“Él estuvo entre el mes de septiembre y diciembre del 2006 en Colombia. No puedo contar más, pero sí existe un vínculo”.

Esas fueron las palabras del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, que lo convirtieron en uno de los temas más comentados del día. La autoridad regional apunta contra Daniel Domingo Canío Tralcal, quien fue detenido tras resultar herido de un balazo de parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros.

La policía detuvo a Canío por su presunta participación en la quema de cuatro camiones en el fundo San Juan, comuna de Lautaro, ocurrido el día de lunes. Fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital de Temuco y el gobierno anunció inmediatamente una querella por Ley Antiterrorista.

Pero hoy el tema adquirió un nivel mayor, sobretodo en el plano mediático, con los dichos de Luis Mayol a Radio Cooperativa. “Hay una investigación y a lo mejor ese antecedente lo pueden usar los tribunales, yo prefiero no ahondar más. Eso depende de la Fiscalía, pero la información que existe a nivel policial es que estuvo en esa situación”, afirmó, mencionando a la policía como su principal fuente de información.

“La información que llegó de Colombia en aquella oportunidad y que estuvo en los tribunales, es información que no fue desechada, por una cosa formal no se siguió adelante con eso”, agregó.

Imagen del camion quemado entregada por Fiscalía de La Araucanía

Esta no es la primera vez que una autoridad habla del supuesto vínculo de atentados en el sur con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La investigación efectivamente existió, pero nunca se llegó a ninguna evidencia concluyente.

En el año 2016, la Cámara de Diputados llevó adelante una comisión investigadora destinada a investigar los “actos de gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la región de La Araucanía”. Uno de los puntos más llamativos en las 25 sesiones realizadas, está precisamente el presunto vínculo de comunidades mapuches con las FARC. De hecho, el mandato de la comisión incluyó como uno de sus objetivos el “recabar de la Fiscalía Nacional de Colombia toda la información en relación a la vinculación de ciudadanos chilenos con actividades paramilitares y su eventual entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

El tema se trató el jueves 19 de mayo de 2016, ocasión en la que el fiscal nacional, Jorge Abbot, asistió a la comisión. Y fueron diputados de la UDI y RN quienes acusaron a viva voz tener pruebas de la inmersión de las FARC y el Partido Comunista en células terroristas.

Jorge Rathgeb (RN) dijo directamente: “Tenemos antecedentes de la Fiscalía Nacional Colombiana, en los que se reconoce que han establecido vínculos con ciudadanos chilenos, a quienes se les iba a hacer instrucción militar, todos ellos ligados al Partido Comunista. Incluso, hay antecedentes respecto de que personas que están ligadas al grupo movimiento indigenista chileno, también habrían tenido instrucción militar de este tipo. Quiero saber si se puede descartar que esos grupos estén ligados a dicha instrucción militar, conforme a los antecedentes que ustedes tienen”.

La asociación fue descartada por Jorge Abbot, quien dijo no poseer información al respecto.

Por su parte, Mauricio Hernández, director de la Unidad Especialziada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, reconoció que dicho vínculo “surgió efectivamente en las investigaciones”, que incluso significaron que los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias viajaran a Colombia.

“El análisis y el cruce de información no dio para ningún tipo de judialización. En otras palabras, no es la solución pensar que por el lado de las FARC el tema de la violencia rural se va a solucionar”, agregó. Ante las insistencias de los diputados tuvo que insistir: “Ninguna cosa se puede descartar ni tampoco asegurar”.

El tema FARC no se volvió a abordar en la comisión, pero si aparecieron denuncias graves sin mayor veracidad elucubradas por algunos parlamentarios. Fernando Meza (PR), Claudia Nogueira (UDI) e Ignacio Urrutia (UDI) insistieron en tener pruebas de que el Partido Comunista está infiltrado en células terroristas en una sesión a la que asistió el entonces  ministro de Interior Mario Fernández.

Otro episodio fue el del latifundista Juan de Dios Fuentes, presidente de la asociación “Paz por la Araucanía”, quien ha sido acusado de disparar contra mapuche y de asistir a actos de su organización armado. Afirmó que en la región opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización guerrillera colombiana, y que lo hace “con un grupo armado, entrenado, adoctrinado, ideologizado, antisistémico y liderado por una idea final, que es destruir el sistema neoliberal”.

Absuelto en dos oportunidades

Esta tarde, el diputado Miguel Mellado (RN) lamentó que Daniel Canío haya estado libre, pese a que la justicia nunca ha acreditado que ha cometido un delito.

“Yo diría que esto era algo sabido por la fiscalía. Lamento que esta persona todavía haya estado libre, haciendo actos terroristas en La Araucanía, pero esto devela que debe haber un seguimiento a estas personas debido a las características que tenía con anterioridad”, dijo sobre el supuesto vínculo con las FARC.

Estos días, medios como La Tercera, Biobio y El Mercurio han publicado que Canío estuvo involucrado en la quema de una máquina Tur Bus en 2009, pero que fue absuelto del proceso judicial. No hacen referencia, sin embargo, a que en ese caso el funcionario de Inteligencia de Carabineros, Raúl Castro Antipan, reconoció en juicio que se infiltró en comunidades mapuche y participó en atentados para culpar a determinadas personas que estaban en la mira de la policía.

Castro participó en los atentados Tur Bus y Peaje Quino, informando a Marco Gaete Truan y Patricio Marín Lazo -miembros de la sección de Inteligencia de Carabineros, este último formalizado por el caso Huracán- de su actuar, incluido un reporte antes y después de los atentados. Su declaración provocó la detención de 21 personas, todas absueltas.

A Daniel Canío Tralcal se le vinculó en el caso Tur Bus junto a su hermano Pablo por una incautación de armas en su casa, la que en juicio se comprobó que fueron encontradas en otro lugar y que no tenían huellas dactilares de ninguno de los dos.

El mismo 2013, Daniel Canío enfrentó otro juicio oral, imputado por el delito de incendio terrorista en el Fundo Brasil. Dicho caso se sostuvo sobre el relato de Job Morales Ñirripil, quien fue utilizado como “delator compensado”, figura presente en la Ley Antiterrorista.

El fallo de los jueces terminó desestimando la acusación fiscal y absolviendo a los siete imputados, al considerar que el relato de Morales era inconsistente, además de no aportar pruebas contundentes del crimen. Él mismo, además, no declaró en juicio, y su testimonio fue introducido por dos oficiales de la PDI como “testigos de oídas”, tal como pasó en el reciente caso Luchsinger Mackay.

La sentencia, además, cuestiona duramente a la Fiscalía de La Araucanía por someter a Job Morales  al Ley Antiterrorista siendo un menor de edad.

Daniel Canío será formalizado esta tarde por los delitos de homicidio frustrado a Carabineros en ejercicio, incendio, robo con intimidación y porte ilegal de armas, mientras sigue hospitalizado en Temuco.

Según Emol, los “antecedentes” del comunero mapuche que se han divulgado en los medios estos días, con las FARC y otros atentados, corresponden a fuentes de “inteligencia policial”.