche como criterio.

Por otra parte, esta focalización plantea un segundo desafío: no centrar la atención sólo en el mal denominado “conflicto mapuche” (muchas veces catalogado de “terrorismo” por diferentes gobiernos, llevando incluso a aplicar leyes especiales en su abordaje). Si bien en esta región se encuentra gran parte de los territorios ancestrales reclamados por el pueblo mapuche, no se puede reducir esta demanda a las acciones desarrolladas por algunos movimientos que utilizan la violencia como mecanismo de visibilización de sus reivindicaciones. De esa forma, una visión sesgada en la definición del problema público que origina la intervención del gobierno correría el riesgo de quedarse estancada en el detalle y no en la multidimensionalidad de las demandas y necesidades de los pueblos indígenas, no sólo del pueblo mapuche. Resulta importante, por tanto, considerar esta focalización en la región de La Araucanía como un primer paso hacia otras estrategias integrales de desarrollo, no sólo de disminución de la violencia.

Un tercer desafío desde la perspectiva regional será flexibilizarla disposición de tierras indígenas para favorecer la inversión y el establecimiento de alianzas de carácter productivo con empresas u otros actores no indígenas. Sin embargo, este tipo de propuestas no abordan un aspecto de fondo de las demandas indígenas (principalmente mapuche), como ha sido la restitución del territorio ancestral. La Ley 19.253 ya entendió de manera sesgada este aspecto al reconocer las denominadas “áreas de desarrollo indígena” como “espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades”, sin considerar aspectos culturales propios de la cosmovisión de estos pueblos. Mientras no se aborde esta temática desde la concepción del territorio que los pueblos indígenas consideran relevante, la precariedad de la gestión de las tierras podría abrir nuevos espacios de conflicto, sin considerar el impacto que esto tendría en la disponibilidad de tierras indígenas a futuro.

Por otro lado, desde la dimensión nacional también podemos identificar desafíos. En primer lugar, los términos en lo que se dé el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas no resulta una cuestión menor, especialmente por el descontento que dejó la propuesta generada al final de gobierno de Michelle Bachelet al no reflejar el sentir de estos pueblos en los diferentes diálogos realizados. Un aspecto relevante para la efectividad de este reconocimiento será declarar de manera explícita el carácter plurinacional del Estado de Chile, y termina con la noción de que los pueblos indígenas constituyen un elemento que enriquece a la nación chilena. Más bien, será necesario reflexionar en el rol político y social que estos pueblos tienen en la construcción de este Estado y en sus condiciones futuras, como actores clave de este proceso.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, el anuncio de una ley de cuotas que incentive la participación de candidaturas indígenas en las propuestas de los partidos políticos parece no ir en la dirección de avanzar hacia un mayor protagonismo político de estos pueblos, necesario para generar cambios sustantivos. Este mecanismo no asegura que las candidaturas realmente ocupen espacios de toma de decisión clave, no sólo a nivel local o regional, sino especialmente a nivel nacional en espacios sustantivos como el Congreso Nacional. Es necesario avanzar hacia la generación de escaños reservados que propicien la generación de propuestas políticas surgidas desde proyectos indígenas y no desde estructuras político-partidistas que puedan actuar en su representación desde la Cámara de Diputados o el Senado. De esa forma, es posible asegurar una agenda que refleje realmente las necesidades de los pueblos indígenas y no de intereses específicos o de corto plazo de otros sectores.

En tercer lugar, la suma urgencia a los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos, resulta importante en la medida que venga acompañado del avance en los puntos anteriormente mencionados. Sin duda la existencia de una instancia que tenga atribuciones para formular políticas indígenas es fundamental, especialmente por las limitantes que ha tenido la CONADI al no contar con esas prerrogativas. Para ello será importante empoderar a quien ejerza el rol de Ministro/a, de manera que se convierta en un actor relevante en la toma de decisiones, partiendo de la base que su nombramiento es de exclusiva confianza del Presidente de turno. El Consejo de Pueblos, y los respectivos consejos de cada pueblo, constituyen una instancia novedosa pues suponen la participación directa de los pueblos indígenas en las esferas de decisión política, por lo que también será importante definir cómo se avanzará en su implementación.

Finalmente, un desafío transversal a estas propuestas será el derecho de consulta de los pueblos indígenas, establecido en el artículo Nº 6 del Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile en 2008. De esa forma, la implementación de estas medidas requiere que ellas sean reflexionadas por los pueblos indígenas, respetando sus propios mecanismos de participación y adopción de acuerdos, para garantizar una mayor legitimidad de las decisiones.

En definitiva, nuevamente estamos frente a otra oportunidad de demostrar la voluntad política de avanzar hacia cambios reales. ¿Existe disposición para ello? ¿Estamos dispuestos a dar cabida real al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Existe voluntad política para reconocer adecuadamente los derechos reivindicados por estos pueblos? Estas y otras preguntas adquieren relevancia y no pueden dejar de ser asumidas, si es que aspiramos a un proceso serio, comprometido con el pluralismo y la interculturalidad en sus expresiones sociales, políticas, económicas y culturales. Cabrá esperar los verdaderos alcances de esta propuesta del gobierno para juzgar, a la luz de los hechos, si podremos ser ejemplo de una sociedad respetuosa de su diversidad, especialmente del rol que cabe a los pueblos indígenas.


Académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile